La devastación causada por el terremoto en Haití puso sobre el tapete la amenaza de otro posible desastre natural: el aumento en el nivel de los mares podría borrar del mapa a los pequeños estados insulares, desatando emigraciones masivas.
Pero, contrariamente a los informes iniciales, Maldivas, país conformado por un archipiélago en el océano Índico, no tiene planes de reubicar a sus 300.000 habitantes ni de comprar tierra en países vecinos.
"Maldivas no tiene planes de reubicación y nunca consideramos la reubicación a otro país, ni a uno vecino ni a otra área", dijo tajante a IPS el representante permanente de esa nación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Abdul Ghafoor Mohamed.
Sin embargo, los Pequeños Estados Insulares y en Desarrollo del Pacífico (PSIDS, por sus siglas en inglés), que incluye a países como Fiji, Palau, Islas Marshall, Naurú y Tuvalu, no han descartado la posibilidad de reubicar a sus habitantes ante un desastre.
El embajador Stuart Beck, de Palau, dijo que el desplazamiento a un tercer país "podría ser la única opción si el cambio climático continúa al ritmo actual o aumenta, sin una significativa y urgente mitigación por parte de la comunidad internacional".
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Mientras, cientos de haitianos han buscado refugio en la vecina República Dominicana. El terremoto pudo haber matado a cientos de miles de personas.
Consultado sobre esto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon dijo a periodistas estar al tanto de que el gobierno dominicano "intenta alojar a la mayoría posible" de personas, y señaló que los funcionarios de Santo Domingo "han sido muy generosos".
Poco después de haber sido elegido en octubre de 2008, el presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, propuso la creación de un fondo soberano para comprar tierras con el fin de reubicar a sus compatriotas en caso de un desastre provocado por el recalentamiento planetario.
Pero su enviado en la ONU explicó que el mandatario en realidad sólo quería mostrar claramente la gravedad de la situación para países como Maldivas.
Desde entonces, Nasheed reiteró muchas veces que las Maldivas "ni deseaba ni planeaba una reubicación".
"Sin embargo, su declaración sobre la creación de un fondo soberano tenía el efecto deseado de aumentar la toma de conciencia en la comunidad internacional sobre la dura realidad que Maldivas, junto a muchos otros pequeños países insulares, afronta con la miríada de desafíos del cambio climático", dijo Mohamed.
La Organización Internacional para las Migraciones predijo que, en el peor escenario, por lo menos 50 millones de 350 millones de personas tendrían que migrar de sus países insulares para sobrevivir a una catástrofe causada por el recalentamiento planetario.
El embajador Beck, de Palau, citó un análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señalando que, si bien el derecho internacional no es claro, algunas personas obligadas a migrar por el cambio climático podrían ser protegidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados, de 1951.
"Aunque, otras podrían no calificar para esa protección", reconoció.
"Hay poco interés en expandir la Convención para explícitamente incluir a los desplazados por el cambio climático", dijo Beck.
Hubo informes no confirmados de que países como Australia o Nueva Zelanda estarían considerando proveer hogar a habitantes de los PSIDS, considerándolos "refugiados ambientales".
Pero el enviado de Maldivas dijo a IPS no estar al tanto de ningún estado insular que haya firmado un acuerdo con un país vecino.
"Aun si se firmara un acuerdo entre una nación isleña y otro país, esto plantearía varios temas referidos al derecho internacional, soberanía, estatus, membresía de la ONU, etcétera", indicó.
"¿Estas personas son reubicadas como una nación o como refugiados individuales que están sometidos a una nación anfitriona como sus propios ciudadanos, o gozarían de derechos soberanos? ¿Seguirían teniendo derecho sobre el territorio o la tierra que abandonaron? Si no, ¿quién lo tendrá?", preguntó.
El destino de estas pequeños países insulares estará en la agenda de dos importantes conferencias internacionales destinadas a elaborar el borrador de un acuerdo legalmente vinculante contra el cambio climático: la primera se realizará en junio en Alemania y la segunda en noviembre en México.
