La ONU observará el Día Internacional del Migrante exhortando a ampliar la vigencia de una convención de 1990 que protege los derechos de esas poblaciones, mientras una ola de xenofobia se extiende por Europa y Estados Unidos.
El llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue dirigido sobre todo a los países occidentales, que albergan a más de 215 millones de inmigrantes y que se han negado a ratificar el tratado que los obligaría a ofrecer seguridad y protección a los trabajadores extranjeros.
"La situación irregular de muchos migrantes no los priva de su humanidad ni de sus derechos", dijo Ban al referirse al día internacional que se conmemorará este sábado 18.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares se firmó en 1990 y entró en vigor en julio de 2003 con la ratificación de 20 países, la mayoría de ellos fuente de trabajadores emigrantes, como Argelia, Egipto, Filipinas, Ghana, Marruecos, México, Sri Lanka y Turquía.
Entre los países occidentales que eluden este tratado se encuentran varios de los mayores receptores de población extranjera, como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia.
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En un documento de 48 páginas divulgado en la sede neoyorquina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos que en 2011 se dediquen a mejorar las medidas de protección de los inmigrantes, por ejemplo ratificando la Convención.
Muchos gobiernos agravan las cosas con políticas que exacerban la discriminación o que impiden a los inmigrantes siquiera recurrir a las autoridades en busca de ayuda, dijo la investigadora de HRW, Nisha Varia, especializada en derechos de las mujeres.
Las políticas migratorias y la ausencia de protección legal ponen a los inmigrantes en mayor riesgo de abusos como explotación laboral, violencia, trata de personas, malos tratos y torturas cuando son detenidos y asesinatos, dijo Varia. Y esos países ofrecen muy pocos recursos para reclamar justicia, señaló.
La creciente fobia contra los extranjeros es evidente en buena parte de Europa occidental (Alemania, Francia, Italia y Suiza) y también en Estados Unidos.
Ante una pregunta de IPS sobre la caída de las remesas de dinero que los trabajadores envían a sus familias, causada en el último año por la crisis económica mundial, Varia insistió en que "los gobiernos deben proteger los derechos humanos de los migrantes sin importar que sus contribuciones económicas suban o bajen".
Además, combatir infracciones laborales muy comunes, como el no pago de salarios, tiene efectos económicos positivos, añadió.
En tiempos de penurias, la población de un país puede culpar a los extranjeros de quedarse con sus empleos, aun cuando se trate de trabajos que ella misma no esté dispuesta a ejecutar, sostuvo Varia. Por eso "los gobiernos deben hacer frente a los sentimientos xenófobos que conducen a la discriminación y a la violencia".
Según el Banco Mundial, las remesas de dinero enviadas por los trabajadores inmigrantes hacia los países en desarrollo llegaron a 278.000 millones de dólares en 2007 y a 325.000 millones en 2008. Pero en 2009 cayeron a 307.000 millones de dólares.
Los países más afectados fueron Moldavia (este europeo) Kirguistán y Tayikistán (Asia central), donde la caída de ingresos por remesas representó entre ocho y 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe "Situación económica mundial y perspectivas 2011", que se divulgó parcialmente el 1 de este mes y será publicado íntegramente en la primera semana de enero.
En varias naciones centroamericanas y caribeñas, entre ellas Haití, el impacto de la reducción de remesas fue de entre uno y dos puntos del PIB, mientras en países del sudeste europeo osciló entre dos y tres por ciento.
Pero el Banco Mundial adelanta que las cifras finales de 2010, que se computarán al finalizar diciembre, rondarían los 325.000 millones de dólares. Se espera que esa tendencia al alza continúe para llegar en 2012 a 374.000 millones de dólares.
HRW sostiene que muchos países dependen de la mano de obra extranjera para abastecer trabajos mal pagos, peligrosos o informales.
Además, en su informe documenta explotación laboral y obstáculos para indemnizar a inmigrantes en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Kazajstán, Kuwait, Líbano y Tailandia.
"Los sistemas de apoyo a la inmigración de muchos países otorgan a los empleadores un inmenso control sobre los trabajadores y dejan a éstos presos de situaciones abusivas o imposibilitados de reclamar reparaciones en la justicia", dice el informe.
En Estados Unidos, cientos de miles de personas son detenidas durante meses o inclusive años por violar normas migratorias de carácter civil.
Sin derecho a un abogado nombrado por el Estado, casi 60 por ciento de los inmigrantes detenidos comparecen en los tribunales sin defensa legal en ese país.
HRW también sostiene que para los inmigrantes con discapacidades mentales, la falta de un abogado determina que no puedan defender sus derechos. Algunos permanecen detenidos sin justificación durante años.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostuvo que con demasiada frecuencia las contribuciones que los migrantes hacen a la sociedad son cuestionadas o ignoradas, pues muchos gobiernos adoptan conductas reduccionistas, presentándolos como una carga para economías debilitadas o como un drenaje constante de los servicios sociales que prestan los estados.
Un estudio publicado este año por el University College London reveló que los recién llegados a Gran Bretaña desde Europa oriental pagaron en proporción 37 por ciento más de impuestos que los beneficios que recibieron de los servicios públicos en el período 2008-2009.
Muchos inmigrantes, además, contribuyeron a la prestación de atención sanitaria como personal médico, de enfermería y de limpieza en el Servicio Nacional de Salud de ese país.
En Estados Unidos, los ciudadanos naturales se benefician con unos 37.000 millones de dólares por año aportados a la economía nacional por la actividad de los inmigrantes, según el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia.
Más de uno de cada 10 trabajadores autónomos de Estados Unidos son inmigrantes, según la OIM.
Pero, pese a las pruebas, "pocos asuntos despiertan reacciones más duras que la migración", dijo el director general de la OIM, William Lacy Swing.
"Desde los recintos parlamentarios hasta las calles, pasando por las discusiones a la hora de la cena, hay encendidos debates sobre el impacto de los inmigrantes en la identidad nacional, la seguridad, el empleo, la salud y los servicios sociales, todos elementos que conforman la fábrica de la sociedad", agregó.
Pero muchas de esas discusiones se basan en emociones y mitos, y no en realidades sociales y económicas.
"Las migraciones, ahora y en el futuro, obedecen a tendencias económicas, sociales y demográficas globales que ya no pueden ser ignoradas", agregó Swing.
Una de las razones de su marcado aumento es la caída poblacional en los países industrializados, que llegaría a 25 por ciento para 2050, dijo.
Esto ampliará significativamente la demanda de trabajadores migrantes mientras la fuerza laboral de los países en desarrollo pasará de los 2.400 millones de 2005 a 3.600 millones en 2040.
