Los miles de cables diplomáticos estadounidenses divulgados por el sitio web WikiLeaks exponen oscuras maniobras de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009).
En los documentos, un diplomático estadounidense le dice a un funcionario alemán: "Nuestra intención no era amenazar Alemania, sino más bien instar al gobierno alemán a que analizara cuidadosamente cada paso y sus implicaciones para las relaciones con Estados Unidos".
Observadores coinciden en que se trata de una amenaza velada.
El ciudadano alemán raptado es Khalid El Masri. En su denuncia, aseguró haber sido secuestrado en 2004 tras ser confundido con otra persona, transferido ilegalmente a Albania y luego a Afganistán, donde fue retenido por la CIA durante varios meses lo cual esa agencia reconoce, golpeado, drogado y sometido a condiciones inhumanas.
[related_articles]
Finalmente fue liberado en una carretera desierta de Macedonia a la mitad de la noche, sin que se le presentara acusación formal alguna.
En 2005, la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a George Tenet, ex director de la CIA, y a tres empresas de transporte con sede en Estados Unidos que operaban el avión usado en el traslado de El Masri a Afganistán.
La demanda acusaba a Tenet y a otros de violar la Constitución estadounidense y el derecho humanitario internacional.
En mayo de 2006, el caso de El Masri fue rechazado por la justicia, que respaldó el "privilegio de secreto de Estado" invocado por la CIA. Según la Corte de Distrito, el simple hecho de llevar adelante el proceso pondría a la luz aspectos confidenciales de inteligencia.
El 2 de marzo de 2007, la Corte de Apelaciones para el Cuarto Circuito respaldó ese fallo. El 9 de octubre del mismo año, la Suprema Corte rechazó otra apelación, manteniendo en pie la doctrina del secreto de Estado.
"Individuos inocentes han sido secuestrados en las operaciones contraterroristas del gobierno de Estados Unidos, detenidos erróneamente, entregados a escondidas a otros países, sometidos a extrema presión física y mental o dañados de alguna otra manera", dijo a IPS el director del Proyecto sobre Secretismo del Gobierno de la Federación de Científicos Estadounidenses, Steven Aftergood.
"En algunos casos, como los de Maher Arar y Khaled El Masri, los esfuerzos para buscar reparaciones legales han sido bloqueados por el gobierno invocando el privilegio del secreto de Estado", añadió.
"Como resultado, los supuestos abusos cometidos en esos casos siguen sin resolver", añadió.
Tras la frustración en los tribunales estadounidenses, el caso de El Masri llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó una demanda presentada por ACLU.
La organización pide a la CIDH que considere formalmente al programa de la CIA de "entregas extraordinarias" (transferencia de sospechosos de terrorismo, sin paso previo por tribunales, a cárceles clandestinas en terceros países donde son torturados) una violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
También exige que se responsabilice a Estados Unidos por la violación de los derechos de El Masri y recomiende a Washington pedir disculpas públicas por su papel en el secuestro, detención y tortura del ciudadano alemán.
"Esta demanda le da a Estados Unidos otra oportunidad de dar cuentas por una de las prácticas más atroces de la administración de George W. Bush", dijo a IPS Steven Watt, del Programa de Derechos Humanos de ACLU.
"Nuestro gobierno secuestró a un hombre inocente, lo torturó y luego, añadiendo insulto tras insulto, le negó su oportunidad en la corte a través de falaces argumentos de daño a la seguridad nacional", afirmó.
"El presidente (Barack) Obama ha dicho muchas veces que quiere mirar hacia delante, no hacia atrás. Participar del proceso de esta Comisión sería una forma de poner esas palabras en acción, revelando la verdad sobre El Masri al pueblo estadounidense", añadió.
WikiLeaks reveló un documento del Departamento de Estado (cancillería) de 2007 señalando que Washington había "advertido" al gobierno alemán sobre cualquier movimiento para arrestar a los agentes de la CIA responsables del secuestro, alertando que una acción así tendría "repercusiones" en las relaciones bilaterales.
Según la nota, funcionarios alemanes reconocieron las posibles consecuencias diplomáticas pero también respondieron que, dado el malestar en los medios, sus opciones eran limitadas, a lo cual Washington les aconsejó considerar el "contexto político" en el que se produjo el secuestro.
A pesar de las advertencias, Berlín emitió las órdenes de arresto, aunque las desechó pocos meses después.
