El gobierno de Nicaragua descarta una crisis interna por las manifestaciones de la semana pasada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoreará la situación y vecinos afectados por la violencia prefieren guardar silencio por temor a represalias.
Partidarios del gobernante e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) protagonizaron violentas protestas el 21 y 22 de este mes para impedir que sesionaran diputados opositores que buscaban anular un decreto presidencial transitorio que extiende el mandato de al menos 25 altos cargos del Estado cuyos períodos se vencen este año.
La oposición de derecha acusa a Ortega de querer mantener en sus puestos a autoridades claves del Estado para garantizar su reelección en los comicios de noviembre del 2011.
Los choques terminaron con vehículos quemados, periodistas heridos y decenas de detenidos.
Lo de la crisis institucional "son inventos de los medios", respondió el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, consultado por la preocupación expresada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
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El coordinador del bloque del FSLN en la Asamblea Nacional legislativa, Edwin Castro, también negó que existiera una situación de caos. "¿Cuál conflicto? ¿Cuál violencia? Aquí no ocurre nada de eso", dijo a los medios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el martes un comunicado recordando al Estado nicaragüense su deber "de mantener el orden público dentro del marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos", y anunció que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos. Mientras, el silencio reina entre la población de Managua, que ha soportado varias jornadas de violencia política de los últimos tres años.
IPS recorrió barrios cercanos a los principales focos de las protestas y la mayoría de los ciudadanos que aceptaron entrevistas lo hicieron bajo solicitud de anonimato.
"No es fácil decir algo y andar tranquilo por las calles. Yo no quisiera que mañana vengan las maras (pandillas) a apedrearme la casa", dijo una mujer del barrio Los Robles, en el oeste de Managua.
Ella vive a pocas casas de la sede política del derechista y opositor Movimiento Vamos con Eduardo, que lidera el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre.
La sede fue sitiada y atacada con morteros artesanales por jóvenes, la mayoría encapuchados y portando símbolos del FSLN, cuando los dirigentes del partido se encontraban sesionando.
Las tropas antimotines de la policía lanzaron bombas lacrimógenas y los manifestantes respondieron con piedras y bombas molotov.
Muchas familias vecinas abandonaron sus casas, y dos escuelas cerraron sus puertas para no exponer a su alumnado.
"No hablamos ni a periodistas, ni a vendedores, ni a nadie", dijo una desconfiada mujer que atendía una farmacia.
En las inmediaciones del céntrico hotel Holiday Inn, foco de una de las mayores manifestaciones pues en su recinto intentaron sesionar los legisladores opositores cuando vieron bloqueado el acceso a la sede del parlamento, tampoco hubo vecinos que opinaran para IPS.
Sólo Jorge Alberto Blanco dijo que la población "tenía derecho de estar en las calles exigiendo el derecho a la reelección del presidente Daniel Ortega", quien asumió en enero de 2007, tras ganar en las urnas en noviembre de 2006 con 38 por ciento de votos.
Una habitante del barrio 380, vecina a la sede del opositor Partido Liberal Constitucionalista, dijo que después de ver por años lo que ha ocurrido a metros de su casa prefería mantener silencio.
"Aquí han caído bombas, balazos, pedradas, gases, qué cosas no han pasado, entonces si yo hablo, ¿qué puedo ganar? ¡Que me destruyan la casa!", dijo la mujer.
Ortega, con base en interpretaciones legales del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, anunció su postulación a la reelección presidencial.
La oposición derechista, liderada por Montealegre y el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), se opone a las pretensiones del veterano ex guerrillero izquierdista.
El decreto de Ortega comprende a magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Electoral, funcionarios de la Contraloría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Superintendencia de Bancos. En el transcurso de este año expiran o han expirado sus mandatos quinquenales y no existe un resorte legal para prorrogarlos mientras se eligen nuevas autoridades.
Sí es posible reelegirlos en la Asamblea. El gobierno solicitó la reelección de varios, pero no cuenta con los votos necesarios. Ante ese vacío legal, Ortega decretó la permanencia transitoria hasta que el parlamento logre acuerdo.
Para el sociólogo Cirilo Otero, el temor de la población a comentar aspectos de la vida política y democrática del país es un fenómeno que viene creciendo desde 2007 "y que aumenta lógicamente después de acciones violentas".
"La gente no se expresa libremente porque percibe que no hay tolerancia a las ideas contrarias", observó a IPS el analista social.
Otero recordó que la autocensura social se midió en una encuesta de la firma de opinión CID Gallup publicada en 2009.
En febrero de 2007, 39 por ciento de la población entrevistada respondía que se sentía "poco o nada seguro (a)" de hacer comentarios políticos, y en agosto de 2009 el porcentaje aumentó a 68 por ciento de los consultados.
Otras encuestas han medido las preferencias políticas.
Según un sondeo de la firma M&R Consultores, solicitado por el conservador diario La Prensa, 69,4 por ciento de los entrevistados dijeron que no votarían a Ortega si las elecciones fuesen "hoy" (26 de abril), mientras 59,9 por ciento de los consultados dijeron creer que los funcionarios cuyo periodo haya finalizado deben abandonar sus puestos.
Pero otra encuesta, de la firma Consulta Siglo Nuevo y publicada por medios oficialistas, señala que 50,1 por ciento de la ciudadanía respalda la gestión de Ortega y 44,5 por ciento votaría porque siga en el poder.
