Perú está cubierto en 53 por ciento por bosques naturales, ubicados en su casi totalidad en la Amazonia, pero las oficinas encargadas de la protección y control de esa inmensa extensión están desarmadas. No cuentan con recursos ni personal suficiente, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
De los 68 millones de hectáreas de bosques amazónicos peruanos, cada año se pierden 150.000, por una deforestación que representa más de 42 por ciento del total de las emisiones del país de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Sin embargo, las sedes y puestos de control que deben supervisar la región amazónica no cuentan con más de tres personas en promedio para su tarea.
Así sucede en la Sede Mazuco de la Administración Técnica Tambopata-Manu, en la suoriental región de Madre de Dios, por donde cada mes transitan entre 200 y 350 camiones cargados de madera. Tres funcionarios deben fiscalizar que sea legal el origen de cada carga.
La Sede de Padre Abad, ubicada en la centro-oriental Ucayali, tiene el récord de frecuencia de paso de camiones con madera: entre 1.000 y 7.000 mensuales. Hay sólo siete funcionarios.
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Parecido ocurre en el Puesto de Control de Pucallpa, en esa misma región, por donde pasan mensualmente entre 450 y 2.400 camiones con madera, y tiene seis funcionarios, según el informe de la Defensoría "La política forestal y la Amazonia Peruana: avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad".
El documento, con más de 300 páginas y lanzado el día 21, informa que en el último año se incrementaron en 10 por ciento las amenazas de muerte, agresiones e intimidaciones contra el personal de estas sedes fiscalizadoras.
Pero la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura no siempre apoya las denuncias, asegura.
Las oficinas, adscritas al Ministerio de Agricultura y a las dependencias regionales encargadas del control forestal, también soportan carencias operativas. De 38 oficinas supervisada, sólo en tres hay vehículos en buen estado y sólo en una un bote, cuando el transporte fluvial es esencial en la Amazonia.
"En los últimos años ha habido una voluntad del Estado en mejorar las normas y la política forestal, pero el problema sigue siendo la gestión y las pocas facilidades que tienen las oficinas involucradas en el tema en el terreno", señaló a IPS Iván Lanegra, adjunto de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.
En esas sedes aseguran que gran número de documentos presentados están falsificados o adulterados. También reportan la venta de Guías de Transporte Forestal en las oficinas de regionales encargadas de legalizar los volúmenes de madera movilizados.
Los permisos forestales requieren de un plan operativo de manejo, sustentado en un censo o inventario realizado en el punto originario de la madera y realizado por las oficinas supervisoras. Pero muchas veces estas verificaciones previas no se realizan y la información presentada en los censos es falsa, según el informe.
La informalidad del sector ha dado lugar a que funcionarios y usuarios asuman que basta con contar con la información sobre cada modificación, pero ella "puede ser fácilmente adulterada" y de esa manera las guías de transporte son "blanqueada" y se legaliza madera talada en zonas no autorizadas, añade.
Los funcionarios aducen que carecen de recursos suficientes para cumplir su función en más de 60 por ciento de las dependencias supervisoras.
La regulación peruana obliga a las inspecciones oculares en el caso de especies como caoba y cedro, pero la Defensoría considera necesario que se extiendan a todas las variedades, para "controlar el riesgo sobre los recursos naturales".
Otro aspecto preocupante es que sólo la mitad de los ocho gobiernos de las regiones consideradas amazónicas han asumido de manera acreditada sus funciones forestarles, en un periodo de transición en la materia.
Las áreas forestales y de fauna silvestre de las regiones tienen que desarrollar acciones de vigilancia y control de los recursos naturales, además de otorgar permisos y concesiones forestales.
Pero el gobierno central no transfirió recursos a estas dependencias regionales, que carecen de fondos propios para esta labor.
"El proceso de cambio y de mejora en la gestión forestal está en fortalecer a los gobiernos regionales ya que se encuentran en las misma zonas que deben ser vigiladas", manifestó a IPS José Luis Capella de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
La mayoría de comunidades indígenas tampoco ha logrado obtener derechos reales sobre el territorio, que les permita un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que albergan los bosques, indican los expertos.
Existen 145 comunidades nativas que cuentan con permisos vigentes otorgados por el Ministerio de Agricultura para comercializar la madera, pero sólo ocho tienen contratos de cesión de uso que les permitiría un manejo integral del bosque, revela el documento.
Capella consideró que las cifras dejan entrever que las autoridades privilegian la explotación de la madera "antes que formalizar los derechos de las comunidades sobre sus territorios para que puedan desarrollar diversos proyectos sostenibles".
Se suman, además, las pocas facilidades que existen para que las comunidades puedan tramitar la cesión de uso.
Como parte de sus recomendaciones, la Defensoría plantea que se dé prioridad al debate en el Congreso legislativo del proyecto de ley forestal y de fauna silvestre y se incorpore el derecho a la consulta que tienen las comunidades nativas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú en 1993.
También propone elevar el nivel jerárquico de la Autoridad Nacional Forestal y que ésta pase del Ministerio de Agricultura al del Ambiente, para que haya una mirada más integral del problema.
Otra propuesta es la de actualizar e implementar la estrategia nacional de lucha contra la tala ilegal.
"Los bosques son importantes porque constituyen el sustento de las comunidades vinculadas a su identidad. Ahí se encuentra gran parte de la biodiversidad que identifica a Perú en el cuarto lugar en el mundo en este rubro", subrayó la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
