«La amenaza te cambia toda la dinámica de vida», dice Jade Ramírez Cuevas, una periodista que vive hace meses con ese yugo que cada día atenaza a un grupo mayor de profesionales de la comunicación en México.
Reportera y conductora de Radio Universidad de Guadalajara, en 2009 recibió —junto con Priscila Hernández— el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, por un reportaje sobre discriminación en la aerolínea colombiana Avianca.
Su vida dio un vuelco en abril, cuando se ocupaba de la cobertura a un movimiento comunitario que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica de El Zapotillo, en el centro occidental estado de Jalisco, en el Pacífico mexicano, del que Guadalajara es capital.
El 3 de ese mes, Ramírez y tres activistas de derechos humanos fueron increpados por hombres armados que se presentaron como funcionarios federales, al terminar una asamblea del pueblo en el lugar.
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A la agresión directa le siguieron llamadas telefónicas a su casa, de madrugada, en las que nadie respondía; correos electrónicos con amenazas de muerte, y la presencia permanente de vehículos blindados a su alrededor.
Ramírez presentó una denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República y ante la misma institución del estado. Su caso motivó una alerta de Amnistía Internacional y medidas de protección que todavía tiene.
Hasta ahora, no se ha detenido a los responsables, aunque los hombres armados fueron identificados y la amenaza por correo electrónico dejo rastro para los investigadores.
En los últimos 10 años, 64 periodistas han sido asesinados en México y 12 más están desaparecidos, de acuerdo con el recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo estatal autónomo.
El discurso oficial atribuye los asesinatos al crimen organizado y a la escalada de violencia que ha generado la estrategia contra el narcotráfico del derechista presidente Felipe Calderón, pero lo cierto es que no hay investigaciones concluyentes que lo demuestren.
Por el contrario, en su último informe, el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), organización que se ha dedicado a documentar las agresiones a periodistas, señaló que éstas son, en su mayoría, cometidas por funcionarios de los municipios, los estados y el gobierno central.
Sólo en 2009, Cepet contabilizó 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 19 medios de comunicación y a 183 periodistas, 13 de los cuales fueron asesinados.
En uno de cada tres ataques estuvieron involucrados policías o militares. "El perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la República", señala el informe.
El 7 de agosto, decenas de periodistas marcharon por Ciudad de México para demandar garantías a la profesión y el alto a la impunidad en las agresiones contra el gremio, bajo el lema "los queremos vivos".
Movilizaciones similares ocurrieron en una decena de ciudades, entre ellas Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey Morelia y Coahuila, azotadas por la violencia del narcotráfico.
La manifestación desbordó todas las expectativas. "Fue el primer acto pleno de una generación emergente (…) desprendida de los clichés y taras de las anteriores", escribió el periodista y conductor de televisión Ciro Gómez Leyva.
Junto con el periodista Ernesto Aroche, del estado de Puebla, Jade Ramírez leyó junto a la emblemática columna del Ángel de la Independencia, en esta capital, cada uno de los nombres de los colegas asesinados y desaparecidos, en un emotivo homenaje gremial.
"Para mí la marcha fue muy importante, me dejó un poco de esperanza. Me da gusto saber que no estoy tan sola", dijo a IPS.
"El hostigamiento te pone en la cuerda floja. Muchos compañeros dejan de socializar contigo y hay amigos que dejan de ser tus amigos. Lo entiendo, tienen miedo, pero te descubres sola y en las instituciones lo único que te dicen es: 'acostúmbrate'", detalló.
El gobierno ha hecho mutis ante la marcha y sus reivindicaciones.
El presidente Calderón no ha recibido a los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, quienes en un hecho sin precedentes iniciaron el día 9 una visita oficial conjunta al país, que concluirá el día 24.
El día 13, en una reunión con diputados del Congreso legislativo, La Rue dijo que deben reconocerse las fallas estructurales del Estado en materia de justicia y derechos humanos. "Un Estado débil no puede garantizar los derechos humanos, México no puede jugar con ficciones y debe fortalecer instituciones reales", dijo el relator.
Días después, comandos presumiblemente del crimen organizado lanzaron granadas a las instalaciones de la cadena de televisión Televisa en las norteñas ciudades de Matamoros y Monterrey
Pero también hubo agresiones a periodistas en el sur del país. El mismo día 13 se reportó la incursión y robo en las oficinas del periódico quincenal Tinta Fresca, en Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas.
Dos días más tarde, en San Cristóbal de las Casas, desconocidos entraron en el domicilio de Hugo Isaac Robles Guillén, quien lleva 30 años al frente de noticieros radiofónicos en la región de los Altos, en ese estado.
"No se llevaron ni tocaron nada (…) sólo entraron a defecar al estudio", relató el periodista.
Chiapas fue uno de los estados que participaron en la movilización del día 7 y su gobernador, Juan Sabines, pertenece al opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada en el estado, denunciaron en julio una campaña de hostigamiento del gobierno estadal, a través de medios afines y del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
También han circulado correos electrónicos anónimos, con sus rostros, que los acusan de manipular información para "generar una imagen de represión por parte del gobierno del estado contra movimientos sociales".
"Las agresiones van por etapas", dijo a IPS Mandujano, quien fue jurado del Premio Nacional de Periodismo y es coordinador regional de México Infórmate, una iniciativa ciudadana que promueve el uso de las leyes que defienden el acceso a la información.
"Primero es la negación absoluta de información y el cierre de puertas a todos los eventos, luego la campaña de desprestigio y la última es la de las agresiones directas, que es la que queremos evitar. Pero no es tan fácil, porque nos está poniendo en el blanco", declaró.
