Un proyecto de ley presentado en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos obligaría al gobierno de este país a un compromiso mayor en la lucha contra la violencia que sufren mujeres de todo el mundo.
El texto de la propuesta prevé destinar 1.000 millones de dólares durante cinco años y autoriza la ejecución de programas en un mínimo de 10 y un máximo de 20 países que presenten graves índices de violencia contra mujeres y niñas.
El proyecto de Ley sobre la Violencia Internacional contra las Mujeres (I-VAWA, por sus siglas en inglés), presentado el jueves en el Congreso legislativo, podría convertir el problema en una prioridad de Washington y fortalecer su política exterior y sus planes de asistencia internacional.
Varias agencias y organizaciones no gubernamentales divulgaron comunicados a favor del proyecto de ley bipartidista, como Amnistía Internacional, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y Women Thrive Worldwide (mujeres prosperan en el mundo), entre otras.
"Niñas y mujeres sufren todos los días episodios de violencia indescriptibles en todas partes del mundo", señaló Ann M. Veneman, directora ejecutiva de Unicef.
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"Violación, explotación sexual, otro tipo de abusos físicos son situaciones cotidianas y delitos que con demasiada asiduidad permanecen impunes. La I-VAWA es una medida importante para atender la violencia de género y para proteger los derechos de las mujeres y las niñas", añadió.
Entre los senadores que apoyan el proyecto se cuentan, por el gobernante Partido Demócrata, John Kerry y Barbara Boxer, y por el opositor Republicano, Olympia Snowe y Susan Collins.
En la Cámara de Representantes, sus principales promotores fueron los demócratas Bill Delahunt y Jan Schakowsky y el republicano Ted Poe.
"Las sociedades cuyas mujeres estén seguras y puedan cumplir sus aspiraciones y mejorar sus comunidades son más sanas y más estables", señaló Kerry.
"Este proyecto protegerá a las mujeres en todas partes. Promover esos valores también es una forma efectiva y rentable de alcanzar los objetivos de Estados Unidos en materia de asistencia extranjera así como fortalecer nuestra seguridad nacional", añadió.
"Cuando la comunidad internacional se esfuerza por responder a conflictos y crisis humanitarias, como el devastador terremoto en Haití del mes pasado, es fundamental que prestemos una cuidadosa atención a las poblaciones más vulnerables a la violencia y a los abusos", indicó Snowe.
La violencia contra las mujeres incluye desde el uso de la violación como arma de guerra hasta abusos conyugales, agresiones vinculadas a la dote y prostitución forzada.
"Debemos tener políticas que mejoren las oportunidades económicas y educativas de las mujeres y crear conciencia al respecto entre hombres y mujeres", indicó por su parte el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Philip J. Crowley, en una declaración que puede leerse en el sitio de Internet.
La norma apunta a mejorar la protección legal y a aumentar la capacidad del sistema de salud para responder a la violencia sexual y de género.
Hasta ahora, las leyes vinculadas a la violencia contra las mujeres se concentraban en cuestiones específicas como el matrimonio precoz, la trata de personas o asuntos vinculados a la educación.
Es la primera vez que se presenta un proyecto de ley al Congreso que incorpora de forma integral la protección legal, económica y de salud de las mujeres a los programas de asistencia extranjera de este país.
Los programas apuntarán a promover oportunidades económicas, atenderán cuestiones de violencia contra niñas y adolescentes en la escuela y se propondrán cambiar actitudes que están en el origen del problema, entre otras estrategias, según el resumen del proyecto de ley.
De aprobarse, sus implicancias pueden llegar a ser mucho mayores, pues el gobierno estadounidense deberá responder por graves brotes de violencia de género en conflictos armados, como el genocidio de Ruanda de 1994, o las violaciones masivas que se comenten hoy en la República Democrática del Congo.
En la redacción del proyecto participaron instituciones como la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Family Violence Prevention Fund (fondo para la prevención de la violencia familiar) y Women Thrive Worldwide. Además, los legisladores se asesoraron con varias organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
"Las circunstancias son desfavorables para las mujeres en muchos ámbitos", señaló Meghan Rhoad, investigadora de la división Derechos de las Mujeres de la organización humanitaria Human Rights Watch. "El proyecto es una oportunidad para realizar cambios que marquen una verdadera diferencia".
"Conmueve que haya un proyecto tan esperanzador sobre un asunto que causa tanto sufrimiento y socava el desarrollo social y económico en muchas partes del mundo", añadió.
