Los paramilitares colombianos siguen amenazando y atacando a las organizaciones feministas, señala en esta entrevista Patricia Guerrero, fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas.
Unas 5,2 millones de personas debieron huir de zonas rurales por la violencia en ese país sudamericano entre 1985 y 2010, según un informe divulgado en febrero por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Colombia vive un conflicto armado interno desde 1964, con guerrillas izquierdistas combatiendo en zonas rurales contra la fuerza pública. En los años 80 se sumaron, del lado del Estado, grupos paramilitares de extrema derecha liderados en algunos casos por narcotraficantes.
Algunos de esos grupos, parcialmente desmovilizados por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se han reagrupado con nuevos nombres, indican diversas denuncias.
IPS dialogó con Guerrero, quien ayudó a crear en 2003 la "Ciudad de las Mujeres" en los suburbios de la norteña ciudad de Cartagena de Indias, un espacio para recibir a desplazadas por los combates en el que pueden convertirse en verdaderos agentes de cambio.
[related_articles]
IPS: Su grupo acaba de ser amenazado por cuarta vez por una organización paramilitar. ¿Cuál fue?
PATRICIA GUERRERO: Águilas Negras.
IPS: Usted ayudaba a mujeres que habían sido obligadas a huir de sus comunidades, hogares y tierras debido a la violencia. ¿Por qué la amenazaron las Águilas Negras?
PG: Porque somos mujeres defensoras de los derechos humanos, y ellos odian los derechos humanos, particularmente los de las mujeres. Odian la justicia, las reparaciones y la verdad sobre los crímenes que cometieron.
Todos en este país saben que son agentes del Estado detrás de un nombre ridículo. Quieren asustar a nuestras comunidades, que resisten pacíficamente a los perpetradores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Están aterrados por nuestro conocimiento de sus delitos, porque los hemos documentado durante más de 10 años. Están aterrados por nuestra capacidad y nuestro compromiso con la justicia para las mujeres desplazadas.
El año pasado mataron a más de 50 defensores de derechos humanos, hombres y mujeres. Son verdaderos asesinos.
IPS: ¿Cómo afectan su trabajo las amenazas?
PG: La Liga de Mujeres Desplazadas representa a más de 600 familias en la parte norte de Colombia, conocida como la región caribeña. Esa zona fue impactada por muchos grupos paramilitares que perpetraron numerosas masacres.
En los últimos cinco años cometieron muchas atrocidades contra nuestro pueblo y nuestros proyectos.
Mataron a Julio Miguel Pérez Espitia, esposo de una de nuestras líderes indígenas (Simona Velásquez). Incendiaron nuestro centro comunitario, llamado Corazón de las Mujeres, en Turbaco (municipio cercano a Cartagena). Hacen llamadas amenazantes a nuestros líderes.
Mataron a Jair Pantoja Berrio, en el barrio El Pozón, en Cartagena.
Violaron a más de 10 mujeres de nuestra organización en el conflicto, y desplazaron a 56 por ciento de nuestra gente.
Mataron a muchas familias, robaron su tierra y destruyeron su fábrica social y la historia comunitaria. Todos estos crímenes permanecen impunes.
IPS: ¿Cuáles son los objetivos de la Liga de Mujeres Desplazadas y qué ha logrado hasta ahora?
PG: La restitución de cada derecho individual y colectivo, como el derecho a la tierra, para las mujeres de nuestra organización y las desplazadas en Colombia. Que se haga justicia, en el plano nacional e internacional. La protección nacional e internacional de las líderes e integrantes de comunidades como la Ciudad de las Mujeres.
Contamos con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también aceptó nuestro primer caso contra el Estado colombiano por la violación de tratados como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará relacionada con la violencia y la discriminación contra las mujeres.
IPS: ¿Podría describir la situación de las desplazadas en Colombia?
PG: Las mujeres constituyen 60 por ciento de las más de cinco millones de personas desplazadas en los últimos 10 años. El desplazamiento forzado es un crimen contra mujeres y niños. Son los más pobres de los pobres, y tienen muchos impedimentos históricos, porque ya eran discriminados antes de ser desplazados.
No tienen un buen educativo y han perdido su sustento como campesinas, pues ellas y sus familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras, que ahora están en las manos ensangrentadas de los narco-paramilitares.
El desplazamiento y las violaciones están por lo general conectados. Muchas familias son destruidas por esa razón. Las mujeres perdieron su apoyo económico y la prostitución se convirtió en una solución para algunas.
Prostitución infantil, bandas de jóvenes traficantes en el marco de una economía narco-militar, el reclutamiento forzado para la guerra Ha sido el círculo de violencia en este país por décadas. Las violaciones, el VIH/sida y otras enfermedades silenciosas son parte de este panorama.
IPS: ¿Qué impacto tienen las amenazas en su vida diaria y en la de sus colegas?
PG: Debemos fortalecer las estrategias de protección a la comunidad, particularmente de las jóvenes y las líderes. Tenemos que trabajar más y más rápido. Una de nuestras dirigentes creó una nueva organización de madres contra las desapariciones forzadas en septiembre de 2009, cuando su hijo menor fue asesinado en Cartagena.
En algunas partes de Cartagena, mueren por semana más de cinco hombres y mujeres jóvenes.
Yo continúo trabajando como abogada a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como presidenta de la Agenda Justicia de Género, y exigiendo respuestas al Estado (colombiano) sobre los actores intelectuales (de la violencia) y sobre cómo proteger a las desplazadas, particularmente las de la Liga.
El 18 de febrero, reclamamos una reunión con el canciller, con el Ministro de Justicia y con el fiscal general de Colombia.
IPS: ¿Qué se puede hacer con las amenazas de Águilas Negras?
PG: Tenemos tres denuncias presentadas en la oficina del fiscal general, pero ninguna ha sido respondida. Estamos exigiendo la desarticulación de las estructuras paramilitares, el rompimiento de la conexión entre los paramilitares y algunos sectores del aparato de seguridad, como la policía y las Fuerzas Armadas.
Exigimos el fin a la impunidad para los crímenes del Estado y los crímenes contra las líderes de las desplazadas en Colombia.
IPS: ¿Qué necesitan con más urgencia las mujeres desplazadas con las que ustedes trabajan?
PG: La comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas, el Reportero Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres y la Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres tienen que pedir respuestas al gobierno colombiano de (Juan Manuel) Santos, sobre las continuas amenazas contra los defensores de los derechos de las mujeres, particularmente los grupos de base como la Liga.
La impunidad y la violencia contra las mujeres son un gran obstáculo para la paz. Denunciamos la militarización de nuestras vidas en nombre de la guerra y las drogas, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra todo lo que amenaza al capitalismo y al mundo financiero.
Exigimos la legalización de la coca y el respeto de la cultura indígena ancestral. Demandamos responsabilidad social y política de Estados Unidos y de la Unión Europea por los crímenes cometidos en Colombia en nombre de la guerra contra las drogas.
