El litigio de una comunidad indígena del norte argentino con el gobierno por una obra inconsulta que inundó la mitad de su territorio revela que los títulos de propiedad no alcanzan para frenar una histórica marginación.
"El Descanso" es una de las comunidades del pueblo pilagá en la provincia de Formosa, noreste de Argentina, que se ubica junto al bañado La Estrella, un humedal de 400.000 hectáreas que experimenta crecidas periódicas durante el año.
En 1997 el gobierno provincial inició la construcción del canal del Río del Norte para derivar agua del bañado a otras zonas pobladas. Pero la obra no logró su cometido y además anegó 1.000 hectáreas de las 2.500 que tiene el territorio pilagá.
La inundación, antes natural y temporaria, tiende a ser permanente y afectó la biodiversidad local, provocando una merma de los recursos naturales que necesitan los indígenas para sobrevivir.
"Los técnicos entraron a nuestra comunidad e hicieron sus mediciones delante nuestro como si fueran dueños del lugar, pero nosotros tenemos títulos, alambrados y animales", explicó César Salazar, líder de la comunidad.
Los indígenas presentaron una denuncia judicial en 2001, pero no consiguieron nada. La controversia se planteó en Buenos Aires en el marco del lanzamiento del informe "Exigimos respeto. Argentina: Los derechos de los pilagá del bañado La Estrella".
El trabajo estuvo a cargo de la filial nacional de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y de los propios habitantes de El Descanso, situado 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Según el estudio, la comunidad cuenta con "unas 130 personas, pertenecientes a 13 familias nucleares que, a su vez, forman parte de seis familias extendidas".
La violación de sus derechos constituye un "caso testigo que evidencia la desprotección y discriminación en la que viven los indígenas en Argentina", dijo la directora ejecutiva de AI Argentina, Gabriela Boada.
En este país austral de América del Sur con más de 40 millones de habitantes, unas 600.000 personas se reconocen indígenas. De una treintena de pueblos, los más numerosos son el mapuche, el kolla y el toba, según datos del gubernamental Instituto de Asuntos Indígenas.
Los pilagás son 6.000, contando las comunidades de Formosa y el vecino Chaco.
La violencia y explotación a la que fueron sometidos los miembros de El Descanso, dice el libro, "es solo un ejemplo del círculo de discriminación, exclusión, silenciamiento e inseguridad que mantiene a los indígenas en la pobreza y alimenta la violación de sus derechos humanos".
La abogada de los pilagás, Roxana Silva, explicó a IPS que la demanda contra el Estado provincial por avanzar en forma inconsulta en la realización de las obras se inició hace nueve años y desde entonces solo hubo una audiencia.
La comunidad pide una reparación por las hectáreas anegadas, donde estaban el cementerio, la escuela, el centro comunitario y las viviendas de siete familias. Pero hasta ahora no lograron que la jueza realice una inspección ocular en el sitio. "Evidentemente, los títulos de propiedad que tiene esta comunidad no les garantiza el derecho a las tierras", concluyó la abogada, que pertenece al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen.
En este caso, el gobierno "violó el derecho de la comunidad a dar su consentimiento previo, libre e informado", un beneficio protegido por la carta magna y por los tratados internacionales incorporados por este país a la misma letra de la constitución, dice AI.
En el lanzamiento del informe, Saturnino Miranda, delegado de la Federación del Pueblo Pilagá, que agrupa a 20 comunidades, denunció que el Estado les reconoce sus títulos y sus tierras "pero al no consultarnos, nos atropella y busca debilitarnos".
Denunció que los más activos miembros de la comunidad, y algunos colaboradores, como la abogada Silva, sufren todo tipo de amenazas, hostigamientos y promesas falsas de soluciones que nunca llegan.
Miranda explicitó que los derechos de los pueblos originarios no están por encima de los derechos de cualquier argentino, "pero exigimos igualdad" y un pronto pronunciamiento de la justicia, remarcó.
"Si seguimos esperando, de aquí a 50 años, aunque tengamos los títulos, no tendremos la tierra y sin tierra no hay alimentos, ni salud ni educación", advirtió.
Los representantes de la comunidad revelaron cómo cambió su vida luego del canal. No sólo su economía se vio afectada —muchos deben ir en busca de un empleo fuera de la comunidad—, sino también su hábitat y calidad de vida.
"Antes teníamos acceso fácil para traer pescado del bañado. Las mujeres iban temprano a buscar cogollo de palma y algarroba para el almuerzo", contó a IPS Oscar Florico, de El Descanso.
Con el terraplén que construyó la dirección de Recursos Hídricos en el bañado, sin un estudio de impacto ambiental y sin la consulta de los afectados, el curso de agua y los bosques se volvieron prácticamente inaccesibles. "Los algarrobos se marchitaron y los animales murieron. Mi familia tenía 100 cabras y ahora tiene 15 porque la zona de pastura quedó bajo el agua", reveló.
"Estamos hundidos en la tristeza. No sabemos si vivir o morir. No encontramos salida", definió Florico.
Pero la reducción del territorio tiene también un impacto en la salud. Aunque no tenían cerca una sala de primeros auxilios, los pilagá se defendían con su medicina natural, que ahora se ve acorralada por el agua.
"El objetivo nuestro es que se repare lo que hicieron", dijo a IPS Salazar.
"Tienen que arreglar los alambrados que destruyeron, compensar las 1.000 hectáreas que se inundan y sobre todo que haya consulta, porque así podemos decir lo nuestro", concluyó.
