La realización de una consulta popular para reformar la flamante Constitución y algunas leyes en terrenos vinculados al sistema de justicia responde a la creciente crisis de inseguridad pública de Ecuador y permitirá al presidente izquierdista Rafael Correa llevar el problema al terreno electoral.
Se desconoce aún la fecha de la consulta y su contenido, pero el viernes 17 y el sábado 18, en su habitual cadena de radio y televisión, Correa sostuvo que consultará al pueblo sobre reformas a la Constitución que él mismo impulsó y fue expedida en octubre de 2008.
Las reformas se referirán a temas penales, como la posibilidad de que los reos acumulen penas por delitos, prohibida constitucionalmente por décadas, así como acerca de la organización y funcionamiento de los tribunales penales.
El electoral "es el juego que (Correa) mejor juega y más le gusta", dijo a IPS el economista y banquero Ramiro Crespo. Tras ser investido presidente en enero de 2007, el mandatario convocó a las urnas en cuatro ocasiones.
"Además de estrechar sus lazos con los militares (con un proyecto de ley enviado al parlamento para ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública), se pondrá en campaña para pasar reformas constitucionales y penales al calor de la retórica populista", opinó Crespo.
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"Pero esa no es la mejor manera de resolver problemas como los de la inseguridad. Solo el Código Penal lleva 17 reformas parciales en cinco años", añadió Crespo, socio del banco de inversión Analytica Securities.
La seguridad pública parece haber decaído en los últimos meses. La muerte de un niño, hijo del conocido comentarista deportivo Rómulo Barcos, por una bala perdida en un enfrentamiento entre delincuentes de Guayaquil, fue seguida en noviembre por marchas de protesta en esa ciudad del sudoccidente.
La prensa y la televisión llenaron sus noticiarios con reportajes sobre "secuestros express" —en los que el secuestrado debe ir en busca de sus propios bienes en dinero o joyas para ser liberado al cabo de unas horas— asesinatos, el fenómeno del sicariato y los enfrentamientos entre bandas.
El diario El Universo de Guayaquil causó polémica al sostener que se comete allí un "secuestro express" cada hora y media.
La percepción ciudadana de inseguridad afecta la popularidad de Correa, sobre todo en Guayaquil, cuyo alcalde, el derechista Jaime Nebot, polemiza con el gobierno nacional, echándole la culpa de la situación.
Nebot llegó incluso la semana pasada a provocar la réplica del presidente de la vecina Colombia, Juan Manuel Santos, cuando pidió que se exija visado para el ingreso de colombianos, argumentando que desde allí llegan bandas criminales.
El mandatario vecino dijo que los 700.000 colombianos que pasan cada año al Ecuador son turistas y empresarios y ofreció a Nebot cooperación técnica para afrontar la ola de delincuencia.
Entre 2003 y 2009, la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes llegó en Guayaquil a 26,6 mientras en Quito bajó a 10,6, dijo a IPS el legislador Paco Moncayo, general retirado que fue alcalde de la capital durante ocho años y medio, en los que desarrolló un plan de seguridad ciudadana.
"¿No será esto, en alguna medida, consecuencia de que el presidente y el alcalde (de Guayaquil) no puedan sentarse a trabajar juntos por una causa que no es de ningún partido político o ideología?", cuestionó Moncayo.
"El problema es integral. No trabaja bien la fiscalía, no lo hacen los jueces, ni la policía, ni el ministerio" dijo Moncayo si bien reconoció que "no lo hace tampoco la Asamblea" legislativa.
En 2009, la tasa nacional de homicidios fue de 18,6 homicidios por 100.000 habitantes. Fuentes gubernamentales estiman que subirá a 20 en 2010, lejos sin embargo de las cifras de países como Venezuela o El Salvador, con más de 60 asesinatos por cada 100.000 personas.
América Latina tiene el índice de criminalidad más alto del mundo, advirtió este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a albergar a ocho por ciento de la humanidad, tiene 40 por ciento de los homicidios.
El indicador de asesinatos en América Latina es de 25,6 cada 100.000 habitantes, mientras que el de Europa es de 8,9 cada 100.000 habitantes, el de Asia sudoriental de 5,8 y el del Pacífico occidental es de sólo 3,4 cada 100.000 habitantes.
En Ecuador, la propuesta de elevar o acumular penas es "absurda", según el abogado Jorge Crespo Toral, presidente de la no gubernamental Confraternidad Carcelaria del Ecuador.
"Jamás el aumento de penas ha servido en país alguno para disminuir la delincuencia", dijo Crespo Toral en el acto de conmemoración de los 25 años de trabajo voluntario de la Confraternidad en las prisiones del país.
"La persona que delinque cree que no la van a atrapar nunca; no se le pasa por la mente que para ese delito han aumentado los años de cárcel", dijo Crespo. "La única solución es ayudar a quien delinquió a un cambio integral que le permita perfeccionarse junto con su familia y rescatar su capacidad de trabajo productivo y honorable", insistió.
Otro componente del problema es la administración de justicia. Un estudio del Centro de Justicia de las Américas indica que entre 2005 y 2008 se denunciaron en Ecuador 646.451 delitos y se iniciaron 76.120 juicios, mientras quedaron sin resolver 462.371 indagaciones previas y solamente llegaron a sentencia 7.930 procesos.
El propio Ministerio de Justicia sostiene que cada juzgado penal de Ecuador tiene 20.000 juicios represados. Según el profesor Farith Simon, especializado en derechos humanos, el Consejo de la Judicatura ha fallado como administrador: "No evalúa el rendimiento de los jueces, tampoco identifica los puntos críticos, solo pide recursos, pero no muestra resultados".
También juegan la corrupción y la ineficacia. En lo que va de este gobierno, las autoridades nombraron un comandante general del cuerpo policial cada siete meses y debieron afrontar el grave motín policial del 30 de septiembre, que casi desembocó en un golpe de Estado.
Ese incidente "afectó no solamente la confiabilidad en la Policía o la imagen del país a escala internacional. Afectó también las metas y programas que nos habíamos propuesto Se tuvo que prescindir de seis generales, se tuvo que relevar los mandos de todas las provincias", dijo el 12 de diciembre el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien fue a su vez relevado el viernes 17.
El reemplazante de Jalkh es Alfredo Vera, viejo militante del hoy casi extinto partido socialdemócrata Izquierda Democrática, mientras Correa puso como ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa al contralmirante retirado Homero Arellano, a quien había nombrado secretario de Inteligencia tras los sucesos del 30 de septiembre.
La única precisión de Correa sobre las preguntas que se incluirían en la consulta es que una versará sobre las corridas de toros.
"Atendiendo el pedido de miles de jóvenes que han marchado hacia el Palacio (de gobierno) con su reclamo, consultaremos también si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con espectáculos donde se torturan animales, como las corridas de toros", anunció el mandatario en el acto de investidura de los nuevos ministros.
