Los consumidores mexicanos se enfrentan a una coyuntura marcada por alzas en los precios de productos básicos, recesión económica e indefensión ante abusos cometidos por proveedores de bienes y servicios.
Ese será el menú que organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los consumidores de todo el país analizarán en su primera convención nacional a realizarse este sábado en la capital mexicana.
"Queremos construir la agenda nacional de los consumidores, para enfrentar las prácticas monopólicas o los servicios que no se cumplen como se ofrecen", dijo a IPS la activista Dolores Rojas, coordinadora de campañas de la oficina mexicana de la organización no gubernamental Oxfam, una de las responsables de la convención.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), surgida en 1976 y adscrita a la Secretaría (ministerio) de Economía, es la encargada de velar por los derechos de los usuarios de bienes y servicios, pero su marco legal no le da colmillos filosos para perseguir penalmente a quienes no respetan esas garantías.
"Hay un traslado de recursos importante de los consumidores a los grandes consorcios de la industria alimenticia, en la que un grupo tiene el control del mercado", señaló a IPS el presidente de la Fundación El Barzón, Alfonso Ramírez, que reúne a productores agropecuarios, comerciantes, industriales y prestadores de servicios.
El Barzón es otro de los convocantes a la reunión, previa a la celebración del Día Mundial del Consumidor el 15 de este mes.
Esta organización de usuarios de servicios financieros nació luego de la crisis bancaria de 1995, que pulverizó los ahorros de muchos titulares de cuentas corrientes.
En febrero, México registró una inflación mensual de 0,58 por ciento, la más alta para un periodo similar en seis años, presionada por incrementos en los precios de frutas, verduras y servicios públicos.
En 2009 la economía mexicana, la más afectada en América Latina por la crisis financiera originada en el vecino Estados Unidos, se contrajo en seis por ciento.
Más de 400.000 personas perdieron el empleo. Se estima que unos 48 millones de personas, de los 107 millones de habitantes de esta nación norteamericana, viven en situación de pobreza.
Sin embargo, los mayores dueños de la riqueza no fueron afectados. Al contrario, aumentaron sus fortunas, como lo demuestra el listado mundial de magnates difundido por la revista estadounidense Forbes.
El mexicano Carlos Slim escaló al sitial de hombre más rico del mundo, con un capital de 53.500 millones de dólares, con el cual superó al estadounidense Bill Gates, ex presidente de la fabricante de programas de computación Microsoft, y al también estadounidense Warren Buffett, un inversionista especulador.
Los nueve millonarios mexicanos incluidos en la clasificación aumentaron sus caudales en 63 por ciento, al pasar de los 55.100 millones de dólares reportados en el ranking de 2009 a los actuales 90.300 millones, según estimaciones de la revista financiera El Semanario.
Entre esos magnates figuran Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga, los dueños de las dos mayores cadenas privadas de la televisión mexicana que monopolizan la pantalla. Además, Forbes incluyó en su lista a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el capo del narcotraficante Cartel de Sinaloa, con una riqueza de 1.000 millones de dólares.
"Hay una relación directa entre esa riqueza y las prácticas monopólicas", analizó Ramírez.
Slim es dueño de la mayor empresa de telefonía residencial y móvil de América Latina, Telmex, declarada dominante en México por la Comisión Federal de Competencia (CFC), el mayor órgano regulador en la materia. También posee cadenas de restaurantes y una constructora de infraestructura.
De hecho, en 2010 se conmemora el 20 aniversario de la privatización de la empresa Teléfonos de México, adquirida por Slim, y los 15 años de la apertura del mercado del servicio telefónico de larga distancia.
Anualmente, cada familia mexicana transfiere unos 5.700 dólares a las arcas de las corporaciones monopólicas, especialmente en rubros como las telecomunicaciones, las finanzas y la energía, según cifras de la CFC.
En la edición 2009 del reporte "Panorama de las comunicaciones", la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México tiene los servicios de Internet por banda ancha y de telefonía residencial y celular más caros de la treintena de países que la integran.
Precisamente, en estos dos sectores las empresas de Slim detentan la hegemonía.
La OCDE, con sede en París, aglutina entre sus 31 miembros a las naciones más desarrolladas del planeta. Los miembros latinoamericanos son México y, desde enero, Chile.
En diciembre, el Senado mexicano aprobó un proyecto de reforma al artículo 17 de la Constitución para abrir la puerta a las demandas colectivas de los consumidores, como se estila en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Uruguay.
La variante facilita el acceso a la justicia de un grupo a través de la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales. Por ejemplo, si un perjudicado entabla una querella contra alguna empresa, el fallo abarcaría a todos los afectados.
"En México se tuvo un gran adelanto con la creación de la Profeco, pero nos hemos quedado retrasados con las acciones colectivas, por ejemplo", dijo a IPS el profesor José Ovalle, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Los cambios legales están en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, tras aprobar un dictamen favorable, lo trasladaría al pleno del Congreso legislativo para su validación final en el primer semestre de este año.
Luego pasaría a los parlamentos estaduales, a modo de sumar un mínimo de 17 aprobaciones para que la reforma constitucional cobre vigor.
"Los consumidores tenemos un gran poder, porque decidimos qué consumimos. Queremos que prevalezca el interés público sobre los intereses empresariales", señaló a IPS Alejandro Calvillo, presidente de la no gubernamental El Poder del Consumidor, también organizadora de la convención de este sábado.
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992 regula las acciones de grupo, pero sólo faculta a la Profeco a promoverlas y no a los consumidores directamente perjudicados. En las últimas décadas, el ente vigilante sólo ha aplicado esta facultad a lo sumo en tres ocasiones.
Además, está en ciernes una transformación de la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, que contendría disposiciones contra los monopolios y un endurecimiento de las sanciones existentes.
En febrero, la CFC estipuló una multa de unos 11 millones de dólares para seis compañías farmacéuticas por ponerse de acuerdo para ganar las licitaciones convocadas por la seguridad social mexicana y venderle sus medicamentos a precios inflados entre 2003 y 2006.
"Es una reforma necesaria. Tiene que darle legitimación o facultades a los consumidores o a las organizaciones de consumidores para que puedan ejercer acciones directamente ante los tribunales", planteó Ovalle.
