La crisis económica que afecta a parte de Europa hace aumentar la xenofobia, con duras consecuencias para los inmigrantes, alertan defensores del pueblo y organizaciones no gubernamentales de la región.
El caso que acapara la atención es la expulsión de gitanos de origen rumano desde Francia, pero la discriminación de los extranjeros se nota también en las fronteras internas de la Unión Europea, donde es más fácil pasar sin ser registrado por controles migratorios si se tiene la piel blanca y vestimenta de primera que si se exhibe tez morena y aspecto humilde.
El defensor del pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, sostuvo esta semana que "Europa sufre un debilitamiento de la cultura de valores democráticos y una relajación que en algunos lugares está dando lugar a vulneraciones de los derechos humanos".
Ribó puso como ejemplos de política gubernamental discriminatoria "la decisión de Italia de convertir en delincuentes a los inmigrantes sin los documentos requeridos para radicarse, el cierre de fronteras de Gran Bretaña o la expulsión de gitanos rumanos en Francia".
Una cosa es ingresar a un país sin visado o sin documentos de identidad y otra muy distinta es cometer un delito, recalcó.
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Lo paradójico es que estos tres países, sobre todo Italia y España, fueron expulsores de ciudadanos, la mayoría hacia América Latina, desde fines del siglo XIX hasta pasada la primera mitad del XX, en especial durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los años que siguieron a éstas.
En España, además de endurecerse el control de ingreso al país, el presupuesto para atender la inmigración, presentado por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero al parlamento, bajará de 323 millones de euros (445 millones de dólares) este año a 268,2 millones de euros (373 millones de dólares) en 2011.
Del total, 141,5 millones de euros (195 millones de dólares) serán destinados al apoyo y acogida de inmigrantes (este año son 175 millones de euros) y 119,2 millones de euros (164,3 millones de dólares) financiarán las pensiones de los "niños de la guerra retornados", como se llama a los hijos e hijas de españoles exiliados tras la guerra civil (1936-1939), a los que se reconoce su ciudadanía y derechos. En el debate público en España son reiteradas las críticas a los inmigrantes acusados de consumir drogas. Pero hay opiniones divergentes.
En diálogo con IPS, Ricardo Bravo, responsable del Centro de Día del no gubernamental Proyecto Hombre, aseguró que sólo cinco por ciento de los usuarios que ellos atienden en un proyecto de rehabilitación de drogas son inmigrantes. El programa acoge a personas procedentes de América Latina, Europa oriental, Rusia y Marruecos.
También relevó el círculo vicioso en el que éstos se ven envueltos: la mayoría tienen problemas para buscar empleo porque se encuentran en situación irregular, sin papeles.
La falta de un trabajo les impide regular su vida, empujando a muchos de ellos a cometer acciones ilegales, que inevitablemente los llevan a prisión y a la posterior expulsión del país.
A esta situación se refirió el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, al participar en un congreso del Instituto Internacional de Ombudsman, realizado el lunes y martes en Barcelona, donde también intervino Ribó.
Hammarberg afirmó que el principal reto derivado de la crisis económica global es proteger los derechos de los más vulnerables, y en especial de los inmigrantes.
El comisario agregó que en Europa hay dos asignaturas pendientes que deben encararse cuanto antes: abrir las puertas a más solicitantes de asilo y frenar el extremismo discriminatorio.
En este cuadro general, el presidente del Instituto Internacional de Ombudsman, Mats Melin, sostuvo que la labor de los defensores se está tornando más difícil por culpa de una creciente aceptación popular de ideas xenófobas y por la entrada de grupos de extrema derecha en los parlamentos.
Por ello, subrayó la necesidad de defender los derechos humanos con argumentos legales sólidos.
Además, se pronunció claramente contra la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros en situación irregular en Francia, anunciando que seguirá adelante apoyando procedimientos legales contra esas acciones.
Fuentes del gobierno español señalaron que esa situación no se repetirá en este país, pues se seguirá cumpliendo la normativa de la Unión Europea que otorga a quienes ingresen a Europa, con o sin papeles, el derecho a residir tres meses y a disponer de una defensa judicial si se los pretende expulsar.
