La aplicación de leyes mordaza, las amenazas, el exilio, los atentados y los primeros asesinatos marcaron en los últimos años el ejercicio del periodismo en Honduras. Pero nunca había pasado que cinco reporteros fueran abatidos en un mes.
La muerte en marzo de cuatro periodistas en el interior del país y uno en Tegucigalpa detonó alertas nacionales e internacionales.
Honduras es un país violento, lo que lo hermana con otros vecinos de América Central. A diario se denuncian unas 14 muertes atribuidas en general al crimen organizado. Los cuerpos aparecen torturados, atados de pies y manos.
Pero el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró ese escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo.
Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.
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"Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad", dijo a IPS el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.
El gobierno de Lobo tiene obligación "de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes", pues "entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado", subrayó.
La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, consideró que "ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada", dijo a IPS.
El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del pasante de periodismo de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa.
Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que reportaba desde allí para el noticiero nocturno de la capitalina emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.
En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009).
Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Pero con el atentado de marzo, "la investigación ha cobrado nuevo rumbo cuyas pistas no podemos revelar", dijo a IPS el portavoz policial Leonel Sauceda.
Cabrera se encuentra "autoexiliada" en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que "no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada", pero no identificó de dónde proceden esas amenazas. La embajada de Estados Unidos le ofreció asilo.
El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza fue muerto a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba.
Meza reportaba para la emisora capitalina Radio América y para el noticiero de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional.
Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo a IPS que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa noticioso.
"Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero", dijo Custodio.
El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón, sobre el océano Atlántico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida.
Palacio había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe.
El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.
Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos comunicadores rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico, según dijeron a IPS fuentes periodísticas que pidieron anonimato.
Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo a IPS que "si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril".
Álvarez añadió que se ofrecen recompensas "a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo".
El lunes 29 en un comunicado, el gobierno de Francia condenó "estos hechos y pide al gobierno hondureño garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular la seguridad de los periodistas".
Reacciones similares tuvieron Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de la Prensa y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales.
HRW dirigió el 3 marzo una carta al fiscal general Luis Alberto Rubí solicitándole investigar asesinatos, violaciones sexuales, torturas, secuestros y agresiones contra miembros del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado.
