La ciudadanía somalí no tiene voz ni voto en el «sistema de neotutela», término empleado por James Fearon y David Laitin, de la estadounidense Universidad de Stanford, en el que varios países, en desacuerdo entre sí, deciden por ellos.
Somalia carece de gobierno central desde que estalló la guerra civil en 1991. Las autoridades de transición, reconocidas por la comunidad internacional desde 2004, controlan una pequeña porción del país.
Pero en las negociaciones internacionales falta la voz del pueblo somalí.
La ciudadanía no eligió a los legisladores. Etiopía y los señores de la guerra que responden a ese país designaron a la mitad del cuerpo legislativo en 2004. El resto fue elegido por el mandatario Sharif Sheij Ahmed y el presidente del parlamento, Sharif Hassan Sheij Adan, en 2009, cuando se amplió la integración del cuerpo legislativo, reunido en Yibuti, a 550 miembros.
Sharif Sheij Ahmed fue elegido por el parlamento en 2009.
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En los seis años que tiene de funcionamiento la asamblea legisaltiva no ha cumplido ni una sola de sus funciones básicas, ni siquiera aprobó una ley. Muchos de sus miembros no visitan, cuanto menos defienden, los intereses de los distritos que se supone representan.
La idea que sustenta las acciones paternalistas de la comunidad internacional, a veces iniciativas contraproducentes, es que Somalia no está lista para volver a ser una nación independiente.
Algunos actores internacionales creen que los somalíes están demasiado divididos y son muy cerrados para dirigir su propio estado. Otros incluso emplean argumentos económicos para cuestionar la viabilidad del Estado.
Las decisiones más importantes, como qué tipo de Constitución debe adoptarse o quiénes representan al pueblo, se toman con una participación mínima de la ciudadanía.
La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), controlada por Etiopía, llamó el 30 de enero a aumentar la cantidad de parlamentarios.
La IGAD es una organización regional con sede en Yibuti e integrada por siete estados de África oriental, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Uganda, el propio Yibuti.
El parlamento de transición somalí comprendió el mensaje enviado por Adis Abeba y en tres días extendió de forma unilateral su mandato por tres años más, lo que fue rechazado por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, James Steinberg, arguyó que la medida fortalecerá a la organización islamista Al-Shabaab, que controla el sur y centro del país. El representante especial del foro mundial en este país, Augustine Philip Mahiga, se unió al coro de críticas.
El desacuerdo de la comunidad internacional respecto de Somalia colocó de un lado a Etiopía e IGAD y, por otro, a Estados Unidos y la ONU.
El hecho de que distintas agencias de Estados Unidos hayan tenido diferentes posturas respecto de Somalia añade otro elemento de complejidad al asunto.
El Departamento (ministerio) de Defensa considera a este país en el marco de la "guerra contra el terrorismo", lanzada por George W. Bush (2001-2009), y, en ese sentido, coincide con Etiopía.
En cambio, el Departamento de Estado (cancillería) tiene una postura más afín con el resto de la comunidad internacional.
El gobierno del presidente Barack Obama sigue pidiendo que se revierta la extensión de la legislatura de Somalia. En una demostración de flexibilidad, Washington propuso ampliar su mandato un año y realizar dos elecciones presidenciales consecutivas, en agosto de este año y en 2012.
Pero el gobierno de Obama no condenó ni a IGAD ni a Etiopía. Lo lógico es que si Washington se toma en serio el asunto debería dirigir sus cuestionamientos hacia la fuente del enredo político, Etiopía.
Por raro que parezca, el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, puede lograr revertir el asunto de la ampliación del mandato del parlamento mucho más rápido que el propio cuerpo legislativo.
Gran Bretaña, por su parte, se prepara para encabezar el periodo de transición después de agosto de este año, un papel que trató de promover en una conferencia que organizó en febrero, pero que no llegó a ninguna conclusión sustancial salvo unas recomendaciones generales.
El representante de la ONU participó en el encuentro, pero resultó intrascendente.
El gobierno de Yibuti y el gobierno federal de transición de Somalia se opusieron porque no ayudaría a alcanzar la paz. La posición de Mahiga alimenta la percepción de que se ocupa de las pequeñas cosas de país como si fuera el gobernador.
En busca de apoyo
Somalia no es el primer país bajo tutela internacional, antes estuvieron Timor Oriental, Sierra Leona y Liberia. Pero en esos casos, el Consejo de Seguridad de la ONU estudió las opciones posibles y designó a un estado responsable del proceso de transición.
Australia fue responsable de la de Timor Oriental, Gran Bretaña, de Sierra Leona, y Estados Unidos, de Liberia.
Hace 20 años que la comunidad internacional, dividida al respecto, opta por crear o facilitar gobiernos de transición o administraciones regionales. Pero de una forma u otra, fueron socavadas por alguno de los actores internacionales.
En 2000 se creó un gobierno de transición en Yibutí. Pero Etiopía e IGAD lo diezmaron organizando una conferencia a la que invitaron a leales señores de la guerra e iniciaron un proceso paralelo.
En 2004 se designó otro gobierno de transición, pese a que el presidente Abdullahi Yusuf Ahmed estaba dispuesto a colaborar con la comunidad internacional. Pero entonces Washington optó por apoyar a los señores de la guerra de Mogadiscio e ignorar al gobierno que reconocía como legítimo.
Del mismo modo, cuando los islamistas derrotaron a los señores de la guerra, el gobierno de Bush ignoró al de Somalia y apoyó y promovió la invasión de Etiopía en 2006.
En la actualidad, el gobierno encabezado por Sheij Sharif Ahmed se esfuerza por conseguir un apoyo genuino.
La comunidad internacional respalda, delega y financia, con cientos de millones de dólares, a la Misión de la Unión Africana en Somalia (Amisom, por sus siglas en inglés), pero no hace lo mismo con el gobierno de transición.
Participación de Etiopía
Etiopía creó milicias que sostiene económica y militarmente. Además encabeza la lucha contra Al-Shabaab en el centro y sur de Somalia y, pese al rechazo que genera la organización islamista, la participación etiope no cuenta con apoyo de la población.
La participación de Etiopía es problemática para el gobierno de transición porque todo avance en el terreno de los grupos armados por ese país no se considerarán un triunfo de las autoridades somalíes. Además, éstas perderán credibilidad al poner en peligro su mayor logro, sacar a las fuerzas etíopes de Somalia.
El gobierno de transición y la comunidad internacional repite errores del pasado al delegar el conflicto en Somalia a Etiopía e impulsar a Al-Shabaab a expensas de otras organizaciones.
La experiencia pasada indica que la mejor forma de derrotar al extremismo violento o la piratería en Somalia es contribuir a crear un gobierno central fuerte, no a través de un sistema de tutela deficiente.
* Artículo publicado por acuerdo con Al-Jazeera. Su contenido no representa necesariamente la política editorial de esa agencia ni de IPS.
