Las antenas de 32 estaciones de radio y de dos de televisión dejaron de transmitir este sábado en Venezuela, entre ellas las del circuito radial CNB, el de mayor sintonía y de línea editorial opositora, tras la decisión del gobierno de cesar las concesiones a un primer grupo de emisoras investigadas por inconsistencias legales.
La medida, que puede alcanzar en los próximos días a 240 radioemisoras —40 por ciento del parque radiodifusor del país— y a 45 televisoras, se produjo mientras crecen las voces de alarma por una nueva ley propuesta al parlamento para castigar a las personas que al expresarse por cualquier medio incurran en "delitos mediáticos".
"Dicen que el gobierno está detrás (persiguiendo) de los radiodifusores, pero solamente estamos cumpliendo con lo que dice la ley", afirmó Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas considerado mano derecha del presidente Hugo Chávez, al anunciar "las primeras 34 decisiones que tomamos".
Las frecuencias les fueron retiradas a las estaciones por fallecimiento del titular de la concesión —el gobierno se rehúsa a que sea hereditaria—, por vencimiento de la licencia sin que se haya renovado adecuadamente la concesión o porque la autoridad que regula las telecomunicaciones consideró improcedente o incompleta la solicitud de cambio de la titularidad.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano gubernamental para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Cabello hace tres meses.
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"Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, y vamos a hacerlo ya", dijo Cabello al anunciar que las licencias retiradas se entregarán a otros aspirantes a poseerlas. "Quien se sienta vulnerado en sus derechos, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia", agregó.
Nelson Belfort, presidente de la empresarial Cámara de Radio, consideró que "hubo una preselección muy sospechosa de las emisoras a cerrar. Lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación en Venezuela y menos sin un debido proceso". Belfort es el principal propietario de CNB (Circuito Nacional Belfort), que posee 11 emisoras y al que se enlazan parcialmente otras 30 en todo el país, con programas de variedades y de información y con una opinión editorial opositora, incluido el popular vespertino "Aló Ciudadano", que se transmite simultáneamente por radio y televisión.
Decenas de personas se agolparon a las puertas de las emisoras CNB cerradas en Caracas y en otras cuatro ciudades para protestar contra la medida.
William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a IPS que la entidad "da una campanada de alerta ante la ciudadanía para que reaccione y proteste enérgicamente, en el marco de la Constitución, ante esta ola de atropellos".
Echeverría proclamó que "podrán cerrar los medios de comunicación pero no nuestras conciencias" ante los micrófonos de CNB de Caracas al momento del cierre.
El Colegio de Periodistas llamó la atención en un comunicado sobre "el modus operandi del Estado cuando toma la decisión de cerrar emisoras: un viernes, bien entrada la noche, en la víspera del primero de agosto, seguro de que el país estuviera distraído en sus vacaciones", pues esta es la época de asueto escolar en Venezuela.
"Con este cierre de medios el gobierno deja sin trabajo ni perspectivas laborales a periodistas, operadores, técnicos, ingenieros, empleados y obreros", dijo Echeverría.
La reportera Laura Castellanos, empleada de CNB y que trabajaba en la televisora Radio Caracas TV cuando se le retiró la concesión de señal abierta hace dos años, se preguntó: "¿Qué hago yo ahora? Tengo dos hijas. Cada vez se nos cierran más puertas".
La Cámara de Radio dijo en un pronunciamiento que el cierre de las 34 estaciones "es un pase de factura a las emisoras que se ponen del lado de los ciudadanos, una acción arbitraria e ilegal que viola la libertad de expresión, los derechos a debido proceso y a la defensa, y el derecho al trabajo de centenares de personas".
La orden de cierre de las 34 emisoras se produjo mientras se multiplicaban las protestas por la propuesta que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, presentó ante el parlamento para que se sancione una "ley especial contra delitos mediáticos".
El proyecto califica como tales delitos "acciones u omisiones ( ) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
Toda persona que "manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o moral pública" será castigada con entre dos y cuatro años de prisión, según la iniciativa.
La misma pena se aplicará en tal caso a "la persona responsable del medio de comunicación", sea éste "impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza".
A la cárcel irían los responsables de medios que, a pedido del Ministerio Público (fiscalía), se negasen a revelar la identidad de autores de trabajos emitidos con seudónimos, o si "de manera voluntaria e injustificada se negasen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información".
En Venezuela, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, organizaciones civiles como Espacio Público y Expresión Libre denunciaron que el proyecto viola la Constitución y exigieron que el parlamento "lo rechace y se inhiba de establecer nuevos delitos de información y opinión que sólo se observan en sociedades autoritarias".
Con ellos se solidarizaron entidades internacionales como Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, el estadounidense Comité para la Protección de Periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la patronal Sociedad Interamericana de Prensa.
La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eeckhout, respaldó la propuesta de la fiscal pues "todo poder, como el mediático, tiene que ser regulado por la sociedad, y no olvidamos que el golpe de Estado de 2002 fue orquestado por los medios de comunicación", dijo.
En abril de 2002, cuando un movimiento cívico-militar intentó derrocar a Chávez, varias televisoras efectuaron una cobertura ampliamente favorable al golpe de Estado.
