Ganaderos del Chaco paraguayo, que instalaron decenas de diques ilegales en el río Pilcomayo, arriesgan una acción estatal de fuerza para poner fin a la eventual privatización de un recurso muy escaso en esa zona.
Las represas se encuentran desde la entrada del río en el extremo sudoeste, en el límite con Bolivia, hasta el Estero Patiño, un extenso sistema de humedales con una rica variedad de flora y fauna.
Los diques impiden la recarga natural de ríos y arroyos afluentes del Pilcomayo y dejan casi sin agua a comunidades indígenas, a otras haciendas y cultivos de la cuenca baja.
Solo se aguarda la orden de un juez para iniciar el operativo, que contará con apoyo de las fuerzas militares, explicó a Tierramérica el presidente de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo, Lucio Amarilla.
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El Pilcomayo nace en las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes, en Bolivia, y desemboca en el río Paraguay, frente a Asunción, tras seguir un curso que sirve de frontera entre el territorio paraguayo y la provincia argentina de Formosa. Su caudal se alimenta en 90 por ciento de las lluvias caídas en la cuenca alta entre diciembre y marzo.
La minería boliviana le añade sustancias contaminantes, y el arrastre de sedimentos de una cuenca de 290.000 kilómetros cuadrados modifica y divide con frecuencia su cauce natural y disminuye el caudal a medida que el Pilcomayo recorre zonas más llanas.
A inicios de los años 90, Paraguay y Argentina decidieron construir sendos canales de desvío en las dos márgenes para contrarrestar el retroceso del caudal. Pero Paraguay inició los trabajos 10 años después y, mientras el canal argentino tiene 120 metros de ancho, el paraguayo sólo 25, lo que determina un acceso desigual de agua.
La creciente tarda en llegar entre uno y dos meses desde la cuenca alta hasta el Estero Patiño, describió Amarilla. Pero, por las presas ilegales, ese plazo se alarga a tres y cuatro meses, y la cantidad de agua es insuficiente para asegurar la provisión en la temporada seca.
"Ahora es época de aguas altas, el río se está cargando, pero las represas ilegales impiden que ese flujo llegue y se distribuya a todos los afluentes en tiempo y forma", dijo.
Las autoridades paraguayas confían en que la situación mejorará destruyendo los diques.
El año pasado, el gobierno notificó a los propietarios que tenían un año para ajustarse a la ley, dijo a Tierramérica el ministro del Ambiente, Oscar Rivas. "Estamos tratando de restituir lo que se ha restringido en materia de disponibilidad de agua dulce en el Chaco".
Según Rivas, el represamiento ilegal del río es común desde hace al menos tres décadas, cuando se agravó la sedimentación del cauce. Los diques fueron construidos con aval de los gobiernos de turno, que hacían la vista gorda a los problemas sociales y ambientales que ocasionaban.
Pero ahora el gobierno del centroizquierdista Fernando Lugo decidió tomar cartas en el asunto. No se tolerará ni "el buen humor o no" de los ganaderos para proceder al mantenimiento del río, advirtió el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre.
El Estado gasta unos tres millones de dólares por año en mantener limpio el canal de desvío a fin de garantizar el ingreso de las aguas. "No es posible que cinco o más estancieros sean beneficiados con esas obras y sigan en la impunidad, cuando el Estado está siendo perjudicado", señaló Alegre.
La medida causó tensiones dentro de la Asociación Rural del Paraguay, ya que su presidente, Juan Néstor Núñez, respaldó la decisión del gobierno.
Los representantes del Comité de Productores del Río Pilcomayo admiten que las obras son necesarias, pero ponen como condición que exista "un plan a mediano y largo plazo, bajo el cumplimiento de las leyes vigentes, y se tenga en cuenta el impacto ambiental".
El ganadero Hernán Arréllaga, de la hacienda Sombrero Jhovy, señaló a la prensa local que los trabajos deben llevarse a cabo conforme a los resultados de un estudio sobre el impacto ambiental de las intervenciones.
* Este artículo fue publicado originalmente el 26 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
