En los últimos seis meses, la defensa de los derechos humanos en Honduras pasó de registrar el impacto de la descontrolada inseguridad ciudadana a centrarse en el asesinato, maltrato, tortura e intimidación contra opositores al golpe cívico militar que derrocó a Manuel Zelaya.
Un reporte del no gubernamental Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), indica que desde la interrupción democrática del 28 de junio, se han producido en el país más de 4.234 violaciones a los derechos humanos.
Esas violaciones incluyen, entre otras, ejecuciones, atentados, tratos crueles, allanamientos, persecución a líderes sociales, cierre de medios de comunicación y agresiones a periodistas.
El caso más cercano ocurrió el 13 de diciembre, cuando fue asesinado el activista a favor de los derechos de la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero Walter Tróchez, de 22 años. Unos desconocidos le dispararon mientras caminaba por el centro la capital hondureña.
Tróchez colaboraba con el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental dedicada a la defensa humanitaria de los grupos más vulnerables, así como al monitoreo de temas vinculados con la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la descentralización municipal.
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Reina Rivera, directora del Centro, dijo a IPS que el asesinato de Tróchez, "fue algo anunciado porque a inicios de este mes había sido intimidado y secuestrado por desconocidos que le hacían preguntas acerca de líderes del movimiento social".
En esa ocasión logró escapar, pero "la vida le duró poco, lo mataron a mansalva y responsabilizamos de ello a las autoridades", dijo Rivera.
"Tras el golpe de Estado, la labor de defensa de los derechos humanos ha cobrado un giro de mayor riesgo, porque en medio de la zozobra y las amenazas, los activistas humanitarios tenemos que andar recogiendo testimonio de las víctimas y ver como evitamos nuevas muertes y embestidas", explicó la activista.
La muerte de Tróchez desató la protesta de organismos internacionales humanitarios como Amnistía Internacional, que exhortó a las autoridades a iniciar una investigación "rápida, efectiva e independiente" del caso, para dar con los responsables.
En un comunicado, Amnistía Internacional relató que Tróchez formaba parte de los testimonios recogidos por la institución en dos misiones realizadas al país.
Además, precisaron que ayudaba en la recolección de casos de violación a los derechos humanos y que su muerte puede ser el inicio de una cadena de acciones que en nada favorece un clima propicio para la labor de denuncia y defensa de los derechos humanos en Honduras.
El lunes 21, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el que piden al régimen de facto que preside Roberto Micheletti que investigue a fondo el asesinato de Tróchez, de otros miembros de la sociedad civil y de familiares de periodistas.
La UE demandó que la investigación sea "transparente y concienzuda" y recordó al Estado hondureño que tiene el deber de respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y la no discriminación por razón de orientación sexual.
La unión de 27 países europeos también condenó el asesinato la semana previa de dos hijos dos periodistas distintos, que se ejecutaron en días diferentes y en circunstancias igualmente confusas.
El 15 de diciembre, la joven Nicolle Rodríguez Cabrera, de 17 años y embarazada, fue asesinada por dos sicarios que la dispararon desde una motocicleta, cuando se dirigía hacia su residencia.
Rodríguez era hija de la polémica periodista Carol Cabrera, del estatal Canal 8. Se logró rescatar a su bebe, que se encuentra grave en la sala de cuidados intensivos de un hospital público.
Dos días después fue asesinado Edwin Canaca, hijo del periodista del mismo nombre, quien labora con la Fuerzas Armadas como portavoz del Instituto de Previsión Militar.
Canaca fue asesinado cuando se dirigía en un taxi a su hogar junto con su esposa, tras salir del trabajo en un restaurante. El joven y el taxista resultaron muertos, mientras la esposa se recupera de las heridas en el hospital de los militares.
La policía presentó el domingo 20 a uno de los sospechosos del asesinato de Rodríguez, que está vinculado a pandillas juveniles deportivas, mientras carece de pistas sobre los asesinos de Canaca y Tróchez.
Para Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh, "toda muerte de esta forma es condenable y sólo evidencia la puesta en marcha de una maquinaria de terror para aniquilar e intimidar en un régimen golpista, donde lo que más abunda es la impunidad".
Se viven "tiempos de emergencia" en Honduras en materia de derechos humanos, dijo Oliva a IPS. Precisó que la violencia pasó de ser generalizada para volverse selectiva y focalizada, dirigida en contra de "periodistas y dirigentes de la resistencia opuesta al golpe de Estado".
Honduras cierra 2009 con un promedio diario de 15 muertes violentas, en su mayoría ejecutadas bajo la modalidad del sicariato, el asesinato por contrato de un tercero, según datos del Observatorio de la Violencia en Honduras de la estatal Universidad Nacional Autónoma.
Oliva analizó que el golpe de junio aceleró este tipo de crímenes y "siento que se han perdido los pocos avances que habíamos logrado hace algunas décadas en defensa de los derechos humanos".
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos dijo que vuelve a estar dolorosamente sumergida "en acciones pasadas que creía superadas, como es volver a la búsqueda de víctimas, relatos de testimonios e impotencia ante tanta agresividad y menosprecio por la vida, en medio de la represión golpista".
"Estamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, porque esta dictadura llegó para quedarse en la región centroamericana, por lo que pedimos a la comunidad internacional seguir vigilante de lo que sucede y esté por suceder en Honduras", planteó la activista.
Cofadeh ha detallado que las 4.234 violaciones humanitarias registradas en este semestre, 12 corresponden a asesinatos de integrantes del Frente de Resistencia Popular contra el golpe de Estado. Además, se investigan otros 10 homicidios, porque existen indicios de haberse efectuado por razones políticas.
Uno de los hechos que también preocupa al organismo humanitario, es el hostigamiento y persecución de jóvenes por parte de grupos policiales, en particular en las regiones del occidente del país.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a favor de 92 personas mientras investiga 492 casos de violaciones, de acuerdo a Cofadeh, una institución con más de 20 años en la defensa de los derechos en este país centroamericano, que vive horas bajas en la materia.
