Grupos de estudiantes salieron este lunes a las calles de varias ciudades de Venezuela para protestar por la suspensión de las emisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), de línea editorial opositora y que desde 2007 transmite exclusivamente por el sistema de suscripciones.
"Libertad, libertad", y "el primer cierre fue locura, el segundo es dictadura", gritaban los manifestantes al dirigirse hacia la sede capitalina de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que el 22 de enero ordenó a las empresas de televisión paga suprimir la señal de RCTV en su parrilla de programación.
RCTV transmitió por señal abierta desde que se creó en 1953 y fue por décadas la emisora más popular de Venezuela, pero su licencia no le fue renovada en 2007, tras acusarle el presidente Hugo Chávez de ser "un canal golpista". Tras ello, debió reconvertirse en una estación por abonados.
Frente a la sede de Conatel se apostaron militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes de que se encontrasen los dos grupos rivales, la policía intervino con disparos al aire y bombas lacrimógenas contra la manifestación estudiantil, para disolverla. Estudiantes universitarios y secundarios que bloquearon la vía que une la capital con las ciudades-dormitorio hacia el este también fueron dispersados con perdigones y gases, con un saldo de ocho lesionados, según las autoridades de la privada Universidad Santa María.
En la ciudad de Barcelona, 300 kilómetros al oeste de Caracas, la policía dispersó una demostración con perdigones y gases lacrimógenos. Reportes de otra media docena de capitales de provincia daban cuenta de protestas similares pero sin incidentes.
En la víspera, jóvenes exhibieron carteles con el logotipo de RCTV en el estadio de béisbol de la capital venezolana, en un partido de la serie final entre los populares clubes Caracas y Magallanes, y desplegaron una pancarta contra el presidente Chávez con una expresión típica de un revés en la jerga de ese deporte: "tás ponchao".
Los sindicatos de la prensa y organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de comunicación se declararon en emergencia ante lo que consideran, como el conjunto de la oposición política venezolana, un "segundo cierre" de RCTV, aunque el gobierno subraya que se ha limitado al cumplimiento de la ley sin exclusiones.
De las 188 televisoras que pueden ser vistas mediante suscripción, 24 nacionales y 164 internacionales según Conatel, RCTV era, de lejos, la de mayor audiencia y se presentaba como internacional, pero las normas gubernamentales, dictadas el 22 de diciembre, la declararon del tipo nacional.
Mientras los canales internacionales presentan contenidos o publicidad con escasas restricciones, los nacionales están obligados a transmitir las cadenas de radio y televisión, con las frecuentes y a menudo prolongadas alocuciones del presidente Chávez, y a cumplir la ley de responsabilidad social para los medios audiovisuales.
Esta norma restringe horarios para transmitir programas dirigidos al público adulto, limita el tiempo de las telenovelas, obliga a transmitir el himno nacional a horas fijas así como mensajes institucionales que envíe el gobierno, y a enunciar el tipo de programa y los contenidos (A, B, C o D) de sexo o violencia que contienen, antes de cada emisión.
Además, según las normas de Conatel, en la televisión por suscripción un canal nacional puede transmitir publicidad sólo al concluir completamente cada programa.
"Eso nos dejaría sin posibilidades de financiamiento para funcionar, porque ningún anunciante nos preferiría frente a los canales de señal abierta", dijo el presidente de RCTV, Marcel Granier.
Puso como ejemplo la transmisión de un partido de béisbol, que suele durar varias horas y se divide en nueve innings (entradas). "¿Quién va a anunciar con nosotros sólo al final del juego si con la competencia puede anunciar al término de cada entrada e incluso durante las pausas que se producen dentro de un mismo inning?"
En opinión de Granier, las normas de Conatel "fueron redactadas con nombre y apellido, contra RCTV, y para favorecer a quien ocupó los espacios que debimos dejar desde 2007", en alusión a Venevisión, la otra tradicional empresa de televisión privada.
Venevisión es propiedad del magnate Gustavo Cisneros, acérrimo opositor a Chávez hasta 2002. Luego, una reunión con el mandatario y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) se tradujo en un "pacto de no agresión" y la televisora de su propiedad asumió una línea editorial políticamente equidistante.
RCTV solicitó un amparo al Tribunal Supremo de Justicia, al que presentó lo que considera evidencias de su carácter de televisora de tipo internacional, así como el reclamo porque se le apliquen con retroactividad las normas de Conatel.
El ente estatal dictó sus normas el 22 de diciembre, pero evaluó un período previo de varios meses para determinar si un canal calificaba como nacional o internacional.
Diosdado Cabello, ministro de Vivienda, presidente de Conatel y uno de los más cercanos colaboradores de Chávez, destacó en varias intervenciones que "el gobierno no ha cerrado ningún canal, simplemente cumplimos la ley y si una televisora nacional rehúsa acatar la ley debe salir de la parrilla de las operadoras de TV por cable".
"No podemos hacer una excepción con los señoritos que no quieran cumplir la ley", insistió Cabello, y ofreció a los canales fuera de las "parrillas", como RCTV, recuperar su presencia si firman un caución a modo de compromiso público y se someten a un examen durante cuatro meses.
En una breve mención al tema durante su maratónico programa dominical "Aló Presidente", Chávez dijo que "canal que no vaya (a Conatel) no podrá volver al aire".
Entre otras televisoras suspendidas por órdenes de Conatel está TV Chile, aunque no se han divulgado los incumplimientos en que habría incurrido.
Parlamentarios chilenos protestaron. El representante oficialista Jorge Tarud deploró la medida como "atentado a la libertad de expresión y de prensa" y el opositor Víctor Pérez dijo que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, debería llamar a consultas a su embajador en Caracas, Claudio Herrera.
Organizaciones venezolanas como el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa crearon con grupos no gubernamentales del área de comunicaciones una alianza en defensa de la libertad de expresión, que consideran amenazada.
"No es posible que los venezolanos no podamos elegir cuál canal de televisión ver, cuál radio escuchar, cuál periódico leer, sino que eso lo decida una sola voluntad, la del presidente de la República. Se pretende instaurar la voz del amo", dijo a IPS el presidente del Colegio de Periodistas, William Echeverría.
Oscar Lucien, profesor de postgrado en Comunicación Social y responsable de la no gubernamental Ciudadanía Activa, señaló a IPS que, "a pesar de los laberintos legales, la lectura es política, no sólo por la línea opositora de RCTV, sino porque el gobierno no logra captar sintonía con las decenas de medios que tiene a su disposición".
"En el futuro veremos más acciones de este tipo, de restricción de los espacios para la expresión disidente, porque el gobierno ha confesado su intención de alcanzar una hegemonía comunicacional", a menos que la sociedad se lo impida", dijo Lucien.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró la salida del aire de algunas estaciones de televisión porque "se profundiza el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela".
El embajador venezolano ante la Organización de los Estados Americanos, Roy Chaderton, criticó "la premura de la Comisión cuando se trata de difamar al gobierno de Venezuela y complacer a la derecha interamericana".
También este lunes Francia expresó su preocupación por la medida que sacó del aire a RCTV. "Esperamos enérgicamente que las autoridades venezolanas den marcha atrás rápidamente a su decisión" indicó el portavoz de la cancillería francesa, Bernard Valero.
