El recién concluido conflicto en el departamento de Potosí parece haber abierto un nuevo ciclo político para Bolivia, con el gobierno del izquierdista Evo Morales perdiendo control entre sus bases y las regiones forzando respuestas inmediatas a sus postergados problemas.
Potosí, el suroccidental departamento de 788.406 habitantes de los 10,6 millones que tiene Bolivia, ha puesto con rudeza sus cartas sobre la mesa política, al demandar una solución a sus condiciones de pobreza extrema y con ello ha dejado en evidencia la falta de resultados en las políticas sociales del gobierno.
Es una demanda de varios decenios y el recordatorio de una realidad presente en este departamento tan rico en recursos como en pobreza, fronterizo con Argentina y Chile.
Durante 19 días, un Comité Cívico Potosinista, integrado por 28 organizaciones sindicales y sociales, mantuvo una huelga general y un bloqueo de carreteras que paralizó al departamento y al sur de Bolivia, por reivindicaciones sobre límites con el vecino departamento de Oruro y sobre proyectos de desarrollo para la región.
Las protestas finalizaron el lunes 16, tras un acuerdo de paz y límites entre las dos regiones y compromisos específicos de llevar adelante los proyectos demandados.
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Desde la etapa colonial española, Potosí es proveedor de plata y otros minerales, sin que sus contribuciones hayan sido retribuidas en forma equitativa por el poder central, que sólo lo ve como el gran centro minero del país.
Mientras, sus habitantes siguen hasta estos días con sus necesidades altamente insatisfechas en sus ciudades y zonas rurales, desde donde prácticamente tocan el cielo, en una región con montañas de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
En medio de esas contradicciones, la mayor compañía extranjera en el rubro de la minería, Minera San Cristóbal, subsidiaria de la japonesa Sumitomo, tiene una inversión histórica de 1.400 millones de dólares, una cifra equivalente a la inversión pública de Bolivia en solo un año.
El ingreso anual por persona en Potosí es de 1.503 dólares, por debajo del promedio nacional, de 1.683 dólares, y muy alejado del que gozan los habitantes del sureño departamento de Tarija, de 4.083 dólares, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadística.
El levantamiento del bloqueo de carreteras significó un alivio para el gobierno de Morales, porque la situación amenazó con salirse completamente de control un día antes, cuando pasajeros y transportistas se enfrentaron a mineros que los tuvieron cercados y al borde de la desesperación desde el inicio de la batalla regional.
La falta de respuesta y acción del poder central se ha visto como un manejo deliberado con la intención de doblegar a organizaciones sociales, sindicatos y partidarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Pero el gobierno de Morales comprobó que al contrario de lo que esperaba, sus propios soportes políticos se replegaron hacia los sectores y organizaciones sociales que alimentan la base de su representación.
En diciembre de 2009, Morales consiguió el respaldo de 78 por ciento del electorado de Potosí en las elecciones presidenciales y legislativas en que resultó reelecto, después de gobernar el país desde 2006 y refundar políticamente el país mediante una Constitución que declara a Bolivia como un Estado Plurinacional.
E 4 de abril, el candidato del MAS, Félix Gonzales, resultó electo como gobernador con 66,8 por ciento de los votos, en los comicios regionales y municipales, con lo que este departamento se confirmó como uno de los grandes bolsones electorales de Morales.
Pero Gonzales decidió ponerse al frente de las protestas y negociaciones con las autoridades de Oruro y el gobierno de Morales, tras señalar que los intereses del departamento y su gente estaban por encima de disciplinas partidistas.
En las elecciones regionales, el MAS se hizo con las gobernaciones de los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Pando, mientras la oposición ganó en Santa Cruz, Beni y Tarija.
Durante el conflicto, mientras los líderes de la protesta controlaban su desarrollo desde la capital del departamento, también llamada Potosí y a 574 kilómetros al suroeste de La Paz, el gobierno central buscó debilitar al movimiento cívico con la actuación de pueblos indígenas afines al presidente en las áreas rurales.
Un día después del fin del conflicto, la fracción indígena dentro del MAS en el parlamento de Potosí anunció gestiones para excluir a cuatro legisladores que participaron en una huelga de hambre en adhesión a las demandas regionales.
Mientras en las calles de Potosí aún se respiran aires triunfales por haber obligado al gobierno central a firmar compromisos de atención a seis de sus demandas, en La Paz, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, calificó como "falso conflicto" los 19 días de tensión y zozobra.
Ello, pese a que los ministros del área económica han hablado de un saldo de un saldo de millonarias pérdidas para el país y las empresas mineras de la región.
El gobierno de Morales debió comprometerse a la construcción de un aeropuerto internacional, la ejecución de proyectos viales, gestiones para el funcionamiento de una planta metalúrgica y la instalación de dos fábricas de cemento, una en Potosí y otra en Oruro, para poder poner fin a la huelga y los bloqueos.
Además, asumió tareas mediadoras para resolver un conflicto limítrofe entre los dos departamentos regidos por el partido gobernante.
En Potosí se habla de gran triunfo y en La Paz de "falso conflicto". Dos puntos de vista que dejan heridas abiertas y un rechazo ya anticipado de algunos sectores de la ciudad minera a la presencia del presidente en el aniversario del departamento, el 10 de noviembre.
Morales ha sido el gran ausente en los días de marchas, bloqueos, huelgas y tensiones, por momentos muy enardecidas.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, que conduce el proceso de descentralización en el país, admitió la falta de comunicación con la zona en conflicto y se declaró sorprendido por el radical bloqueo de carreteras.
Recordó que en largo y aguerrido historial de luchas populares bolivianas, esa medida era la herramienta extrema para resistir y derrocar a gobiernos dictatoriales, en un país que llegó a tener un promedio de un golpe de Estado cada nueve meses.
Y Potosí parece haberse convertido en modelo para otras regiones. Al día siguiente de finalizar el conflicto, Oruro anunció un pliego de peticiones, donde hay muchas calcadas de las de su vecino, como asuntos de límites, temas de desarrollo y otro aeropuerto internacional.
