La intención es extender el plazo de funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo a IPS el presidente de ese país, Álvaro Colom, durante su vista de tres días a Estados Unidos, que finalizó este jueves.
En Washington, el socialdemócrata Colom se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, intervino ante el Consejo Permanente de este foro continental y se entrevistó con la Secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton.
IPS: Usted habló en la OEA sobre el trabajo de la Cicig. ¿Cuánto tiempo cree que ésta demorará en lograr lo que usted se propone?
ALVARO COLOM: Yo quisiera que fuera poco tiempo. Pero hablando con honestidad creo que va a ser necesario más de un año y siete meses (que es lo que le queda de funcionamiento). Es un aporte importante al país. No es fácil para un gobierno luchar contra la impunidad en un país impune, pero mi voluntad es total por la justicia y la seguridad.
Creo que en los próximos tres o cuatro meses el Ministerio Público (fiscalía) y la Cicig van a resolver varios casos muy complejos, que serán un ejemplo para que la impunidad se reduzca. Concretamente, creo que hay mucho por trabajar.
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Lo más importante de la Cicig es que la experiencia no se vaya con ella, sino que se quede en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio de Gobernación.
IPS: ¿Cuánto tiempo más cree que le llevará a la Cicig terminar el trabajo de manera que usted considere satisfactorio?
AC: El mandato termina en septiembre de 2011, pero no sería suficiente tiempo.
IPS: ¿Tratará de ampliar su funcionamiento?
AC: Correcto.
IPS: Usted tendrá que elegir un fiscal en mayo. ¿Qué perfil debe tener la persona indicada y cuán transparente será ese proceso?
AC: El proceso legal ya empezó. La Comisión de Postulación, integrada por la Corte Suprema de Justicia, las facultades de derecho de las universidades y el Colegio de Abogados, elaborará un listado de seis abogados o abogadas y yo luego deberé escoger uno.
El gran trabajo de transparencia lo maneja la Comisión de Postulación. Yo sólo selecciono de entre los seis. Francamente, el próximo fiscal será una persona que facilite e impulse los adelantos de la Cicig, que profundice la depuración del Ministerio Público y que aproveche la independencia que yo le doy al Fiscal General. Creo que no era así antes.
IPS: Hace poco se divulgó un posible caso de corrupción, que involucra a una compañía petrolera, a la policía y al Ministerio del Interior. ¿Qué medidas tomará para combatir ese flagelo?
AC: En este caso particular empezó una investigación muy profunda pues fue un señalamiento muy complicado. De hecho, la denuncia salió del propio gobierno.
Hasta el lunes, 90 por ciento de los recursos ya se habían localizado y efectivamente se los había usado para la compra de gasolina. Pero faltaba el resto y sobre eso es que se hace un proceso de revisión.
IPS: Hay otra investigación en curso sobre el desvío, en el que habrían participado militares en actividad y retirados, de unas 600 armas del ejército para el grupo Los Zetas (fuerza de choque del narcotráfico mexicano conformada por ex soldados de ese país y de Guatemala).
AC: La denuncia de la fuga de armamento del ejército la hizo el propio ministro de la Defensa (Abraham Valenzuela). Y ahí la intención nuestra, obviamente, es llegar hasta las últimas consecuencias.
Este robo de armamento hay que verlo en tres etapas. La mayor fue en los últimos dos años del gobierno anterior. Una menor, bastante menor, a fines de 2008. Y una muy pequeña hace una semana. De ocho o nueve fusiles fueron rescatados seis. Pero lo grande, lo fuerte, fue en 2006 y 2007. Y la intención es acabar con ese tipo de prácticas.
IPS: Usted creó en marzo de 2009 la Comisión para Desclasificar Archivos Militares, integrada por delegados del Ministerio de Defensa, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y tres secretarías diferentes, con la misión de entregar al presidente los documentos secretos de 1954 a 1996. ¿Una vez que finalice su labor, esos papeles serán de carácter público?
AC: La desclasificación de archivos militares ha sido un tabú en Guatemala. Cuando la cúpula actual de las Fuerzas Armadas fue nombrada el 21 de diciembre de 2008, una de las condiciones que impusimos era iniciar el proceso para develar los documentos secretos.
Con ello se están rompiendo tabúes, paradigmas. En la Comisión todavía se habla de la delegación civil y la militar. La semana pasada comenzó la revisión física de los archivos. Este año ha servido para ordenar y clasificar. Yo esperaría que en los próximos meses empecemos a liberar, a desclasificar archivos.
IPS: ¿Tiene previsto desclasificarlos todos?
AC: Yo diría que Guatemala ahora no tiene amenazas de invasiones, de guerra. Lo que sí tenemos son heridas abiertas de la guerra (interna de 1960 a 1996). Todo lo que sea desclasificación de estos archivos, así como de la Policía Nacional, que ya son públicos, deben verse con muchísima madurez y con un profundo espíritu de reconciliación.
En mi opinión, y por el pasado de mi familia paterna, hasta el año 82, era la Policía Nacional la que hacía el trabajo sucio. Esos archivos ya están libres. Queda un tramo ahí pequeño, de 1982 a 1986, porque fue cuando cambió, ahí no fue la policía. Hay que tener paciencia para que la desclasificación sea mayor.
IPS: La Unidad de Protección de los Derechos Humanos de Guatemala registró el año pasado la cifra récord de 353 ataques contra activistas, incluidos 15 asesinatos. Muy pocos fueron investigados, lo que los pone en riesgo por hacer su trabajo. En los dos años de gestión que le quedan, ¿qué medidas tomará al respecto?
AC: Yo estoy informado de esos señalamientos. Obviamente, mi gobierno no tiene una política de represión y ataque a ningún sector. Pero sí recibí un país en un estado de violencia impresionante. No se ha salvado de ser víctima ningún sector, sindical, de derechos humanos.
Hemos logrado consolidar una oficina de cultura de derechos humanos en el Ministerio de Gobernación. Hay casos de abusos de derechos humanos que se están resolviendo. Hay una sentencia por la masacre de El Jute (acción militar que terminó con ocho personas desaparecidas en 1981 en la aldea de ese nombre), eso es histórico. Y vienen otros casos. Eso debería oxigenar muchísimo el respeto a los derechos humanos.
IPS: La ONU advirtió a Guatemala que no logrará cumplir los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) y que la sequía y otras consecuencias del cambio climático en su país contribuyen a perpetuar la pobreza y el hambre.
AC: Creo que mi gobierno en dos años ha transformado en positivos los indicadores sociales. Hemos aceptado y tratado el problema estructural de la pobreza y desnutrición, con total realismo. Siempre se ocultaron políticamente. Igual que la amenaza del cambio climático.
Es un reto de la humanidad, pero en Guatemala hay verdaderos riesgos y amenazas por el cambio climático, uno de ellos es la sequía.
IPS: El ejército está participando cada vez más en la Iniciativa Mérida (plan antidrogas estadounidense para México y América Central) y en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. ¿Le preocupa que esos asuntos estén cada vez más militarizados?
AC: El rol del ejército es de control territorial. Colabora con la Policía Nacional Civil. Pero yo estoy convencido de que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser integral, en la parte social, en la parte de seguridad, en la parte de justicia, programas con la juventud, que los tenemos, falta todavía, pero los tenemos.
