Un libro de investigación periodística sobre denuncias de corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y en el de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, se convirtió en un suceso editorial que ya vendió en un mes más de 100.000 ejemplares.
En entrevista con IPS, Luis Majul, autor de "El Dueño", explicó que el "modus operandi de la corrupción en el kirchnerismo no es ajeno a la manera de hacer política que tiene el ex mandatario desde que fue electo en 1987 intendente (alcalde) de Río Gallegos", su ciudad natal y capital de la austral provincia de Santa Cruz.
"Gobiernan bajo condiciones de excepcionalidad y emergencia, y eso implica que lo hacen de espaldas al Congreso (legislativo), a la justicia, y atacando a la prensa independiente que pueda investigarlos o poner en riesgo su forma de tomar decisiones, copando sectores e intentando un control absoluto de todo", añade.
Para este libro, el noveno publicado, Majul señala que entrevistó a 158 personas y a todos les pidió confidencialidad hasta que estuviera en las librerías. Como precaución, sostiene que antes de que fuera editado dio cuenta ante un escribano de su situación impositiva y la publicidad oficial que recibe su empresa productora periodística, para poder luego dar cuenta de eventuales represalias.
En "El Dueño" hay testimonios de ex ministros y dirigentes otrora cercanos a Kirchner y que ahora tomaron distancia, así como entrevistas a empresarios que se enriquecieron mediante contratos de obra pública y subsidios, según denuncias periodísticas y de la oposición. En el texto se sugiere, además, el respaldo de Kirchner a funcionarios denunciados por corrupción.
"Ellos le dicen argentinización pero lo que hay es capitalismo de amigos", indica en el libro Sergio Acevedo, quien fue gobernador de Santa Cruz elegido con más de 70 por ciento de los votos en 2003 y que renunció en 2006 a seguir al frente del distrito que el mismo Kirchner gobernó tres veces antes de llegar a la Presidencia de Argentina.
Acevedo asegura que Kirchner lo obligaba a pagar con fondos de la provincia obras públicas nacionales y que denunció a un primo del entonces mandatario por irregularidades en el manejo de planes de vivienda.
"¿Te parece?", dice Acevedo que le respondió Kirchner cuando le señaló sus sospechas sobre esa persona que tiene hoy un cargo en el gobierno nacional de Fernández.
"Justifican la construcción de un poder económico propio para no depender de otros empresarios. Ellos dicen que sin plata (dinero) no se puede hacer política. Yo digo que eso suena a excusa para justificar actos de corrupción. Ellos manejan todos los negocios: la obra pública, el juego, el transporte y la banca", afirma Acevedo en el libro.
Rafael Bielsa, quien fue canciller del gobierno de Kirchner, señala en la publicación que le advirtió en 2007 personalmente que el embajador en Caracas, Alberto Sadous, le había denunciado la desaparición de 90 millones de dólares de un fideicomiso creado para financiar el intercambio comercial entre Argentina y Venezuela. "Es probable que sea un error", le respondió Kirchner.
Finalmente, el funcionario sindicado como responsable de esas maniobras, Claudio Uberti, fue mantenido en el cargo y se le pidió la dimisión al embajador y denunciante.
Sólo en 2008, la presidenta Fernández despidió a Uberti luego de que la dirección de Aduana descubrió que en un avión contratado por la firma estatal Petróleos de Venezuela, en el que viajó el funcionario cuestionado a Buenos Aires, el venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson intentó ingresar sin declarar una valija con 800.000 dólares en efectivo.
También en esta investigación periodística Majul escribe que un "alto ejecutivo del primer grupo industrial argentino", como lo identifica, le contó que "el kirchnerismo no se conforma con una compensación o devolución".
"Su modelo es al revés. Dicen vos podés quedarte con algo, pero el verdadero dueño soy yo. El que toma las decisiones soy yo y al negocio lo manejo yo como yo quiero", añade.
Majul profundiza en la historia de empresarios con fuertes vínculos con Kirchner y al parecer beneficiados por su gobierno y a algunos de ellos los entrevista. Son Cristóbal López, Lázaro Báez, Claudio Cirigliano, Juan Carlos Relats, Rudy Ulloa, el grupo Esquenazi, y los dueños de la empresa Electroingeniería cuya última adquisición fue una radio.
López tiene negocios en el sector petrolero, el transporte y el juego. En el libro se detallan presuntos beneficios obtenidos por medidas adoptadas por Kirchner. Se sostiene que funcionarios del anterior gobierno argentino, por ejemplo, intentaron que el empresario entre con sus firmas de juego en distritos donde no está permitida legalmente esta actividad, como la central ciudad de Córdoba.
Como ya lo hizo ante la justicia, el entonces intendente de esa ciudad, Luis Juez (2003-2007), afirmó que, a instancias del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia en ese periodo, Carlos Zanini, un hombre muy cercano a los Kirchner, se reunió con López y éste le pidió que escriba en un papel el número de cuenta bancaria para que le depositen el dinero que quisiera.
Juez agrega que rechazó la oferta y al tiempo lo denunció ante la justicia.
Otro caso de supuesta corrupción que recoge Majul es el de Báez, quien pasó de cajero de un banco en Santa Cruz, cuando Kirchner era alcalde de Río Gallegos, a empresario exitoso en poco tiempo al hacerse responsable de buena parte de la obra pública del país a través de su firma "Austral Construcciones".
El periodista, de amplia trayectoria en radio y televisión, también indaga en el crecimiento patrimonial de Ulloa, quien fue cadete del estudio de abogados de Kirchner y Fernández en Río Gallegos y ahora es dueño de medios de comunicación provinciales, que reciben pauta publicitaria del gobierno nacional.
Se asegura que Ulloa amasó una pequeña fortuna y ahora tiene propiedades en Santa Cruz y en Buenos Aires.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuenta en el libro que en 2006 el entonces presidente Kirchner lo llamó para recordarle un "pago atrasado" de publicidad oficial por 7.200 pesos (unos 1.900 dólares) en "El Periódico Austral", de Ulloa y de distribución gratuita en Santa Cruz.
En cuanto a los funcionarios involucrados en causas de corrupción, Majul afirma que Kirchner los protege. Uno de ellos es el ahora ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que debe responder ante la justicia en 20 causas por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, cohecho, dádivas y reparto irregular de subsidios.
"No hay nadie que haga el trabajo mejor que él. No tengo reemplazo", le decía Kirchner a su jefe de Gabinete, Alberto Fernández (2003-2008), cuando éste le pedía que lo separe del cargo, según cuenta en el libro el propio ex funcionario ministerial.
Jaime afronta denuncias ante la justicia por haber hecho múltiples viajes aéreos particulares pagados por la empresa de transportes de Cirigliano, beneficiaria de los subsidios que el funcionario otorgaba.
Crigliano admitió ante Majul que no consideraba que sea delito financiar esos traslados, que incluían a sus familiares en viajes de descanso a Uruguay y Brasil.
El periodista también publica nueva información acerca de la declaración de bienes de Kirchner, que muestra un incremento patrimonial de 158 por ciento entre 2007 y 2009 y de 2000 por ciento si se mide desde 2002. Un juez sobreseyó, en fallo esta semana de primera instancia, al ex mandatario en una denuncia por enriquecimiento ilícito respecto a este salto en sus bienes.
Majul entrevistó a Relats un empresario que alquila a pérdida un hotel que es propiedad de los Kirchner en El Calafate, una zona de turismo internacional de la provincia de Santa Cruz. El entrevistado tiene firmas que realizan obras públicas en ese distrito como acueductos y cloacas y Majul sugiere que el contrato de alquiler es un intercambio de favores.
Recuerda también que los Kirchner compraron en El Calafate tierras fiscales y las vendieron 40 veces más caras y afirma que hay 50 funcionarios beneficiados por esa operación. Una de ellas es la sobrina de los Kirchner, Natalia Mercado, quien es fiscal en ese distrito y que debería ser quien investigue el caso.
El periodista sostiene finalmente que para "corregir" inconsistencias en su declaración jurada de este año, el ex presidente hizo viajar a Santa Cruz a inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que se reunieran en secreto con su apoderado en Río Gallegos.
"Si hay algo que corregir o rectificar se hace y punto, pero de ninguna manera se llevan documentación del estudio", se indica en el libro que advirtió el mismo Kirchner por teléfono cuando los inspectores estaban reunidos con su representante.
Pactaron también, cuenta Majul, excusas que presentarían en sus respectivas declaraciones Báez, Ulloa y otros.
