La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia inicia su andadura con una participación femenina inédita de 28 por ciento y las legisladoras han comenzado ya a batallar para que las mujeres conquisten la mitad de los cargos del gobierno, la justicia y el parlamento.
Una señal del nuevo peso femenino fue la elección el martes de Ana María Romero como la primera mujer en la historia parlamentaria de este país andino que presidirá el Senado, en una escogencia que el reelecto presidente Evo Morales destacó como un paso a la paridad de género en los poderes públicos.
La bicameral Asamblea Plurinacional es el nuevo Poder Legislativo que sustituye al Congreso que operó por 184 años, al aplicarse la Constitución vigente desde hace 11 meses y que ha reconstruido el Estado boliviano, emanada de una Asamblea Constituyente donde las mujeres tuvieron 33 por ciento de participación.
Romero, de la bancada del gobernante e izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), resultó elegida por 35 de los 36 senadores, 10 de los cuales son de la oposición, lo que evidenció el consenso que despierta la veterana periodista y primera defensora del Pueblo que tuvo el país (1998-2003), otra cualidad que resaltó Morales.
La designación de Romero sólo tiene el antecedente de Lidia Gueiler, que presidió en 1979 la Cámara de Diputados y entre ese año y 1980 ocupó la presidencia interina.
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La Asamblea inicia sus funciones este viernes, en coincidencia con la juramentación como presidente para un segundo mandato de Morales, un dirigente indígena de 50 años que gobierna el país desde hace cinco años.
Ya antes de instalarse, las 46 nuevas legisladoras comenzaron a recibir la presión de las bases populares femeninas, para que cumplan una agenda a favor de la paridad entre los géneros y que eso incluya la meta de ostentar la mitad de los cargos en los poderes del Estado, además de una serie de leyes para mejorar la vida de las mujeres.
Estas bases se agrupan en más de 200 agrupaciones que integran la Coordinadora de la Mujer y manejan un paquete de proyectos elaborados por organizaciones sindicales, campesinas y feministas, que las 33 legisladoras del MAS se comprometieron ya a impulsar desde sus bancas.
Las otras 13 legisladoras resultaron electas por tres grupos opositores, en una Asamblea de 166 bancas, de las que 115 pertenecen al MAS. Está conformada por 36 senadores y 130 diputados, 65 elegidos por votación nominal directa y el resto en listas de los partidos.
Los escaños ocupados por mujeres serán en conjunto más del doble de los que ostentaban en la última legislatura del antiguo Congreso, donde sólo había 22 mujeres, 14 por ciento de las 157 bancadas bicamerales que tenía.
La población boliviana asciende a 10,4 millones de personas, de las cuales algo más de la mitad son mujeres. La mitad de sus habitantes se autodefinen como indígenas y 33,5 por ciento vive en áreas rurales.
LA BATALLA POR SU SITIO
Una movilización denominada Mujeres Presentes en la Historia trabajó intensamente desde 2006 para impulsar la presencia femenina en el Estado en construcción y su primer logro fue la alta presencia en la Asamblea Constituyente.
Luego logró insertar un criterio de equidad en las leyes electorales, con la alternancia de mujeres y varones en las listas partidistas para las elecciones, que comenzó a regir en los comicios de diciembre. Pero fracasó en la nominación y elección del esperado 50 por ciento de representantes femeninas, por falta de respaldo de los partidos políticos.
El salto en la participación legislativa es fruto de la presión y acción de las más de 200 organizaciones, dijo la responsable de Incidencia de la Coordinadora, Mónica Novillo, durante un encuentro entre organizaciones de mujeres y las nuevas legisladoras, realizado el 14 de diciembre.
Pero la gestión parlamentaria por mayores derechos y equidad en la función pública aún debe vencer la oposición de parlamentarios con una tradición patriarcal, advirtió a IPS la diputada suplente por el departamento de La Paz, Elizabeth Salguero.
En la legislatura anterior, Salguero ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos e impulsó una ley contra la violencia política a favor de mujeres elegidas en cargos municipales y nacionales. Pero su proyecto no obtuvo el consenso necesario.
En tanto, las representantes de la principal organización femenina y sindical, la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", demandan una composición equitativa en materia de género en el nuevo gobierno que Morales definiría a comienzos de febrero.
En su primer gobierno, sólo cuatro de las 20 carteras ministeriales estuvieron en manos de mujeres, aunque el presidente se comprometió a aumentar el número en el nuevo gabinete.
Esa podría ser la primera prueba de cuál es la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las mujeres organizadas por mayores espacios de poder, con el avance hacia la mitad de los cargos de responsabilidad en el aparato estatal, la justicia, los municipios y los departamentos. Eso plantea la agenda de la Coordinadora asumida por las legisladoras.
"Pero, básicamente, sin educación, no hay derechos, producción o defensa de los derechos humanos", dijo a IPS con marcado énfasis Cristina Barreto, dirigente de la Federación de "Bartolina Sisa" en La Paz.
"Debemos garantizar la educación plurinacional y en varias lenguas", exhortó a las mujeres legisladores a quienes exigió trabajo de día y noche "hasta acabar con la educación consumista y teórica", a tono con el discurso de cambio de Morales.
"En las zonas rurales, las niñas asisten a la escuela hasta el tercer grado y hoy todos deben tener oportunidad de culminar los estudios hasta alcanzar el bachillerato", de lo contrario será imposible pensar en un desarrollo económico e industrial, reflexionó.
Barreto expuso varias formas de discriminación a las mujeres. Denunció que los maestros echan de la escuela a las adolescentes embarazadas, "pero no se excluye al varón que la embarazó".
"Algunos empleadores imponen a las mujeres trabajadoras la firma de un compromiso para que no se embaracen durante el periodo del contrato", pero esta situación debe cambiar y el Estado debe ofrecer preferencias impositivas a las empresas que tengan mayor cantidad de obreras y respeten sus derechos, expresó a IPS Amalia Coaquira.
Coaquira integra la directiva de la Confederación Nacional de Trabajadoras por Cuenta Propia de Bolivia, una organización surgida para responder al impacto de las políticas de libre mercado aplicadas en Bolivia entre 1985 y 2005, que arrojó a miles de mujeres al comercio informal para su sobrevivencia y la de su familia.
Una nueva legislación laboral que dije la igualdad salarial para hombres y mujeres, una defensa contra el acoso laboral y sexual, la inclusión de las trabajadoras autónomas en los beneficios de la seguridad social y la valoración económica del trabajo en el hogar, son los puntos planteados por Coquira a las legisladoras.
"No se reconoce la jubilación a las mujeres en el hogar y se piensa que son longevas", reclamó.
La demanda por tierra y la aspiración de las mujeres a tener títulos de propiedad, es la bandera de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y su representante Blanca Cartagena colocó el tema entre las tareas pendientes de la Asamblea.
El gobierno informó que entre 2006 y 2009 se entregaron 10.299 títulos a mujeres por la propiedad de 164.401 hectáreas, pero Cartagena subrayó la urgencia de ofrecer trato preferencial a las jefas de hogar, en situación de abandono o pobreza.
"Quiero tomar acciones de manera directa; puedo hacer mucho y aportar en varias líneas de desarrollo", dijo a IPS con convencimiento la diputada del departamento de Beni, Ingrid Zabala.
Ingeniera agrónoma, especializada en investigaciones sociales y agrícolas, Zabala ha quebrado un cerco político en una de las regiones más conservadoras y reticentes a la equidad de género. Además de ser mujer, se alineó al MAS, muy resistido en la región.
Contra la violencia, contra la discriminación, a favor de la igualdad de derechos y por el respeto a los recursos naturales, es el resumen de objetivos de la parlamentaria que ya puso a prueba su tenacidad en batallas contra la corrupción, durante su paso por la docencia en la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.
Relató que desde niña observó los diferentes rostros de la discriminación cuando su familia le prohibía relacionarse con campesinas de pollera (faldas étnicas), o cuando fue obligada a cambiar la tapa de su tesis porque el título al que aspiraba era de ingeniera y no de ingeniero.
Desde esta tercera semana de enero, las nuevas legisladoras bolivianas emprenden un camino difícil para continuar liderando cambios por ahora sólo enunciados en la nueva Constitución y llevarlos a la práctica.
