La huelga de hambre de una semana del jesuita José María Korta, de 81 años, logró este lunes que el Estado venezolano aceptara dialogar sobre la excarcelación de tres indígenas presos y sobre los derechos a la justicia y a la tierra de los pueblos nativos.
Esperemos que el diálogo y las negociaciones con representantes del Ejecutivo y otros poderes (del Estado) permitan la libertad de Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero", presos desde hace un año, dijo a IPS Lusbi Portillo, de la organización indigenista y ecologista Sociedad Homo et Natura.
Pero "también requerimos una hoja de ruta para la superación de los problemas de fondo, como la reivindicación de la justicia indígena y la entrega a los pueblos originarios de las tierras ocupadas por ganaderos o con concesiones mineras", agregó. Con el "diálogo que hemos tenido con dirigentes del gobierno, hemos visto que la razón principal de la huelga ha recibido respuesta", dijo Korta este lunes a periodistas a las puertas de la sede administrativa de la Asamblea Nacional en Caracas.
En compañía de dos jóvenes que ayunaban con él desde hace tres días, el religioso agregó que se sentía bien y que "podría haber continuado con la huelga y podemos regresar a ella".
Korta suspendió su protesta después de que el vicepresidente Elías Jaua le garantizó que lo recibirá para escuchar sus propuestas y buscar vías de solución junto al presidente socialista Hugo Chávez, quien regresó el domingo de una gira internacional de 11 días.
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Fuentes del parlamento indicaron que se trabaja con los jueces del Tribunal Supremo de Justicia para dictar medidas a favor de los indígenas detenidos.
Durante sus días de ayuno, Korta dijo a IPS que "desde 1999, cuando se aprobó la nueva Constitución Nacional, que es bellísima pero se aplica poco, indígenas como los yukpas esperan por la demarcación de sus territorios".
Mientras, "son víctimas de la visión colonialista que predomina en muchos funcionarios", acotó.
Los yukpas, unas 12.000 personas que hablan la lengua caribe y están agrupadas en varias docenas de comunidades, son uno de los cinco pueblos indígenas que habitan en el noroeste de Venezuela, entre la Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera con Colombia, y el lago Maracaibo, entre 600 y 700 kilómetros al oeste de Caracas.
Mientras unos grupos y líderes yukpa han aceptado parcelas entregadas por el Estado, otras comunidades, como la Chaktapa, que lidera Sabino Romero, se rehúsan a quedar "como el jamón del sándwich", según Portillo.
Esto significa ocupar el espacio que resulta entre la franja reservada para uso militar junto a la línea fronteriza y las fértiles llanuras del lago cubiertas de haciendas ganaderas.
En su lugar, los yukpas más radicales, encabezados por Sabino, reclaman la entrega de un territorio común para su grupo de comunidades, de 280.000 hectáreas, que incluye tierras que consideran ancestrales y que hoy día están en manos de ganaderos.
Desde hace algunos años, estos nativos han ocupado algunas fincas para presionar por su reclamo.
Comunidades de indígenas wayúu, yukpa y barí, que ocupan de norte a sur el lado venezolano de la Sierra de Perijá, rechazan también las concesiones de minas de carbón otorgadas en la zona y sostienen que el gobierno elude la entrega de territorios para zafarse de un estorbo en sus planes de explotación minera y trazado de ferrocarriles y puertos.
Los yukpas liderados por Romero solicitan al gobierno que pague a los ganaderos de las fincas ocupadas las bienhechurías (mejoras) sobre esas propiedades.
Este arreglo es aceptado por los hacendados, pero rechazado sistemáticamente por las autoridades, que sostienen una confrontación política con los productores rurales de la cuenca del lago Maracaibo.
En ese marco, el 12 de octubre de 2009 el gobierno entregó títulos de propiedad a algunas comunidades y, al día siguiente, se produjo un altercado entre Sabino Romero, acompañado de familiares y seguidores, con gente de la comunidad Guamo Pamocha, que lidera un cacique rival, Olegario Romero.
La airada discusión por tierras degeneró en violencia, que dejó dos indígenas muertos —un yerno de Sabino y una hermana de Olegario—, y media docena de heridos.
La justicia ordinaria ordenó la detención de Olegario, Sabino y el wayúu Alexander Fernández, casado con una hija del cacique de Chaktapa.
Primero se los recluyó en un fuerte militar de la zona y, cuando la presión de los indígenas y de grupos que los respaldan se hizo intensa, los tres acusados de homicidio fueron llevados a una cárcel en la occidental y andina ciudad de Trujillo.
Homo et Natura ha encabezado este año reclamos ante el Poder Judicial para que los indígenas sean devueltos a sus comunidades y sean juzgados según sus propias leyes, amparándose en una previsión constitucional.
El artículo 260 de la carta magna establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público".
La justicia de los yukpa no es punitiva sino reparadora. Por ejemplo, obliga al ofensor a trabajar varios años para la familia del agraviado, recordó Portillo.
Según la defensa de Sabino, las pruebas de los sucesos del 13 de octubre han sido alteradas, el traductor empleado en el juicio no domina el dialecto yukpa que se habla en la aldea de Chaktapa y el cacique rebelde está preso junto a detenidos de confesión evangélica que lo conminan a acompañarlos en rezos y ritos distintos a su propio credo.
De origen vasco, Korta es llamado Ajishama, "la garza que muestra el camino" en lengua ye'kuana, por los alumnos de la Universidad Indígena que fundó.
En Venezuela viven 600.000 indígenas repartidos en 36 etnias. Poco más de la mitad viven en comunidades en las regiones de frontera.
