Con la eliminación de algunos impuestos y otras iniciativas verdes, Costa Rica avanza en su plan de hogares más sostenibles energéticamente para conseguir la «carbono neutralidad» hacia 2021, cuando se cumplan los 200 años de su independencia.
Al igual que países como Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda, Costa Rica pretende compensar por completo sus emisiones de gases de efecto invernadero causantes del recalentamiento planetario, como el dióxido de carbono, mediante la plantación de bosques y mejoras tecnológicas con fines de mitigación, entre otras iniciativas.
Las empresas y particulares pueden certificar la reducción de sus emisiones en el Ente Costarricense de Acreditaciones.
Si bien el punto fuerte de este país centroamericano es la ampliación de la superficie forestal, para alcanzar el objetivo también se requiere la aplicación de tecnologías limpias, planteó Orlando Chinchilla, director del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional, para quien no se trata de una meta fácil de lograr.
Una modificación a la ley 7400 de exoneración de impuestos, efectuada el 30 de junio, promueve el uso de energías renovables al eliminar 13 por ciento de la carga impositiva que hasta el momento tenían los paneles, cocinas, refrigeradoras y calentadores solares, además de los generadores eólicos e hidroeléctricos.
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Complementando esta apuesta, y dentro del mismo Plan de Energía del gobierno de la socialdemócrata presidenta Laura Chinchilla, el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fomentará en empresas y hogares la instalación de paneles solares y la producción de electricidad a base de biomasa (desechos orgánicos).
Se estima que en un plazo de tres a seis años los usuarios recuperarán la inversión gracias al ahorro en la factura eléctrica, cifrado en unos 200 dólares anuales para una familia promedio de cuatro personas.
La red particular estará interconectada a la del ICE, lo que permitirá a los usuarios privados ceder sus excedentes a cambio de una rebaja en su recibo de la luz.
Para ello, se instalará un medidor de dos vías que establecerá si hay remanentes para vender o si es necesario abastecerse del sistema interconectado porque la capacidad de generación no da abasto para el consumo del cliente.
De esta manera, no sólo se conseguirían hogares más sostenibles e independientes energéticamente, sino que también se reduciría la dependencia nacional de los combustibles fósiles, al recolectar el ICE esa energía sobrante y venderla al resto de sus abonados.
Según datos de la gubernamental Dirección Sectorial de Energía, 64 por ciento del consumo comercial proviene de los combustibles fósiles. El sector transporte tiene un peso sustancial en esa factura.
Respecto a la estructura eléctrica, la generación hidráulica es líder con más del 78 por ciento del mercado, seguida por la geotérmica. A mucha distancia se ubican la térmica, eólica y la biomasa. La energía solar continúa siendo despreciable, pero lo que se pretende que las alternativas crezcan de manera sustancial de aquí a una década.
"El precio final de los equipos bajará no 13 por ciento sino 20 por ciento", comentó a IPS Rodrigo Salazar, gerente general de la empresa Energy Solutions, dedicada a la venta de calentadores solares. Esto es debido a que las empresas del sector también han visto cómo se elimina el impuesto de importación de los dispositivos.
Salazar cree que con esta iniciativa repuntará la venta de equipos de energías alternativas, que se estancó desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2008.
En el plan gubernamental también tienen cabida los biodigestores, pequeñas plantas que obtienen gas como producto de la fermentación de los excrementos del ganado. Además de eliminar los desechos animales, estos equipos generan energía y producen abono orgánico para los cultivos.
Las comunidades rurales y de escasos recursos han sido las más beneficiadas por algunos planes experimentales que se vienen llevando a cabo desde hace algunos años. Se calcula que en Costa Rica hay instalados unos 1.400 biodigestores. Su bajo costo y su facilidad de instalación y mantenimiento es un punto a favor.
En la comunidad de Santa Fe del cantón de Guatuso, cercano a la frontera con Nicaragua, cuentan con 10 biodigestores, que hace cuatro años tuvieron un costo aproximado de 200 dólares cada uno.
Con esa inversión, se ahorran los 15 dólares mensuales en gas para cocinar y calentar el agua. "Es novedoso y amigable con el ambiente", al evitar la contaminación, la tala de árboles y "elimina las boñigas (excremento) de los animales", contó a IPS Xinia Montero, presidenta del Grupo de Mujeres de Santa Fe.
Incluso lo aprovechan como un reclamo turístico, ya que "vienen a conocerlos de distintos países", incidió Montero.
