A causa de la crisis económica, miles de personas han recurrido a agencias de empleo privadas para acceder a un puesto de trabajo en México.
Debido a ello, esta nación norteamericana de 107 millones de habitantes se ha convertido en un paraíso para las compañías que ofrecen esta forma de "outsourcing" o "subcontratación", un tema abordado por el Convenio 181 sobre las agencias de empleo privadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que México aún no ha ratificado.
"La 'tercerización' es un ejercicio que no sólo se viene practicando en los últimos lustros, sino que incluso ha crecido. Ha sido una mecánica bastante socorrida para inhibir las obligaciones laborales", dijo a IPS Alfonso Bouzas, académico experto en temas laborales de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
El Convenio 181, adoptado en 1997 y vigente desde 2000, establece que los trabajadores contratados por las agencias de colocación no deben ser privados de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Precisamente por esas dos temáticas, agrupaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales han denunciado a México por violar los convenios 87 y 98 de la OIT que versan sobre esos asuntos, respectivamente.
"Hay una falta de regulación. Las medidas más recientes se refieren a la evasión de impuestos, pero no a los derechos laborales", indicó a IPS Matteo Dean, experto del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En julio de 2009 entraron en vigor reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obligaron a las empresas de "outsourcing" a cumplir con sus obligaciones patronales, como el aporte de las cuotas a ese organismo.
En México operan al menos 295 agencias de empleo autorizadas, según la Secretaría (ministerio) de Trabajo y Previsión Social. Más de dos millones de personas trabajan actualmente bajo ese esquema de triangulación.
Las firmas que integran la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano colocan mensualmente a unos 100.000 trabajadores.
El Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores, vigente desde 2006, cataloga entre los servicios de estas entidades el reclutamiento, la selección de personal y la difusión de vacantes para ligar laboralmente a un trabajador con un patrón o viceversa.
Esas compañías investigan la trayectoria laboral del candidato, lo entrevistan, lo escogen y lo vinculan a una empresa, sin cobrar dinero al aspirante.
Funcionan basados en convenios en los cuales los aspirantes acceden a laborar en la empresa señalizada por la agencia, la cual define el cargo, el sueldo y las prestaciones para el empleado, según el informe "Elementos de análisis sobre la regulación legislativa de la subcontratación laboral", del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) del Congreso legislativo.
La crisis económica surgida en 2008 en Estados Unidos, y que se propagó rápidamente a todo el planeta, borró en la nación azteca unos 900.000 empleos hasta 2009, según cifras oficiales, mientras el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón presume de la creación de 630.000 puestos este año.
"Son instancias que prácticamente liberan formalmente al beneficiario final de toda responsabilidad laboral, a cambio de una jugosa ganancia relacionada con un porcentaje de la nómina", explicó Bouzas, quien ha estudiado fenómenos como los contratos de protección, mediante los cuales las empresas se protegen ante huelgas o demandas laborales.
El "outsourcing" forma parte de la agenda de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional, organizada por CILAS, que arrancó este viernes y concluirá el domingo 5 con la asistencia de más de 900 delegados de un centenar de uniones gremiales de todo el país.
Las jornadas cerrarán con un fuerte pronunciamiento sobre la libertad sindical, el respeto a los derechos laborales y la persecución del gobierno mexicano.
En América Latina, países como Argentina, Chile y Uruguay cuentan con leyes avanzadas sobre la tercerización del trabajo, aunque no exentas de críticas de parte de los trabajadores.
En marzo, el gobierno envió al parlamento una propuesta de reforma laboral que, entre otros aspectos, da carta ancha a las agencias de empleo. Por ejemplo, el interesado en abrir una sólo debe pagar una fianza para operar. El Poder Legislativo discutirá esos cambios durante el segundo semestre de este año.
"La propuesta reconoce el status quo y las regula, aunque con muchos huecos", señaló Dean.
El proyecto gubernamental no define todas las formas de subcontratación, ni las áreas a subcontratar, según el análisis de CILAS. Además, no especifica los derechos laborales como la sindicalización.
El análisis del CESOP, por su parte, advierte que el fenómeno de las agencias de colocación es sólo una arista de la multiplicidad de formas de la subcontratación, por lo que el reglamento vigente tiene sólo una cobertura parcial del tema.
"Puede haber una simulación absoluta de derechos y una ganancia formidable. Además, generan una distorsión muy grande entre los derechos laborales y su cumplimiento", sostuvo Bouzas.
"La subcontratación está evolucionando constantemente, de modo que la regulación siempre está a la zaga", indicó Dean.
