Extraños llamados telefónicos y desconocidos merodeando la casa obligaron a ponerle una guardia policial al juez Alejandro Madrid, quien lleva adelante en Chile la única etapa pública del proceso por el secuestro y asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, un agente de la dictadura de Augusto Pinochet.
La salida de Chile, desaparición y luego muerte del ex químico de la ya disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura (1973-1990) son investigadas desde 1993 bajo el antiguo sistema procesal penal. El lunes comenzó la fase del plenario, con audiencias públicas donde se rinden las pruebas, la cual se extenderá hasta el 18 de este mes.
Luego, el juez Madrid, que instruye la causa desde 2003, tiene un plazo de 20 días para dictar las sentencias de primera instancia, aunque es común que esta etapa final se extienda un poco más cuando se trata de casos complejos.
Medios de comunicación informaron el jueves que el magistrado estaba recibiendo protección de efectivos de la Policía de Investigaciones debido a amenazas.
Este viernes, Madrid confirmó que vecinos suyos divisaron a una persona fotografiando su domicilio y haber recibido llamadas telefónicas anónimas. Quien las hace no habla, sino que se queda escuchando por largo rato en silencio, señaló.
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En 2006, este magistrado también solicitó resguardo policial por el mismo caso Berríos.
"Es lamentable que en el marco de un Estado de derecho, de un país que se rige por normas jurídicas, ciertas personas estén atribuyéndose algún poder o facultad para intimidar a los miembros de los poderes públicos, lo que encuentro totalmente inadecuado y no debe ser permitido por las autoridades", dijo Madrid a periodistas.
Uno de los efectivos destinados a la custodia del magistrado es el mismo que en su momento protegió al ahora jubilado juez Juan Guzmán Tapia, el primero en procesar infructuosamente a Pinochet (1915-2006) por violaciones a los derechos humanos.
El gobierno actual de la socialista Michelle Bachelet reaccionó de inmediato con rechazo ante los hechos. "Si empezamos con amedrentamiento a los jueces vamos por mal camino. Así que espero que logremos encontrar a culpables de esto a la brevedad posible", dijo el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Berríos, un químico especialista en la fabricación de armas letales, como el gas tóxico sarín y otros, fue agente de la DINA.
En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país hacia Argentina y luego ubicado en Uruguay, donde estuvo custodiado por militares de ese país y chilenos.
La razón era mantenerlo oculto para que no declarara en el juicio por el caso de Orlando Letelier, el canciller del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973) asesinado en un atentado con explosivos en 1976 en Washington por agentes de la dictadura pinochetista.
La última vez que se lo vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría del balneario de Parque del Plata, cercano a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De ahí fue retirado por el coronel retirado Tomás Casella y el teniente coronel Eduardo Radaelli.
En 2006 ambos militares uruguayos fueron extraditados a Chile junto al también coronel Wellington Sarli y posteriormente procesados por Madrid como autores de secuestro y asociación ilícita.
Finalmente el cadáver de Berríos, con impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en la playa El Pinar, vecina de Parque del Plata.
En la etapa del plenario, han surgido relevantes datos hasta ahora desconocidos, aseguró a IPS Álvaro Varela, uno de los abogados querellantes.
Varela representa a la familia del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció en 1982 en extrañas circunstancias después de una operación rutinaria, caso que también es investigado por el juez Madrid.
El fallecido líder del Partido Demócrata Cristiano era el padre del ex presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien ahora vuelve a aspirar al mismo máximo cargo por la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centroizquierda en el gobierno desde 1990.
El entorno de ex mandatario democratacristiano se hizo parte de la causa de Berríos porque sus sospechas apuntan a que éste estuvo involucrado en el presunto homicidio por envenenamiento del entonces líder de la oposición a Pinochet.
"Se sabía que Pinochet había dado la orden al director de la inteligencia militar (de la época, el general retirado, Hernán Ramírez Rurange) de sacar a Berríos del país. Lo que no sabíamos era que además Pinochet fue informado posteriormente de que la operación se había ejecutado y que había sido traslado a Uruguay", dijo Varela.
"Pero, además, el director de inteligencia que lo sucedió (el general retirado Eugenio Covarrubias), dijo hoy (por este viernes) que (Pinochet) también fue informado de las circunstancias en que había fallecido Berríos. Y el mismo (Covarrubias) expuso que Pinochet dijo bueno, (tras lo cual preguntó) ¿y nosotros tenemos algo que ver eso?", relató el abogado.
"En definitiva, son antecedentes muy relevantes de la participación de la máxima autoridad del Ejército de la época", observó.
Según Varela, otro testigo declaró que "Berríos, entre 1986 y 1987, aún tenía en su poder elementos químicos con los cuales podía eliminar personas sin dejar rastro y que el mismo Berríos le dijo que, aunque le hicieran una autopsia (al cuerpo de los afectados), no iban a encontrar las pruebas".
"Otro antecedentes relevante, desde el punto de vista de los intereses de la familia Frei, fue la revelación del principal agente designado de la operación de Berríos (Raúl Lillo), quien al ser consultado por qué se le designó a él, respondió que fue por la experiencia que había tenido él a cargo del control, vigilancia y seguimiento del Partido Demócrata Cristiano", aseguró.
El Caso Berríos es considerado una de las últimas operaciones del llamado Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas del 70 y del 80, con la anuencia de Estados Unidos.
Lo preocupante es que cuando el científico chileno despareció, las Fuerzas Armadas de los países involucrados ya estaban bajo el mando de gobiernos democráticos.
Además de aclarar la confusa muerte de Frei Montalva, el caso Berríos puede ayudar a desenredar otros emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos de la dictadura chilena, como los asesinatos de Letelier y del diplomático español Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, perpetrado también en 1976.
