Analistas y defensores de los derechos humanos condenaron los esfuerzos de Estados Unidos para obstaculizar una acción contra Israel y Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) por los crímenes de guerra cometidos durante el último conflicto en Gaza.
El presidente del Movimiento de Países No Alineados, de 118 miembros, el egipcio Maged Abdelaziz, instó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a "considerar seriamente y actuar de acuerdo con las recomendaciones" del informe presentado el mes pasado por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para el Conflicto de Gaza, dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone.
Pero el gobierno del presidente Barack Obama insiste en que las acusaciones del reporte deberían ser estudiadas por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Este jueves, ese órgano de la ONU se reúne para analizar el informe.
A pesar de las reservas de naciones occidentales, el Consejo de Seguridad aceptó realizar una reunión especial el miércoles sobre Medio Oriente, encuentro que le dio a los estados miembros la oportunidad de discutir el Informe Goldstone y concentrarse en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto de Gaza entre el 27 de diciembre y el 18 de enero tanto por Israel como por Hamás.
"Que el presidente Obama reciba el premio Nobel de la Paz después de no haber hablado durante la guerra en Gaza, y después de la protección de su gobierno a un estado que ha cometido crímenes de guerra, es una abominación", dijo a IPS el presidente del independiente Centro para los Derechos Constitucionales, Michael Ratner.
[related_articles]
El número de palestinos fallecidos en el conflicto se estima entre 1.387 y 1.417, la mayoría civiles, mientras que del lado israelí hubo cuatro civiles muertos en el sur de Israel y nueve soldados caídos en combate en Gaza, cuatro de ellos por fuego amigo.
Ratner dijo que uno debería esperar que Estados Unidos no bloqueara el envío del informe a la Corte Penal Internacional (CPI) para que ese tribunal con sede en La Haya realice una investigación.
"Tristemente, su conducta en el Consejo de Derechos Humanos, donde calificó de defectuoso el Informe Goldstone, muestra que seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para sepultar cualquier investigación sobre los crímenes de guerra" cometidos en Gaza, añadió.
De esta manera, Washington le está dando a Israel luz verde para que siga cometiendo atrocidades, sostuvo Ratner, y no llevar el caso a la CPI socavaría cualquier reclamo para que la ley se aplique igualmente a israelíes y palestinos, sostuvo.
"El hecho de que Estados Unidos haya atacado el informe, autorizado por el juez Goldstone, uno de los juristas más preeminentes del mundo, demuestra que está dispuesto a rebajar tanto la ley como a un respetado jurista en su esfuerzo por proteger a un estado cliente, a pesar de sus crímenes", añadió.
El Informe Goldstone recomendó al Consejo de Seguridad de la ONU que obligara a Israel a que presente, en los próximos seis meses, un reporte sobre las investigaciones y procesos legales que haya realizado sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas.
Durante la implacable acción militar israelí sobre Gaza, llamada Operación Plomo Fundido, fueron destruidas casas, fábricas, pozos de agua, escuelas, hospitales, estaciones de policía y otros edificios públicos. El informe también recomendó al Consejo de Seguridad que creara su propio grupo de expertos independientes para seguir de cerca los avances de las investigaciones y procesos legales israelíes.
"Si los reportes de los expertos no indican dentro de seis meses que se están llevando adelante procedimientos independientes de buena fe, el Consejo de Seguridad debería llevar el caso de Gaza al CPI", propuso Goldstone.
El informe también recomendó que el mismo grupo de expertos informara al Consejo de Seguridad sobre procesos llevados a cabo por las autoridades de Gaza respecto de los crímenes cometidos por Hamás.
No obstante, las imputaciones más duras del informe no son contra Hamás, sino contra Israel, acusado de imponer un bloqueo sobre Gaza, "lo que equivale a un castigo colectivo" como parte de una "política sistemática de asilamiento progresivo y privaciones" contra la población palestina en ese territorio. Stephen Zunes, profesor de política y estudios internacionales en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que la administración de Obama y los líderes del Congreso legislativo, tanto del gobernante Partido Demócrata como del opositor Partido Republicano, parecen continuar la política del gobierno de George W. Bush (2001-2009) de ignorar y condenar a aquellos que tienen el valor de reportar violaciones al derecho internacional por parte de Washington.
"Están particularmente preocupados porque el caso derive en la CPI, donde los palestinos e israelíes culpables de crímenes de guerra podrían ser juzgados", añadió.
El gobierno de Obama parece decidido a concederle impunidad a esos criminales de guerra, dijo Zunes, quien preside el Programa de Estudios sobre Medio Oriente.
Zunes señaló que, aunque la embajadora estadounidense Susan Rice había señalado hace apenas unos meses durante un debate en la ONU sobre Darfur que las acusaciones de crímenes de guerra nunca debían ser sacrificadas por razones políticas, ahora afirma que hacerlo en el caso de Gaza contribuiría con el proceso de paz. "Es irónico que la administración de Obama insista en que el tema siga confinado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido en varias ocasiones calificado de anti-israelí", afirmó.
Funcionarios estadounidenses reconocen que si el caso es asumido por el Consejo de Seguridad, como recomendó Goldstone, se generaría un debate sobre las violaciones al derecho internacional de un aliado clave de la Casa Blanca en un órgano que, a diferencia del Consejo de Derechos Humanos, tiene mecanismos vinculantes.
"También permitiría una mayor exposición mediática de los crímenes de guerra israelíes, la gran parte de los cuales fueron cometidos usando sistemas de armas y artillería de Estados Unidos", indicó. Yvonne Terlingen, representante de Amnistía Internacional en la ONU, llamó a promover la creación de un comité independiente de expertos en derecho humanitario internacional y leyes de derechos humanos para seguir de cerca el caso y reportar los hallazgos.
Tal informe debería realizarse en un estricto marco de tiempo y ser presentado ante el Consejo de Seguridad y otros organismos de la ONU, incluyendo las medidas legales internas y otras tomadas por Israel y las autoridades en Gaza para asumir su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en el conflicto.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos, a instancias de los palestinos, decidió aplazar la redacción de una resolución que habría adoptado las recomendaciones del Informe Goldstone.
Se esperaba que esa resolución fuera aprobada durante las próximas sesiones del Consejo, en marzo de 2010.
Pero el aplazamiento causó tal alboroto político que obligó a los palestinos a hacer un giro drástico: apoyar la reunión del Consejo de Seguridad el miércoles y también una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos este jueves para discutir el Informe Goldstone.
Sarah Leah Whitson, director para Medio Oriente de la organización Human Rights Watch, dijo que la falta de apoyo de Estados Unidos y de los países europeos al Informe Goldstone en el Consejo de Derechos Humanos "envió el terrible mensaje de que las graves violaciones a las leyes de la guerra por países aliados son toleradas".
En su discurso el miércoles en el Consejo de Seguridad, el embajador estadounidense Alejandro Wolff señaló que su gobierno "tenía serias preocupaciones por el informe, su desequilibrado enfoque sobre Israel, el amplio alcance de sus recomendaciones y sus drásticas conclusiones".
No obstante, "tomamos seriamente las denuncias incluidas" en el reporte, aclaró.
"Israel tiene las instituciones y la capacidad de realizar serias investigaciones sobre estas denuncias, y lo estimulamos a que lo haga", añadió.
Pero también señaló que Hamás "es una organización terrorista sin la capacidad ni la disposición a examinar sus violaciones a los derechos humanos".
