El pacto energético que acaban de firmar Perú y Brasil en la amazónica ciudad de Manaus nace con rechazo de poblaciones indígenas peruanas donde se construirían las centrales hidroeléctricas proyectadas. ¿Qué está en juego?
Sin embargo, se compromete a entregar un porcentaje permanente de electricidad a Brasil por 30 años. Y si quisiera denunciar lo pactado, sólo podrá hacerlo cuando haya transcurrido la mitad de ese plazo, informó a IPS el viceministro de Energía de Perú, Daniel Cámac.
"¿Qué sentido tiene firmar un acuerdo sin determinar si es lo que necesitamos como país? ¿Por qué no hacemos los estudios antes de asumir compromisos de los que nos podemos arrepentir?", cuestionó el abogado César Gamboa, director de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El viceministro Cámac replicó que para hacer ese cálculo se necesita "un mayor análisis" y por tanto "se va a ir trabajado proyecto por proyecto para ver cuánto se requiere".
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El acuerdo que empezó a negociarse en 2006 proyecta generar 6.000 megavatios (mv) con la construcción de generadoras en territorio peruano que, según la versión oficial, priorizarán el abastecimiento interno y permitirán vender los excedentes a Brasil.
Pero el ingeniero Alfredo Novoa, director de la organización no gubernamental ProNaturaleza, aseguro a IPS que "Perú no necesita proyectos energéticos en la Amazonia para cubrir su demanda".
"Hay un potencial de 22.000 mv en los Andes y otros tantos miles en la costa, ¿para qué más?", cuestionó.
Este país posee una capacidad instalada de más de 6.000 mv de diversas fuentes que cubren sin sobresaltos la demanda actual. Y se proyecta que necesitará para 2020 unos 12.000 y unos 20.000 para 2050, según Novoa.
En cambio, "Brasil, una potencia emergente, tendrá una demanda proyectada de 174.000 megavatios a 2030", insistió.
Para Cámac, Perú podría necesitar mucha más energía que esas estimaciones. En 20 años la demanda puede llegar a 25.000, indicó.
"Con el acuerdo se abre un mercado de integración, y luego se harán los estudios para encontrar un equilibrio económico entre los dos países", indicó.
De acuerdo con la explicación del viceministro, en cada central hidroeléctrica se establecerá un porcentaje fijo por 30 años para la venta de energía al país vecino, que aún no se conoce a cuánto ascenderá.
En julio de 2009, la propuesta establecida indicaba 80 por ciento para Brasil y 20 por ciento para Perú en el primer decenio. Pero ante las protestas peruanas, las cifras se eliminaron del acuerdo y se discutirán en negociaciones a puertas cerradas. El funcionario dijo que tampoco se sabe cuántas generadoras se construirán, ni en qué zonas. "Incluso podrían ser en los Andes y no en la Amazonia", aseguró a IPS.
Pero el propio Cámac ya ha señalado en foros públicos una relación de posibles proyectos en la selva para vender energía a Brasil, como pudo verificar IPS en dos archivos con presentaciones en PowerPoint elaboradas por el funcionario.
En una exposición en mayo de 2009 para un seminario internacional, el viceministro colocó en el paquete de oferta dos controvertidos proyectos.
Uno es el del río Inambari, ubicado en los límites amazónicos de las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, en el sudeste del país, que se convertiría en la hidroeléctrica más grande de Perú y la quinta en tamaño de América Latina.
El otro es el proyecto Paquitzapango en el río Ene, del central departamento de Junín, donde se concentra la población indígena asháninka.
De acuerdo con Gamboa, hay otros tres planes en cartera: Mainiqui 1 en Cusco, y Tambo 40 y Tambo 60 en Junín.
Para los cinco se ha calculado una inversión de entre 13.500 millones y 16.500 millones de dólares.
Los embalses de las centrales podrían obligar a desplazar a más de 4.000 personas en Inambari, entre indígenas y mestizos, y hasta 10.000 en Paquitzapango, la mayoría asháninkas, pueblo que sufrió el desplazamiento en el conflicto armado interno peruano (1980-2000).
El libro "Amazonia peruana en 2021", de Marc Dourojeanni, Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni, sostiene que Inambari puede ocasionar un gran impacto al ecosistema selvático por la laguna artificial que almacenará el agua de la hidroeléctrica.
Esto elevará la emisión peruana de gases de efecto invernadero en 5,9 por ciento.
"Hay costos sociales y ambientales que no están considerados. El gobierno trata de diluir los casos puntuales e insistir en que se trata de cooperación cuando en realidad es una negociación desigual", señaló Gamboa.
Las empresas que tienen a su cargo los dos proyectos principales son de capitales brasileños, mediante concesiones temporales que serían impulsadas al amparo del tratado.
El plan Inambari está en manos del consorcio Egasur, conformado por las empresas OAS y la estatal Eletrobrás Furnas, ambas brasileñas.
Paquitzapango fue concesionado a Paquitzapango Energía SAC. Detrás de ésta se encuentra la poderosa Organización Odebrecht, aseguró la abogada de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Iris Olivera.
En mayo, el gerente de proyectos de Odebrecht, Cecílio Abrão Junior, se presentó en la oficina de CARE para explicar los supuestos beneficios de la obra.
Según Olivera, el ejecutivo informó que Odebrecht está a cargo del estudio de factibilidad y que forma un consorcio con Eletrobrás y la empresa Andrade Gutiérrez.
OAS, accionista principal de Inambari, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa componen un oligopolio de la construcción de grandes obras que, financiado por el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), constituyen una punta de lanza en América Latina y África.
Detrás de estas inversiones se encuentran proveedores del vecino país porque la financiación del BNDES tiene como condición el uso de equipos e insumos brasileños.
"Esto evidencia el interés económico de Brasil para ejecutar obras utilizando la máscara de empresas constituidas en Perú", señaló Olivera.
"Perú es apenas un peón más en el tablero de ajedrez de Brasil", indicó Novoa a IPS.
Los reflectores apuntan a la represa de Inambari, que regulará el caudal del río Madre de Dios, efluente del Madeira en la selva brasileña en el que se está construyendo un complejo hidroeléctrico con múltiples represas, añadió.
Así, cuando el Madeira tenga un caudal bajo, la represa de Inambari podría contribuir a que sus turbinas sigan funcionando.
El acuerdo debe ser debatido y ratificado por el Congreso legislativo de Perú para que entre en vigencia. "Sería saludable", dijo sin más el viceministro Cámac.
