El Programa de Vaso de Leche de Perú fracasa en su objetivo de alimentar a los niños en pobreza o extrema pobreza, pero es un gran negocio para un grupo de las corporaciones industriales que proveen los insumos, concluyó una auditoria especial a la que tuvo acceso IPS.
Según lo establecido, cada ración debe contener al menos 207 kilocalorías. Pero el estudio de la Contraloría General de la República estableció que solo cuatro por ciento de las raciones cumplió con ese requisito en 2009, el año evaluado.
El gobierno destina unos 135 millones de dólares anuales al PVL, que distribuye entre los 1.834 municipios de Perú. Éstos son los encargados de entregar los alimentos lácteos a la población necesitada y los responsables de que cada aporte tenga las calorías establecidas.
En términos sociales el PVL no cumple con su propósito de cubrir las necesidades nutricionales de toda población vulnerable: niños de cero a seis años, madres gestantes o en periodo de embarazo, discapacitados, niños de siete a 13 años, ancianos y enfermos de tuberculosis. Pero para los proveedores de los insumos resulta un negocio redondo.
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En efecto, según la Contraloría cinco corporaciones establecidas en Lima concentran 38,3 por ciento de los insumos para el PVL adquiridos por los municipios de todo el país. Y la mayoría de estas empresas no son productoras de los alimentos, sino intermediarias.
Por ejemplo, la empresa limeña Niisa Corporation, que controla 20 por ciento de todas las ventas dentro del plan, no es productora de leche evaporada enlatada pero es el insumo que más abasteció. La compra a un intermediario en lugar de un productor encarece el precio para los municipios.
"No hay una norma que obligue o prohíba a los municipios comprar leche de una u otra clase sino solo una indicación de que cada ración debe tener 207 kilocalorías", explicó a IPS el contralor general, Fuad Khoury.
"Por eso hemos encontrado hasta 8.490 distintas combinaciones de leche. Lo que se reparte en Lima no es lo mismo que se distribuye en el (departamento del) Cusco, y así sucesivamente. Pero el mayor problema es que la tendencia a usar la leche evaporada representa un mayor gasto", resaltó.
En 2006, cuando comenzaron los cinco años de gobierno del centroderechista Alan García, los municipios pagaban el equivalente a 1,46 dólares por cada lata de leche evaporada, y en 2009 se elevó a 2,11 dólares.
Sin embargo, el precio de la leche fresca sin procesar, otro de los insumos importantes del PVL aunque muy poco utilizado, se movió solo de 0,34 a 0,48 dólares.
"Los principales proveedores que abastecen al PVL no ofertan los mejores precios a pesar de los enormes volúmenes de insumos que compran los municipios. Adquieren el mismo producto a una empresa pero pagan distintos precios", manifestó a IPS Jesús Arias, quien se desempeña como gerente de Desempeño de la Contraloría.
"Las municipalidades no buscan el menor precio del mercado, como señala la ley, y esto no solo ocurre en provincias sino también en la capital. Lima y Callao son localidades aledañas pero pagan distintos precios por un mismo producto", detalló.
En total, se compró leche evaporada enlatada por valor de 6,6 millones de dólares en 2009 y, de ese monto, 73 por ciento fue de la marca Gloria. Pero su empresa productora no la vendió directamente a los municipios, sino a intermediarios, con el consecuente incremento de costos.
"El valor de una ración de leche evaporada es dos veces más alto respecto al costo de leche fresca sin procesar. Es una costumbre adquirida por las madres de familia encargadas por los municipios a elaborar el vaso de leche", indicó Khoury.
Por su parte, el supervisor de la Contraloría para el PVL, Juan Carlos Cuadras, refirió que es necesario que se constituya un órgano nacional rector del programa, destinado a estandarizar el contenido de las raciones según las características de cada región, que complementan los productos lácteos con cereales o harinas.
Esa entidad debería encargarse también de la compra corporativa de los insumos a mejores precios y de fiscalizar que las raciones cumplan con las 207 kilocalorías.
Cuadras destacó además que actualmente se depende de lo que los municipios reporten sobre la ejecución del plan y que 25 por ciento de ellos no informó sobre sus resultados en 2009. "Si existiera un organismo central entonces habría un mejor seguimiento y por supuesto mejores resultados", aseguró a IPS.
Khoury calificó de "inexplicable" que no exista un órgano que administre el PVL, cuando el alcance del plan creado en 1985 es nacional, tiene como objetivo combatir la desnutrición de los más pobres y su presupuesto es uno de los más cuantiosos de los programas sociales de este país de 29 millones de habitantes.
"El Estado hace una enorme inversión en el gasto social pero el retorno de ese esfuerzo no es satisfactorio. Los resultados del Programa del Vaso de Leche demuestran que los niños de cero a seis años de edad, que son la prioridad del programa, no reciben las raciones con el valor nutricional correspondiente", subrayó.
"La respuesta es constituir un órgano central ante el que se rindan cuentas", insistió.
El número total de beneficiarios del PVL se ha reducido entre 2004 a 2009, de 2,9 millones a 2,7 millones. Sin embargo, subió la cantidad de niños y niñas de cero a seis años, que paso de 1,64 millones a 1,67 millones.
"Hemos encontrado incluso el uso extensivo del azúcar para aumentar las calorías y de ese modo tratar de cumplir con la norma", relató a IPS el asesor de la Contraloría en materia de programas sociales, Luis Felipe Vega.
"Las raciones deben estar compuestas por dos o más alimentos para alcanzar el valor nutricional, pero en lugar de eso aumentan el azúcar. Como resultado vamos a tener niños gordos, pero subalimentados. Y lo peor de todo, van a presentar problemas de aprendizaje" por sus carencias nutricionales, afirmó.
