A medida que la oleada de implicaciones morales y legales del Informe Goldstone sobre la guerra de Israel contra Gaza continúa en ascenso, la población de ese territorio palestino toma el asunto en sus manos y prepara demandas judiciales.
El Departamento Legal del Ministerio de Defensa de Israel ya recibió unas 1.500 notificaciones de futuras querellas civiles contra las Fuerzas Armadas por los daños sufridos por propiedades de palestinos en Gaza y en su capacidad de ganarse la vida.
Se prevé que las autoridades israelíes contraargumenten que su ejército combatía en territorio extranjero y que, por lo tanto, no tiene responsabilidad legal por las consecuencias de su intenso ataque.
Pero, de acuerdo con el derecho internacional, Gaza aún es considerado territorio ocupado por Israel, pues el gobierno de ese estado continúa controlando sus fronteras, su espacio aéreo, su costa, los registros de su población y sus servicios electricidad y de agua.
El ejército israelí, además, estableció zonas de "amortiguación" en el límite con Gaza e impide a agricultores palestinos acercarse a sus predios ubicados en ellas. A muchos les han disparado por intentarlo, y unos cuantos han sufrido heridas o incluso la muerte.
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La marina de guerra israelí impide también a los pescadores palestinos obtener su sustento en las aguas costeras de Gaza en el mar Mediterráneo, pues milita la zona de captura a tres millas náuticas de la orilla. Varios pescadores murieron por los disparos y muchos resultaron heridos, y docenas de barcos sufrieron daños o se hundieron.
Israel lanzó a fines de diciembre la Operación Plomo Fundido y mantuvo el asedio sobre Gaza durante tres semanas.
El informe encargado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al juez sudafricano Richard Goldstone sobre los crímenes cometidos en la guerra en Gaza continúa ganando legitimidad internacional.
Pero los pobladores del territorio palestino afectados por la Operación Plomo Fundido no esperan por el dictamen final de la ONU y preparan demandas civiles, algunas de las cuales implicarían indemnizaciones por decenas de millones de dólares.
La Asamblea General de la ONU tiene agendada la consideración del Informe Goldstone para la semana próxima.
No es ésta la primera vez que palestinos querellan al ejército israelí, y en muchas ocasiones las demandas fueron exitosas.
En la primera y la segunda intimadas (insurgencia popular contra la ocupación de Cisjordania y Gaza), muchos palestinos heridos recibieron compensaciones financieras por las heridas que sufrieron en sus choques con las fuerzas de seguridad israelíes.
Como consecuencia de los avisos a la fiscalía del Ministerio de Defensa, el parlamento de Israel (Knesset) discute un proyecto de ley que, de ser aprobado, restringiría sustancialmente las querellas que podrían entablar pobladores palestinos contra el estado judío. Sólo se aceptarán inusualmente algunas demandas y sobre bases humanitarias.
Al mismo tiempo, abogados expertos en derechos humanos y activistas propalestinos en varios países europeos preparan listas de funcionarios y oficiales israelíes que estarían involucrados en crímenes de guerra en Gaza.
Los abogados están dedicados a recoger testimonios y evidencias. La legislación de varios países europeos, entre ellos Bélgica, España, Gran Bretaña, Holanda y Noruega, prevé el arresto de acusados en sus tribunales por crímenes aberrantes cometidos en el extranjero en el extranjero.
Uno de los abogados, Daniel Makover, dijo al diario israelí Haaretz que la policía británica ya tiene en su lista de "buscados" a militares israelíes, y que, de viajar a Gran Bretaña, podrían ser detenidos.
El ejército israelí ya recomendó a algunos oficiales que consulten a los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de viajar al exterior, así como mantener la discreción en ciertos países y evitar visitas a otros.
Al tiempo que el Informe Goldstone fortalece los casos de los abogados europeos y las demandas presentadas por pobladores de Gaza en tribunales israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores debió tomar ya al toro por los cuernos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó el martes la creación de un grupo de trabajo para contrarrestar los efectos del Informe Goldston. En el equipo participarán el fiscal general de Israel, Menajem Mazuz, el jefe de la fiscalía castrense, Avihai Mandelblit, y abogados de la cancillería.
Netanyahu prometió que ningún soldado u oficial israelí sería acusado, pero la acción de su gobierno parece haber llegado tarde y mal.
La embajadora de Israel en la ONU, Gabriela Shalev, advirtió el miércoles que los daños causados a Israel en el extranjero no podrían minimizarse aun si el gobierno aceptara alentar una investigación independiente sobre la guerra, como recomienda la comunidad internacional.
"No deberíamos hacernos ilusiones de que el Informe Goldstone desaparezca si lanzamos una investigación", dijo Shalev, en una mesa redonda realizada en el Instituto Democracia de Israel.
"Estamos presenciando una ola barrosa contra el Estado de Israel como no se ha visto en muchos años", alertó la diplomática.
Aun si aceptara la recomendación, la reputación de Israel ha quedado irreversiblemente dañada, dijo a IPS Samir Awad, analista y profesor de la cisjordana Universidad de Birzeit.
"La única manera de reducir los daños sería renovar negociaciones significativas y reales con los palestinos, y aun así creo que Israel no logrará restar credibilidad al Informe Goldstone", agregó.
"El daño ya está hecho", dijo a IPS el también profesor Moshe Maoz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. "La noticia está por todo el mundo. Ni un contrainforme ni una investigación independiente reducirá el dolor de la caída."
