«La pérdida de libertad de una persona no limita sus derechos fundamentales. Pero en Colombia existe la cultura de la doble pena: cárcel, con limitación de otros derechos», enfatizó a IPS la abogada Diana Sánchez, del no gubernamental Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Las críticas son similares entre presas por delitos políticos o comunes, destacan organizaciones no gubernamentales.
La situación impulsó una campaña por los Derechos y la Dignidad de las Mujeres Detenidas en Colombia que se lanzará a partir de junio y que parte de un hecho: "la privación de la libertad no significa lo mismo para hombres y mujeres por los imaginarios colectivos que recaen sobre unos y otras", detallaron los organizadores.
"Ellas cargan con el peso de la sociedad moralista que las recrimina por quebrantar la idea de mujer sumisa, cuidadora del orden, los valores y el núcleo familiar", aseguraron.
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La campaña pretende llamar la atención nacional e internacional sobre la situación de las reclusas colombianas. En este país de 45 millones de habitantes, se estima que hay 76.500 personas detenidas, de las que 4.830 son mujeres, 6,3 por ciento del total.
Son cálculos aproximados, porque el gubernamental Instituto Nacional Penitenciario no da cifras precisas, afirmó Sánchez.
El director del CSPP, Agustín Jiménez, puntualizó que como consecuencia de la política de "seguridad democrática" del gobierno del derechista presidente Álvaro Uribe, en "los últimos seis años unas 2.000 mujeres ingresaron a las cárceles por falsos judiciales".
Así se denominan las detenciones arbitrarias con que el gobierno sobredimensiona los éxitos de su línea dura contra las guerrillas izquierdistas.
María, que pidió ocultar su identidad, es uno de estos casos. Una madrugada de abril de 2005, contó a IPS, hombres armados allanaron su casa, desordenaron todo y se la llevaron con lo único que encontraron sospechoso: los trabajos de sus alumnos.
María es docente, ha sido sindicalista y simpatizante del izquierdista Polo Democrático Alternativo. "Pero nunca fui guerrillera", subrayó tajante.
Estuvo 13 días detenida en los calabozos del Departamento Administrativo de Seguridad y luego fue trasladada a una cárcel de Bogotá, donde permaneció un año, acusada de rebelión y terrorismo.
Después, en medio de un espectacular operativo de vehículos blindados y sirenas fue llevada a una ciudad que apenas conocía, para ser juzgada como "guerrillera peligrosa".
"Soy maestra, no guerrillera", respondió una y otra vez al tribunal. "Todo fue absurdo", recordó, mientras espera una conciliación con el Estado antes de decidir si lo demanda.
María permaneció 19 meses presa y luego fue liberada sin explicaciones ni disculpas.
Estuvo encarcelada como imputada, sin sentencia, igual que 33,5 de la población penitenciaria colombiana.
Mientras, el hacinamiento "ha llegado a cifras que superan el cien por ciento" de la capacidad carcelaria, agregó Jiménez.
"En una celda para dos personas se acomodan siete, además de no existir espacios para estudiar o trabajar. Así no hay resocialización sino pérdida de tiempo", anotó Sánchez.
La Corte Constitucional declaró al hacinamiento inconstitucional en 1998, lo que llevó a construir nuevos establecimientos, edificados con esquemas del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI.
"Son construcciones con dificultades de acceso al agua en los pisos altos, por ejemplo. Las mujeres tienen que subir baldes pesados, dañando su salud o promoviendo un nuevo negocio dentro de la cárcel", explicó Sánchez.
Además, se multiplicó el traslado a centros lejanos al de detención, donde están sus hijos, "produciendo profundas depresiones, con intentos o suicidios, como se vivió el año pasado en la cárcel de Valledupar", en el nororiente colombiano, agregó Jiménez.
"Esa separación es lo más doloroso", reconoció María. El menor de sus dos hijos tenía nueve años cuando fue detenida y ella todavía llora al recordar el alejamiento y la dureza de las visitas.
"Era desgarrador. No puedo olvidar la escena de una mujer de 24 años, a quien le llevaban sus niños pequeñitos, que literalmente se le pegaban a sus piernas, y la guardia tenía que arrancárselos cuando la visita acababa", contó.
Los hijos menores de tres años permanecen en la cárcel con sus madres y después son entregados a su familia, cuando la tiene, o al gubernamental Instituto de Bienestar Familiar, que puede entregarlos en adopción.
"Los niños, los más inocentes, son los más pisoteados por el Estado. Por eso no se concibe que a muchas mujeres, por delitos menores, se les niegue la casa por cárcel mientras los delincuentes de cuello blanco pasan la condena en su finca", enfatizó María.
Otro problema es el "mandato de monogamia". Cuando comienzan la reclusión, las presas indican con quien sostendrán encuentros íntimos y, al contrario del pasado, no pueden hacer cambios aunque estén recluidas décadas. "Padecen la pena adicional de mantener relaciones sexuales con la persona inscrita o con nadie", dijo Sánchez.
Porque las mujeres habitualmente apoyan y visitan a sus hombres presos durante los años que haga falta, pero los varones van tres o cuatro veces y no vuelven, explicó.
Cuando las presas denuncian su situación, su vulnerabilidad aumenta con traslados a centros más alejados o en peores condiciones, o reciben una golpiza si protestan por sus malas condiciones.
Jiménez y Sánchez destacaron entre otros problemas que soportan las reclusas el que se haya eliminado la medida que impedía la presencia de guardia masculina en cárceles femeninas, lo que propicia situaciones de acoso sexual y otros abusos.
Además, desde 2008 la atención de salud penitenciaria está en manos de una empresa estatal en liquidación, con importantes consecuencias para las reclusas.
Para impulsar soluciones, surge la campaña para recuperar la dignidad de las presas colombianas.
