El aval del gobierno de México a dos siembras experimentales de maíz genéticamente modificado abre la puerta a la destrucción de los cultivos nativos mexicanos, según organizaciones no gubernamentales.
Las secretarías (ministerios) de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizaron a la firma transnacional estadounidense Monsanto, que prácticamente monopoliza la producción de semillas en el mundo, dos plantaciones de maíz blanco transgénico en el oriental estado de Tamaulipas y en el norteño estado de Chihuahua.
Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos del capítulo mexicano la organización ambientalista Greenpeace, comentó a IPS que "la implicación más importante de esta decisión es que, con la introducción de semillas modificadas, se permite la contaminación de uno de los centros de origen más importantes del planeta".
En el último estudio titulado Origen y diversificación del maíz, una revisión analítica, elaborado por investigadores de las universidades estatales Nacional Autónoma de México, Autónoma de la Ciudad de México y el Colegio de Postgraduados, a comisión de la Semarnat, se identifican cuatro posibles centros de origen del grano.
Además, los expertos constataron la existencia de 59 razas y 209 variedades del grano, cuya variante blanca es la que se consume habitualmente, mientras que la amarilla se destina a usos agroindustriales.
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"Estamos en un proceso de contaminación de los cultivos, el gobierno viene y legaliza las siembras transgénicas", señaló a IPS Adelita San Vicente, directora de la organización no gubernamental Semillas de Vida. Además, la decisión tomada el jueves "va a afectar a los pequeños productores de maíz", alertó.
El maíz está encarnado en el corazón de los pueblos nativos de Mesoamérica, una zona de un millón de kilómetros cuadrados que comprende buena parte de México y de América Central, y está entre las bases de los regímenes alimenticios de esa franja.
Las organizaciones no gubernamentales argumentan que el gobierno del conservador Felipe Calderón viola la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, vigente desde 2005 y que estipula la definición de los centros de origen de las semillas previamente a cualquier luz verde para los organismos genéticamente modificados (OGM).
En México, unos ocho millones de hectáreas están sembradas de maíz, mientras que la producción del grano totaliza unos 21 millones de toneladas. A esta tarea se dedican más de dos millones de productores a pequeña escala.
Greenpeace ha denunciado la presencia de maíz transgénico en seis estados de los 32 que componen México, además de la importación de semillas genéticamente modificadas.
Ya en noviembre de 2001 se reveló la contaminación del maíz nativo en el sureño estado de Oaxaca con dos OGM. La afirmación fue hecha por una investigación publicada en la prestigiosa revista científica británica Nature, realizada por los biólogos Ignacio Chapela, de México, y David Quist, de Estados Unidos, que trabajan en la estadounidense Universidad de Berkeley.
Además, Greenpeace demandó a varios funcionarios públicos por la modificación del reglamento de la ley, ideada para propiciar la introducción de las siembras experimentales transgénicas y sin que mediara una consulta pública al respecto, como lo establece la propia legislación.
Además, la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente de fallo un recurso de inconstitucionalidad en contra de esos cambios reglamentarios.
Para defender el maíz criollo ante las semillas genéticamente modificadas surgió en México la Campaña Sin Maíz No Hay País, emprendida por un colectivo de organizaciones no gubernamentales y que decidió celebrar cada 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz.
Lara y San Vicente coincidieron en señalar las presiones de la industria biotecnológica para obtener los permisos para cultivos transgénicos.
"Las empresas han estado cabildeando fuertemente para que se acepten sus semillas patentadas", denunció Lara.
En enero pasado, Calderón se reunió con Hugo Grant, presidente de Monsanto, durante el Foro Económico Mundial, que se realiza cada año en la localidad turística suiza de Davos.
En agosto, el gobierno de Calderón dio luz verde al Centro Integral de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México para plantar trigo genéticamente modificado resistente a la sequía en una superficie de 0,25 hectáreas en el central estado de Morelos.
En total, Sagarpa y Semarnat han recibido 35 solicitudes para sembrar maíz transgénico.
Las organizaciones sociales quieren que el gobierno reinstituya una moratoria a ese tipo de cultivos, impuesta inicialmente en 1999 y derogada en marzo de este año.
En un desplegado publicado este viernes en la prensa nacional, organizaciones no gubernamentales, intelectuales y científicos pidieron al gobierno la declaración de la moratoria sobre el uso de semillas transgénicas de maíz.
De hecho, en el estudio "Origen y diversificación del maíz, una revisión analítica", los expertos recomiendan esa medida, hasta que se definan con precisión los centros de origen y diversidad genética.
En suelo mexicano ya se realizan cultivos investigativos de algodón y soja.
Lara anticipó que presentaron un recurso de revisión en contra de las autorizaciones extendidas.
"El proceso que da como resultado la autorización ha sido sumamente irregular, poco transparente y que deviene de un mal de origen, la modificación del reglamento de la ley de forma ilegal para eliminar mandatos de protección al maíz", esgrimió la activista.
Durante la visita no oficial a México del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el belga Olivier de Schutter, en septiembre pasado, las organizaciones no gubernamentales le transmitieron su temor a las licencias para cultivos transgénicos.
Se espera que el funcionario internacional vuelva a esta nación norteamericana en periplo oficial en algún momento del año próximo.
Las organizaciones consideraron que los avales para siembras transgénicas forman una pinza con las disposiciones de la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, vigente desde agosto de 2007, que regula que los agricultores sólo podrán usar semillas certificadas, bajo amenaza de persecución penal. Las semillas seguramente provendrán de las empresas privadas del ramo.
Además de Monsanto, las también transnacionales Dupont, Syngenta y Dow Agrosciences dominan el mercado de semillas en el mundo.
