KIEV – Se supone que la medicina debe proteger la vida y la dignidad humanas. Sin embargo, los testimonios de ucranianos liberados del cautiverio ruso revelan una realidad inquietante: el personal médico en los centros de detención no solo ha negado a los prisioneros el tratamiento necesario, sino que, en casos documentados, ha participado en actos de tortura y malos tratos.
No se trata simplemente de casos aislados en los que médicos individuales incumplen sus deberes profesionales. Las conclusiones de «Anatomía de la tortura: testimonios sobre tortura y malos tratos por parte de personal médico en el cautiverio ruso» —un informe analítico elaborado por el Centro para las Libertades Civiles y la organización Médicos Militares de Ucrania— señalan patrones recurrentes en diversos centros de detención.
Estos hallazgos plantean interrogantes urgentes sobre la rendición de cuentas y la respuesta internacional ante los abusos cometidos contra prisioneros de guerra ucranianos y civiles detenidos ilegalmente.
La investigación se basa en los testimonios de 16 personas liberadas tras haber estado en cautiverio en Rusia, entre ellas antiguos detenidos y profesionales de la salud. Sus relatos describen la denegación de asistencia médica, la falta de atención ante lesiones y enfermedades graves, tratos degradantes y el ocultamiento de pruebas de violencia.
Algunos testimonios señalan que personal sanitario participó directamente en actos de tortura.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la coherencia entre estos relatos. Si bien informes anteriores ya habían documentado abusos por parte de personal médico, esta investigación analiza de manera sistemática los testimonios a la luz del marco jurídico y normativo que regula a los profesionales de la salud en Rusia. Los resultados sugieren que estas violaciones no pueden considerarse casos aislados de mala conducta.
El personal sanitario ruso está sujeto no solo al derecho internacional humanitario y a la ética médica profesional, sino también a la normativa nacional, que le obliga a prestar atención médica y a abstenerse de causar daño. Por consiguiente, los abusos documentados plantean interrogantes sobre el incumplimiento tanto de las obligaciones internacionales como de las propias normas jurídicas de Rusia.
Las consecuencias van mucho más allá de los centros de detención. Quienes regresan del cautiverio a menudo requieren tratamiento médico prolongado y rehabilitación. Sus familias, por su parte, deben lidiar con los efectos duraderos del encarcelamiento, las enfermedades graves y las pérdidas sufridas.
Sofia Krokhmaliuk, cuyo padre, Oleksandr Krokhmaliuk —quien dirigía el servicio médico de la brigada Azov y falleció durante su cautiverio—, describió el dolor que supuso recibir sus restos en Ucrania. Según señaló, el estado en el que se encontraban indicaba que su muerte no se debió a causas naturales.
Otra familia ha hablado sobre las secuelas que pueden persistir tras la liberación. El militar ucraniano Oleksandr Savov pasó más de 1.000 días en cautiverio ruso y regresó a casa el 19 de marzo de 2025. Falleció a causa de una insuficiencia cardíaca el 16 de noviembre de ese mismo año, a los 46 años.
Su hija, Anastasiia Savova, ha subrayado que la liberación no implica el fin del crimen: sus consecuencias pueden perdurar durante el resto de la vida de una persona.
Estos relatos demuestran por qué el derecho a la atención médica en situaciones de cautiverio no puede considerarse una cuestión humanitaria secundaria. Para las personas que se encuentran en condiciones en las que tienen poco o nulo acceso a asistencia independiente, la atención médica puede ser fundamental para su supervivencia. Su denegación deliberada puede constituir, por sí misma, una forma de trato cruel.
La investigación del Centro para las Libertades Civiles aporta una dimensión adicional al examinar el papel del personal médico dentro de este sistema. Asimismo, refuerza la necesidad de documentar la responsabilidad individual y preservar pruebas para futuras investigaciones y procesos judiciales.
La rendición de cuentas es posible, incluso cuando el proceso lleva años. Una documentación exhaustiva puede ayudar a identificar a los responsables, establecer patrones de abuso y proporcionar pruebas para procedimientos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional. La impunidad, por el contrario, crea las condiciones para que las violaciones puedan continuar.
Es por eso que más de 90 organizaciones e instituciones ucranianas han apelado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), instándola a responder a la denegación sistemática de atención médica y a la participación documentada de personal médico en torturas y malos tratos.
El llamamiento exige una supervisión internacional más estricta de los centros de detención, incluso mediante la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, los mecanismos de las Naciones Unidas y organizaciones médicas independientes.
También insta a apoyar la documentación de los abusos, la identificación de los responsables y la garantía de la evacuación médica de los prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos y de los civiles detenidos ilegalmente.
La OMS no puede reemplazar a los investigadores ni a los tribunales internacionales. Pero su autoridad profesional y alcance internacional pueden ayudar a llamar la atención de la comunidad médica mundial sobre estas violaciones y fortalecer los llamados a un acceso independiente, rendición de cuentas y protección.
La prioridad inmediata debe ser garantizar que quienes aún permanecen en cautiverio reciban la atención médica que necesitan. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe asegurar que las denuncias sobre la participación de personal sanitario en actos de tortura sean investigadas, en lugar de ignoradas.
La medicina nunca debe convertirse en un instrumento de represión. Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida se ven involucrados en abusos, la respuesta debe ir más allá de la mera condena profesional. Debe incluir mecanismos de supervisión independiente, una presión efectiva, la preservación de pruebas y la rendición de cuentas.
Para los ucranianos que continúan en cautiverio ruso, estas medidas no son cuestiones abstractas de ética o derecho internacional. De ellas puede depender si reciben tratamiento, si su sufrimiento queda documentado y si logran sobrevivir para regresar a casa.
