Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú, que desde 2002 resisten la instalación de una fábrica de celulosa en Uruguay, río limítrofe de por medio, tienen pocas expectativas sobre el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia para dirimir la disputa entre ambos países por esta causa.
"Argentina perdió varias oportunidades políticas de frenar la radicación de la planta y ahora, en esta instancia, el conflicto está en un callejón sin salida", dijo a IPS el economista Juan Carlos Quinteros, miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú que protesta desde noviembre de 2006 bloqueando el tránsito de vehículos por la ruta de acceso al puente binacional sobre el río Uruguay.
Ambientalistas de ambos países advirtieron a los vecinos de la zona hace casi una década del plan de radicar, con consecuencias para la salud ambiental, dos grandes fábricas de pasta para elaborar papel en las proximidades de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, distante 22 kilómetros de esa localidad de más de 80.000 habitantes de la oriental provincia argentina de Entre Ríos.
En 2002, un grupo de pobladores de ambas orillas del río comenzaron a movilizarse para impedir la instalación de una fábrica de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y otra de la firma finlandesa Botnia. La primera finalmente desistió de su proyecto y aún estudia su instalación más al sur de Uruguay, pero la segunda comenzó a producir en noviembre de 2007.
Mientras, los gobiernos de Argentina y de Uruguay ventilan sus desacuerdos en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Buenos Aires planteó la demanda por la presunta violación por parte de Montevideo de cuerdos bilaterales de administración conjunta del río al autorizar la construcción de las fábricas.
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Esta semana comenzaron las audiencias finales previas al veredicto del alto tribunal, que se conocerá probablemente a comienzos de 2010. Argentina planteó que Botnia provocará un "daño irreparable" al ambiente en torno al río limítrofe y que la contaminación "se nota" por los olores y manchas en el agua.
La delegación argentina negó haber dado su consentimiento a la instalación de la fábrica, como argumenta Uruguay y obliga el tratado bilateral, y remarcó el olor a "huevo podrido" que llega hasta las costas de Argentina como consecuencia de las emanaciones de la planta.
Uruguay deberá fijar su posición la semana próxima. Pero mientras, el presidente de ese país, el izquierdista Tabaré Vázquez, aseguró que es "absolutamente inexistente" el daño que menciona Argentina y que diversos estudios independientes "han demostrado que (la planta) no contamina".
Cualquiera sea el desenlace en la justicia internacional, los asambleístas de Gualeguaychú anticiparon que su reclamo "no se agota en La Haya", dijo Quinteros. "Nosotros vamos a seguir resistiendo hasta que logremos que Botnia se vaya del río Uruguay", remarcó.
La autora del libro "Daños Colaterales", Verónica Toller, quien investigó el conflicto bilateral, declaró a IPS que los vecinos tienen hoy sentimientos que van "desde el moderado optimismo hasta la rotunda desconfianza en el fallo".
"Frente a los micrófonos o las cámaras de televisión, los asambleístas se muestran confiados. Con los micrófonos apagados reconocen que será difícil que la Corte falle en contra de intereses de los países más poderosos", dijo.
¿Qué pasaría si la Corte determina en una sentencia que Uruguay incumplió el Estatuto y obliga a las partes a retroceder a fojas cero?, se pregunta Toller en su libro. "¿Lo haría La Haya? Y si lo hiciera ¿aceptaría Botnia? ¿Aceptaría Uruguay? Y si no aceptaran ¿qué haría Argentina? ¿Qué podría hacer la Asamblea?".
"Los escenarios posibles imaginables no son alentadores para Argentina", concluye.
Desde hace dos años se mantiene el bloqueo del tránsito por la ruta que une a ambos países a través del puente general San Martín. Este piquete, como le llaman en Argentina, interrumpe el paso día y noche con poca presencia de manifestantes. Esa porfiada actitud es sumamente cuestionada por Uruguay por entender que se atenta contra el derecho a la libertad de movimiento de las personas.
Quinteros eludió una definición acerca de si se levantará o no la medida de fuerza luego del veredicto. "El corte de la ruta no tiene nada que ver con La Haya. Nosotros vamos a seguir reclamando en la justicia federal argentina, donde ya iniciamos una causa, y en otras instancias internacionales", adelantó.
La determinación se basa en que el fallo podría ser adverso y los vecinos lo saben. "Estos tribunales tienen una visión global, no toman en cuenta la visión de la parte afectada", dijo. Pero, aun en el caso de un fallo favorable a sus reclamos, dijo, la sentencia no es vinculante y por lo tanto Uruguay podría no acatarla.
"Es falso que el gobierno argentino nos diga que fueron a La Haya porque nosotros lo pedimos así, sino que fueron porque ese es el mecanismo que prevé el Estatuto del Río Uruguay (de 1975) cuando hay que resolver una controversia", indicó.
"Los vecinos pedíamos ir al tribunal de La Haya en 2003, cuando el presidente (uruguayo Jorge) Batlle autorizó la instalación de ENCE. Ese fue el momento en que se consumó la violación al Tratado y era la oportunidad para ir, en cambio cuando el gobierno argentino optó por esa vía en 2007 ya era tarde", remarcó.
El río Uruguay tiene una extensión de 1.800 kilómetros antes de desembocar en el Río de la Plata, pero Argentina y Uruguay lo comparten a lo largo de sólo 500 kilómetros. Para reglamentar el uso racional de ese recurso natural, ambos países firmaron en 1961 el Tratado del Río Uruguay y en 1975 el Estatuto.
Por el Estatuto, las partes se obligaron a "proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación", y para el cumplimiento de esos compromisos se creó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) integrada por representantes de ambos estados.
La instalación de las fábricas debía contar entonces con la autorización de esta comisión. Uruguay argumenta que la CARU fue informada de los proyectos y que la cancillería argentina los avaló, pero Buenos Aires lo niega. Y en eso están en La haya.
Más aún, el canciller argentino Jorge Taiana, antes de apelar al tribunal de La Haya informó al Congreso legislativo de su país que Uruguay "incumplió" el Estatuto el 9 de octubre de 2003, cuando se autorizó la instalación de ENCE, y el 14 de febrero de 2005 cuando permitió el proyecto de Botnia.
