De algún modo, en los últimos dos años se llegó a la conclusión de que la única manera de resolver la crisis climática es convertir el dióxido de carbono en una materia prima y privatizar la atmósfera.
"Las corporaciones no quieren regulaciones y han convencido a los gobiernos de que pueden generar crecimiento económico continuado y salvar al planeta", dijo Maude Barlow, presidenta de The Council of Canadians, la mayor organización de la sociedad civil de Canadá y autora de varios libros sobre el agua.
"Esto muestra el poder del lobby corporativo, pues casi todos, incluso muchas grandes organizaciones no gubernamentales, ven al mercado como la solución al cambio climático", declaró Barlow a Tierramérica.
En cambio, el movimiento por la justicia climática combate tanto el comercio de dióxido de carbono como los mecanismos de compensación de este gas de efecto invernadero y promueve reducciones reales de las emisiones, reconociendo que el aire y el agua son patrimonio público, enfatizó.
[related_articles]
"Estuve cinco días en el Bella Center (sede de las negociaciones oficiales), y pude comprobar que los asuntos relativos al agua y la tierra fueron ignorados", dijo Adriana Marquisio, vicepresidenta de la Federación de Empleados de Obras Sanitarias del Estado, sindicato de los trabajadores de la empresa pública del agua en Uruguay.
"Los países pequeños que sufren los impactos reales (del cambio climático) intentan llamar la atención sobre esto", señaló Marquisio a Tierramérica.
Tanto Uruguay como Bolivia han ejercido mucha presión para ampliar la visión sobre este tema, pero Estados Unidos domina las conversaciones con su agenda de intereses corporativos, agregó.
Para abordar adecuadamente cuestiones vitales relativas al agua y al clima, "no podemos estar hablando de ganancias económicas", opinó. "Llevaré malas noticias a casa", concluyó.
El italiano Riccardo Petrella, fundador del Comité Internacional por un Contrato Mundial del Agua e integrante del Comité Científico de The World Political Forum (foro político mundial), se preguntó "¿por qué debemos defender el agua o el aire como bienes comunes?".
Porque "convertir el agua o el aire en materias primas equivaldría a convertir la vida misma en una materia prima, lo que conduciría a privatizar la democracia. Si los hacemos, la democracia será una mentira", se contestó.
Las negociaciones para alcanzar un pacto que afronte el cambio climático ignoran asuntos como el agua, la biodiversidad y la tierra. Todo se centra en la energía y las finanzas, que son los únicos intereses de los países ricos.
Pero los recursos hídricos son un ingrediente esencial para la producción de energía: 44 por ciento del agua dulce de Francia la usa su sector energético. Y en otros países esa proporción es de 60 por ciento, planteó.
"El agotamiento de recursos, entre ellos el agua", y la realidad de más de 1.000 millones de personas hambrientas, "son temas periféricos en las negociaciones oficiales", destacó Petrella.
El objetivo central de la justicia climática el la alimentación, la tierra y el agua, enfatizó.
Petrella es una de las personalidades que promueven una campaña por un acuerdo mundial sobre el agua y el establecimiento de una nueva agencia de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a "prevenir y solucionar disputas internacionales sobre la propiedad y el uso del agua mediante sistemas de control común", según una propuesta de The World Political Forum.
Al ver la enorme distribución de teléfonos celulares en África y en otras partes del mundo en desarrollo, algunas empresas hídricas creen que pueden hacer lo mismo con el agua embotellada, a fin de que sus productos sean la única fuente de agua potable, ignorando la necesidad de inversiones en infraestructura hídrica para uso público, dijo Barlow.
"En todo el mundo hay inversores que compran derechos sobre el agua y la tierra. India y China ya lo están haciendo en África", añadió.
Si el agua se vuelve una materia prima, en muchas partes del mundo los agricultores venderán agua en vez de cultivar alimentos, porque de ese modo podrán ganar más dinero, planteó.
El agua también es un componente crucial para la manufactura de muchas mercaderías. Un sólo automóvil requiere unos 400.000 litros para procesar el acero, el plástico, los artefactos electrónicos y otros componentes.
La producción petrolera también insume enormes cantidades de agua. Petrella cree que la urgencia de la crisis hídrica es tal que ningún país del Sur en desarrollo debería exportar al Norte industrial productos para cuya fabricación se necesite agua.
Eso equivale a exportar agua, y "es uno de los mayores problemas que tenemos que abordar en el futuro", dijo.
Un modelo de protección hídrica funciona en el nororiental estado estadounidense de Vermont, dijo Barlow. Allí el agua pertenece a todos sus habitantes y el gobierno controla su distribución.
El estado emite permisos de uso estableciendo como prioridad a la población, la naturaleza y la agricultura. Le siguen los usos industriales, y el gobierno tiene derecho a negar el acceso al agua a las empresas que contaminan.
Uruguay aprobó en 2004 una reforma que dio jerarquía constitucional al derecho de acceder al agua y prohibió su privatización. Otros países estudian medidas similares.
Ante la perspectiva de un futuro con millones de refugiados climáticos, Barlow dijo que la mayoría de ellos se desplazarán por falta de agua.
Al estar el agua excluida de las negociaciones sobre cambio climático y ante el predominio de los intereses corporativos, el mejor resultado de Copenhague es un fracaso total, sostuvo.
La paz, la justicia y la democracia nunca surgieron de medidas como poner precio a los recursos comunes. "Convertir el carbono en una materia prima y privatizar la atmósfera causará enormes conflictos y devastación", pronosticó Petrella.
* Este artículo es publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
