Las negociaciones para una salida de la crisis política de Honduras siguen en la incertidumbre, pero podrían cobrarse una víctima nada menor: la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya en su cargo.
El retorno de Zelaya a la Presidencia, reivindicación central del movimiento contra el golpe y punto medular de la propuesta efectuada en julio por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, sigue sin resolverse.
"Hemos logrado consensuar un texto único que será sometido a la discusión y análisis del presidente Manuel Zelaya Rosales y del señor Roberto Micheletti", dijo el ministro de Gobernación de Zelaya, Víctor Meza, al término de una reunión entre los delegados de las dos partes.
Pero un comunicado de los delegados de Micheletti sostuvo poco después que "el diálogo sobre este punto (la restitución de Zelaya) ha sido cordial y ambas partes hemos alcanzado importantes avances. Sin embargo, hasta este momento no hay ningún acuerdo final en torno a este punto".
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Otro de los aspectos planteados por Arias, la amnistía para los delitos políticos cometidos desde el día del golpe, también parece haber quedado por el camino.
Esta decisión, dijeron a IPS fuentes políticas y jurídicas, podría indicar que las partes aceptan que no se cometió delito el 28 de junio, cuando militares coparon la casa del presidente, lo sacaron en pijama y a punta de pistolas de su cama y lo pusieron en un avión rumbo a Costa Rica.
"La amnistía tiene varias aristas, si la incorporo es porque creo que hubo delito, pero si el acto ejecutado fue constitucional, no hay sentido de incorporación ni de restitución", dijo a IPS el abogado y ex ministro de Trabajo, Germán Leitzelar.
"Por la vía de que no hay restitución, no hay delito y no hay amnistía, lo cual no exonera a las partes de los procesos de delitos comunes que se puedan suscitar a futuro", acotó.
En su opinión, el verdadero proceso de negociación se "inicia a partir de este día, cuando empiece a abordarse el contexto jurídico para enfocar este tema, pues deben buscarle una salida política y legal a la crisis".
La comisión bipartita había informado el martes que las negociaciones habían avanzado en 90 por ciento, tomando como base los 12 puntos de la propuesta de Arias, que incluía el retorno condicionado de Zelaya a la primera magistratura, la conformación de una comisión de la verdad y otra de verificación de los acuerdos, así como una amnistía política y la renuncia del mandatario a instalar una asamblea nacional constituyente.
"Nosotros no hemos pedido amnistía porque no la necesitamos, eso está descartado de este diálogo, porque la salida a la crisis se resuelve con la restitución del presidente Zelaya", dijo Mayra Mejía, representante del mandatario en las conversaciones.
Mientras, Vilma Morales, una de las negociadoras por el régimen de Micheletti, sostuvo que ambas partes acordaron no incluir la figura de la amnistía ni el llamado a una constituyente. De la propuesta de Arias, la comisión negociadora encontró acuerdos en torno a la conformación de un gabinete de integración nacional con representantes de los partidos políticos legalmente inscritos, la instalación de una comisión de la verdad sobre los hechos previos y posteriores al 28 de junio, una comisión de verificación nacional y la convocatoria a elecciones generales el 29 de noviembre.
El martes, la delegación de Zelaya sustituyó a uno de sus miembros, el dirigente sindical Juan Barahona, uno de los principales líderes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, por el abogado y dirigente del gobernante Partido Liberal, Rodil Rivera.
Barahona dijo a IPS que su salida de la comisión negociadora no "tiene nada que ver con una división en el Frente, al contrario, se produce porque como Frente de Resistencia no podíamos firmar acuerdos en los cuales se renuncia a una asamblea constituyente, y al no aceptar la comisión del lado de los golpistas una firma bajo reserva, decidimos salir para no obstaculizar el diálogo".
Si Zelaya a cambio de ser restituido renuncia a promover un proceso constituyente, "nosotros lo entendemos, pero al día siguiente de que se instale en el cargo, nosotros estaremos en la calle exigiendo este derecho porque aquí nadie se rinde", agregó.
A su vez, Meza dijo que la salida de Barahona "fue consensuada, no hay ningún cisma, pero hay que tener claro que las negociaciones son entre dos partes, el presidente Zelaya y la gente que representa a Micheletti. En este sentido, el Frente de Resistencia no tenía representación aquí, porque las negociaciones son entre dos partes y no tres".
Para el analista Jorge Yllescas, "las distancias entre Zelaya y 'la resistencia' empiezan a marcarse, y hoy la negociación ha quedado en manos de políticos, dejando de lado al movimiento social, y eso es claro".
El hecho de haber eliminado la amnistía de la negociación "no deja de dar cierto alivio, pues el temor generalizado es que bajo esta figura se aprobara mayor impunidad", dijo a IPS Yllescas, miembro de Mirador Electoral, una coalición de organizaciones civiles que monitorea el proceso comicial.
"Al no querer las dos partes que se considere este aspecto, es claro que el ex presidente Zelaya tácitamente acepta que su restitución es improbable porque no hubo delito al sacarlo", conjeturó.
El ex juez Roberto Velásquez dijo a IPS que se fortalecía la opción de una salida que implique dejar la Presidencia en manos de una tercera persona.
"Es probable que Micheletti anuncie su renuncia y Zelaya también, como se ha propuesto. Entonces, el poder lo asumiría, por ley, el titular del Poder Legislativo, para darle así una salida política y legal a la crisis", opinó.
El gobierno que asuma en enero de 2010, enfrentará numerosos juicios en los tribunales y, "a lo mejor, (los negociadores) piensan en un indulto a futuro, una vez entablados los procesos. Todo es posible dentro de esa negociación política".
Zelaya, que permanece desde el 21 de septiembre en calidad de huésped en la embajada de Brasil, dijo a la prensa que si no era restituido antes de las elecciones, podía denunciar a los golpistas ante tribunales internacionales y demandar sanciones más severas contra el Estado.
Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos regionales y multilaterales condenaron el golpe y adoptaron varias medidas contra el régimen hondureño, que soporta un aislamiento internacional sin precedentes en la historia de este país.
