La renuncia del director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista español Carlos Castresana, profundiza el ya complejo combate contra la corrupción en este país centroamericano, advirtieron organizaciones de derechos humanos.
Castresana presentó su renuncia al cargo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quien le agradeció su gestión en la Cicig y le pidió mantenerse en el puesto mientras llega un sustituto.
Auspiciada por la ONU, esta entidad única en el mundo por sus características inició formalmente sus actividades en enero de 2008 con el mandato de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos en Guatemala, y colaborar en su desarticulación.
Al explicar su salida el lunes, el abogado español dijo que el acuerdo que dio origen a la Cicig implicaba obligaciones de la ONU y de la comunidad internacional, pero también del Estado de Guatemala, el cual "no está cumpliendo".
El funcionario había pedido al presidente de este país, el socialdemócrata Álvaro Colom, la destitución de Conrado Reyes, recién nombrado fiscal general de la nación, a quien acusó de llegar al puesto mediante pactos con abogados vinculados con narcotraficantes.
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Además, Castresana denunció una campaña de desprestigio en su contra encabezada por personajes del crimen organizado que se sentían amenazados por el trabajo de la comisión.
Estas denuncias causaron gran revuelo a nivel nacional debido al importante papel encomendado a la Cicig en un país donde 98 por ciento de los delitos quedan sin castigo.
Sólo en 2009 se cometieron 6.451 homicidios, casi 18 diarios, de los cuales apenas 230 tuvieron sentencia judicial, según la propia Cicig.
La salida del funcionario de la ONU debilita aún más el sistema de justicia debido a los "serios" señalamientos que hizo contra las autoridades. dijo a IPS, Eleonora Muralles, activista del no gubernamental Movimiento Pro Justicia.
La renuncia del director de la Cicig "deja a Guatemala en un estado de alarma, casi de calamidad en el tema de justicia, porque evidencia nuevamente la ausencia de voluntad del Estado para cumplir con las demandas de Castresana sobre leyes, apoyo a la policía, etcétera", señaló.
La Cicig, en funciones hasta el 4 de septiembre de 2011, ha solicitado el apoyo del gobierno para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y el aumento del presupuesto del sector justicia.
Asismismo, ha pedido al Poder Legislativo la aprobación de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y reformas a las leyes de amparo y antejuicio para perseguir a funcionarios corruptos en ejercicio o desvinculados. Pero sus demandas no fueron atendidas.
Sandino Asturias, director del no gubernamental Centro de Estudios de Guatemala, dijo a IPS que la salida de Castresana "es gravísima porque muestra la responsabilidad del Estado guatemalteco en incumplir los compromisos que tenía en la lucha contra la impunidad".
Asturias, junto con otra veintena de representantes de organizaciones de derechos humanos, se reunió la noche del lunes con el presidente Colom para pedirle la destitución inmediata del fiscal general y retomar todos los planteamientos hechos por la Cicig al gobierno.
El dirigente dijo que la renuncia del funcionario de la ONU es un llamado de atención a la sociedad guatemalteca de que "ni Castresana, ni Dios, ni ninguna comisión va a cambiar el país si los guatemaltecos no nos involucramos".
La llegada de la Cicig a Guatemala generó grandes expectativas en materia de justicia, gracias a su preponderante función en la fiscalización de las elecciones de fiscal general de la nación y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
También por su papel en la captura este año del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), acusado de lavado de dinero, y en el esclarecimiento del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien grabó un video responsabilizando de su eventual muerte al presidente y a altos funcionarios de gobierno.
Jorge Santos, coordinador del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, planteó a IPS que la posición que adopte el gobierno y el Poder Legislativo será clave para desarticular los aparatos clandestinos del Estado tras la salida de Castresana.
El activista mostró su preocupación porque las propuestas de la Cicig para fortalecer el sistema de justicia se continúen relegando, hecho que representa "la entronización de los grupos criminales y paralelos que han tenido secuestrado al Estado guatemalteco".
Para Claudia Samayoa, coordinadora de la no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el gobierno deberá demostrar que no tiene arreglos con ningún sector a través de la inmediata destitución del fiscal general, dijo a IPS.
Colom, en rueda de prensa y sin admitir preguntas de los periodistas, reconoció en la noche del lunes que la renuncia de Castresana "es un llamado a la conciencia de nuestro sistema de seguridad y justicia y a los tres poderes (del Estado) para reflexionar y replantear un fortalecimiento real y firme".
Además, anunció que pedirá una aclaración al nuevo fiscal general sobre las acusaciones en su contra vertidas por Castresana.
