NUEVA YORK – Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se prepara para su primera ronda de sondeos a puerta cerrada de este mes con el fin de elegir su décimo secretario general, la organización se encuentra en una encrucijada crítica. El multilateralismo se está resquebrajando debido al estancamiento geopolítico, y la ONU se enfrenta a un grave déficit presupuestario provocado por los recortes de financiación.
Sin embargo, la amenaza más grave para la institución no es financiera, sino cultural.
Para recuperar la confianza de la opinión pública mundial, la ONU necesita urgentemente una transformación radical de su cultura organizativa, empezando por la selección de candidatos para su máximo cargo: el puesto de secretario general de la ONU.
Esto requiere desmantelar el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo y las prácticas de «algo por algo» arraigadas en la contratación, la promoción y el nombramiento, y sustituirlas por una cultura basada en el mérito, la integridad, la transparencia y la igualdad de género.
El clientelismo se convierte en norma institucional
La historia del cargo de secretario general y de los altos cargos está marcada por acusaciones y casos documentados de favoritismo que han socavado los valores de mérito y equidad que la ONU profesa.
Durante el mandato del exsecretario general Ban Ki-moon (2007-2016), surgieron preocupaciones sobre la contratación de su yerno en el sistema de la ONU, lo que provocó un debate sobre el supuesto favoritismo, aunque el nombramiento se defendió basándose en méritos.
Bajo el mandato de su antecesor, Kofi Annan (1996-2007), el escándalo del Programa «Petróleo por Alimentos» puso de manifiesto una corrupción generalizada, sobornos y graves fallos administrativos.
Estas controversias no se limitan a los más altos niveles de liderazgo. Periódicamente han surgido acusaciones de politización en la contratación y de clientelismo en todo el sistema de la ONU, lo que pone de relieve una brecha persistente entre los principios de la organización y la realidad interna.
Lo que comienza como una excepción a nivel ejecutivo puede convertirse en una práctica arraigada en todos los organismos y departamentos de la ONU. Los directivos de nivel medio suelen reproducir estos patrones al definir las descripciones de los puestos, adaptar los tribunales de selección, compartir materiales de las entrevistas e influir o «amañar» las vacantes a favor de los candidatos preferidos.
En un entorno así, la contratación por la puerta trasera corre el riesgo de convertirse en algo normalizado en lugar de excepcional.
El resultado es una paradoja perjudicial: mientras que la ONU defiende públicamente la equidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia, sus sistemas internos suelen funcionar a base de favoritismo, conexiones personales y exclusión.
El personal con talento que carece de acceso a redes influyentes se enfrenta a oportunidades de promoción limitadas, mientras que personas mejor conectadas pero menos cualificadas pueden beneficiarse del clientelismo, lo que erosiona la credibilidad institucional, la moral del personal y la confianza pública.
La carrera por la Secretaría General de 2026 bajo la lupa
Incluso en el actual proceso de selección del próximo secretario general, persisten las preocupaciones sobre la equidad institucional.
Las investigaciones de rendición de cuentas llevadas a cabo por grupos de vigilancia independientes han planteado dudas sobre la presencia de familiares del candidato argentinon Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en organismos de la ONU con sede en Viena y Roma.
Por el contrario, candidatas como la chilena Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspan y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa aportan una amplia trayectoria en gobernanza multilateral y liderazgo internacional, sin que se hayan constatado públicamente casos comparables de nombramientos basados en vínculos familiares durante su servicio en la ONU.
También han surgido preocupaciones respecto a las ventajas institucionales desiguales durante el proceso de selección.
Rebeca Grynspan renunció a su cargo de secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), de conformidad con la Resolución 79/327 de la Asamblea General, que anima a los candidatos que ocupan puestos en la ONU a suspender sus funciones durante las campañas para evitar conflictos de intereses y ventajas indebidas. Rafael Grossi, en cambio, ha permanecido en el cargo de director general del OIEA mientras presentaba su candidatura.
Los críticos sostienen que el acceso continuado a la visibilidad y los recursos institucionales puede suponer una ventaja para los titulares. Independientemente de si esto infringe o no las normas formales, plantea preocupaciones más amplias sobre la equidad y el desequilibrio estructural en la selección de los dirigentes.
La persistente brecha de género en la ONU
Más allá del nepotismo y la contratación encubierta, el fracaso más flagrante de este ciclo de selección es la incapacidad de la ONU para romper su propio techo de cristal más alto.
En más de 80 años y nueve secretarios generales, la organización nunca ha estado dirigida por una mujer. Esta situación persiste a pesar de años de campañas globales incansables y altamente coordinadas por parte de grupos de la sociedad civil, defensores y la coalición «1 for 8 Billion», que reclaman un liderazgo equilibrado en materia de género.
A pesar de décadas de llamamientos en favor de la justicia histórica y de la Resolución 79/327 de la Asamblea General —que lamenta que ninguna mujer haya ocupado jamás el cargo de secretario general e insta a los Estados miembros a que consideren seriamente la posibilidad de presentar candidaturas de mujeres—, dos hombres —Rafael Grossi y Macky Sall— fueron nominados de nuevo en un grupo de candidatos tan reducido y exclusivo.
En un momento en el que las mujeres lideran naciones e instituciones globales en medio de graves crisis, este resultado pone de manifiesto una brecha entre los compromisos de los Estados miembros y su actuación en la práctica. Se corre el riesgo de reforzar precisamente las desigualdades que las Naciones Unidas se han comprometido a abordar.
La reforma de la ONU no puede esperar
Quien reemplace al portugués António Guterres desde enero de 202 debe considerar la integridad institucional como una prioridad mucho antes de asumir el cargo; de hecho, incluso antes de anunciar su candidatura.
Los Estados miembros deben traducir los compromisos de reforma de larga data en mandatos exigibles. Estas reformas ya no pueden quedarse en meras aspiraciones; deben convertirse en requisitos inmediatos que determinen la forma en que la ONU se gobierna, contrata y dirige.
• Dar prioridad a una líder femenina para romper el statu quo: Los Estados miembros —y especialmente los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto— deben reconocer que una reforma significativa requiere romper las redes arraigadas de poder y clientelismo. La elección de la primera mujer secretaria general en 2026 supondría un giro decisivo hacia la alineación del liderazgo con los principios de igualdad que la ONU promueve a nivel mundial.
• Normas obligatorias de suspensión de funciones durante la campaña: Cualquier funcionario en activo de la ONU que aspire al cargo de secretario general debería estar obligado a suspender todas sus funciones institucionales al declarar su candidatura. Esto eliminaría incluso la percepción de que se utilizan las plataformas, la influencia o los recursos institucionales para hacer campaña.
• Prohibición de los nombramientos familiares: El sistema de las Naciones Unidas debería adoptar una política estricta que prohíba la contratación, la prestación de servicios de consultoría o la realización de prácticas por parte de familiares directos de cualquier subsecretario general adjunto, subsecretario general, jefe de organismo y candidato a secretario general. La función pública internacional nunca debe ser tratada como un negocio familiar.
• Prevención de la asignación a posteriori de puestos y la contratación encubierta: La Oficina del Secretario General debería estar facultada para revisar de forma independiente las decisiones de contratación y selección en todo el sistema de las Naciones Unidas e investigar pruebas creíbles de favoritismo, amiguismo o clientelismo recíproco. Todos los nombramientos deben seguir procedimientos transparentes y basados en el mérito que resistan el escrutinio interno y público.
Restablecer la credibilidad institucional
El mundo no necesita un secretario general que se limite a gestionar la burocracia; necesita uno que restablezca la autoridad moral en un orden internacional fracturado.
Si el próximo secretario general es seleccionado mediante negociaciones informales, acuerdos a puerta cerrada, un clientelismo arraigado o la exclusión continuada de las mujeres, la ONU corre el riesgo de agravar su crisis de legitimidad y acelerar su pérdida de relevancia a nivel mundial.
La ONU debe reformarse primero a sí misma: romper el techo de cristal más alto de su historia, desmantelar los sistemas de clientelismo arraigados, abrir su proceso de selección a una transparencia y un escrutinio genuinos, y garantizar que su liderazgo refleje los principios y valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La transformación debe comenzar ahora, empezando por las votaciones indicativas de este mes en el Consejo de Seguridad de la ONU para la selección del secretario general.
Shihana Mohamed, de nacionalidad esrilanquesa, es presidenta de Asia Global Network y becaria del programa «Public Voices» de Estados Unidos para la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. También es fundadora de la Red Asiática de las Naciones Unidas para la Diversidad y la Inclusión y una firme defensora de la igualdad de género y el avance de la mujer. Trabajó en la ONU durante más de 25 años.
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