Las alarmas de organizaciones no gubernamentales de Venezuela se dispararon de nuevo ante la decisión del gobierno de plantear el trámite urgente de un proyecto de ley para regular su funcionamiento y los fondos que las financian. Dicen que con ello se pasa «la línea roja entre democracia y autoritarismo».
"¿Cómo es posible que sigamos permitiendo, a riesgo de que nos llamen la revolución boba, que partidos políticos, ONG (organizaciones no gubernamentales) y personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiadas con millones del imperio yanqui y hagan uso de la libertad para violar la Constitución y desestabilizar el país?", clamó el presidente Hugo Chávez.
"Imploro que se haga una ley muy severa para impedir eso", agregó el mandatario en una alocución ante la unicameral Asamblea Nacional legislativa y autoridades de los demás poderes del Estado, reunidos el 24 de noviembre para suscribir una declaración de fe antiimperialista.
Luego, el diputado Roy Daza, titular de la Comisión de Política Exterior, anunció que se acelerarán los trabajos para sancionar la ley antes de fin de año. En la actual legislatura el oficialismo cuenta con más de 150 de sus 167 escaños. La próxima, que comenzará el 5 de enero, tendrá 165 diputados, 98 de los cuales son seguidores del gobierno y 67 de la oposición.
"A toda aquella organización no gubernamental que haga trabajo social en nuestro país no sólo se le debe garantizar su trabajo, sino que se lo debe ampliar, profundizar y coordinar mucho mejor. Aquí hay mucha gente haciendo trabajo educativo y social que nosotros estimamos", sostuvo Daza.
Pero "hay ONG que reciben recursos de potencias extranjeras para tratar de horadar a poderes del Estado y eso no podrá ser permitido", alertó.
Cuando periodistas le preguntaron a Daza si las organizaciones de derechos humanos son consideradas políticas, respondió: "Claro que sí".
Los borradores del proyecto de ley de Cooperación Internacional establecen un nuevo registro gubernamental para las entidades que puedan recibir recursos del exterior y prevé que las finanzas de ese origen vayan a un fondo que será administrado por el Estado. También estipulan la obligación de las ONG de informar sobre sus actividades y casos en los que procesen a las autoridades o ciudadanos que soliciten esos informes.
En Venezuela "se vive un clima de cierre progresivo de los espacios de autonomía y democracia. La ley proyectada es ejemplo de cómo se cercenan libertades públicas, algo que sólo hacen gobiernos autoritarios", comentó a IPS Liliana Ortega, portavoz del Foro por la Vida, una coalición de 20 organizaciones de derechos humanos.
La ley "es impracticable dentro del ámbito democrático, y para nosotros significa cruzar la línea roja hacia el autoritarismo", afirmó Ortega.
"Significaría acallar muchas voces críticas que señalan violaciones a los derechos humanos, por la discrecionalidad que tendría el Estado, en realidad el gobierno, de señalar cuáles ONG quedarán registradas y cuáles de sus proyectos pueden recibir recursos", indicó a IPS Feliciano Reyna, de Sinergia, una coalición de organizaciones abocadas principalmente al desarrollo comunitario.
Reyna puso como ejemplo la denuncia que hacen ONG sobre el incumplimiento del gobierno en compromisos para ayudar a pacientes con VIH/sida, o cómo se perdería la reserva con las que algunas organizaciones procesan informaciones sobre las aproximadamente 900 ejecuciones extrajudiciales anuales que padece Venezuela.
Los donantes del exterior "no van a dar dinero para un fondo que será manejado por el Estado. Esto reduce nuestra capacidad para actuar al tiempo que se trabaja la matriz de opinión de que somos organizaciones políticas y partidistas", señaló a IPS Carlos Correa, de la ONG sobre temas de comunicación colectiva Espacio Público.
"Somos políticos en la medida en que trabajamos porque existan y se apliquen políticas públicas consistentes con los derechos humanos", recalcó Correa.
En el acto en el que Chávez urgió a desempolvar el proyecto de ley que se estudia desde 2006 habló también la abogada estadounidense Eva Golinger, quien aseguró que Washington destina millones de dólares al financiamiento de partidos, grupos y medios de comunicación para desestabilizar a Venezuela y países aliados.
Golinger recomendó adoptar leyes y medidas para restringir el financiamiento a los "grupos que hacen campaña en contra de la revolución que encabeza Hugo Chávez".
Los promotores de la ley "actúan como si las 13.000 organizaciones sociales de Venezuela pudieran actuar al margen de la ley o no tuvieran ya registros o controles, lo que es falso. Comenzando por el rígido control cambiario imperante que obliga a declarar al Estado cada dólar o euro que se recibe en cooperación", dijo Ortega.
"Le siguen las declaraciones ante la oficina de impuestos y las fiscalizaciones que esa y otras autoridades realizan cuando quieren, y la rendición de cuentas que hacen las ONG. Además, los gobiernos y organizaciones donantes también publican el uso de sus aportes, de modo que control existe y las actividades son lícitas", agregó la activista.
Reyna deploró que la ley proyectada y el discurso oficial "prácticamente asimilan la crítica desde las ONG con traición a la patria, justamente de parte de un gobierno que apoya reivindicaciones políticas en otros países, como por ejemplo la lucha de los hispanos en el sudoeste de Estados Unidos con dinero de su petrolera Citgo", filial de Petróleos de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "preocupación ante la propuesta del gobierno de Venezuela de adoptar disposiciones legales a fin de controlar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales por concepto de cooperación internacional".
En particular le preocupa a la Comisión "el amplio margen de discrecionalidad que (el proyecto de ley) otorga a las autoridades", pues "genera el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad".
Una declaración del Foro por la Vida advirtió que "la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a derechos consagrados por la Constitución y pactos internacionales. Las únicas limitaciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación son aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática"
Ortega observó que "frente a la tendencia mundial de aceptar y estimular la participación organizada de la sociedad civil, sólo en algunos regímenes como Irán, Belarús, Rusia o Egipto se coarta su actuación y el apoyo desde el exterior".
"Además de una injusticia, la ley sería un craso error. ¿Cómo recibirá la izquierda progresista que acompaña en el mundo al discurso de este gobierno cuando sepa que las ONG ni siquiera fueron escuchadas sobre la ley que las rige?", se preguntó Ortega.
