«La noche del 23 de octubre de 1976, casi 33 años atrás, fue la última vez que vi a mi hijo Pablo. Tenía 17 años y estaba aterrado. Desde entonces no he tenido ninguna noticia fehaciente de su destino. Mi familia y yo quedamos librados a los angustiosos tormentos de la imaginación».
Así comienza el conmovedor libro "La historia íntima de los derechos humanos en Argentina. A Pablo", de Graciela Fernández Meijide, una mujer cuya historia dio un vuelco el día que la dictadura le arrebató e hizo desaparecer a uno de sus tres hijos, que cursaba el último año de la escuela secundaria.
De profesora de francés, Fernández Meijide devino por la fuerza en activista de la organización no gubernamental Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y en 1984 fue secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), conformada por un grupo de personalidades para recoger denuncias y testimonios sobre detenidos-desaparecidos por el régimen que se implantó a sangre y fuego entre 1976 y 1983.
Fernández Meijide se encargó en la Comisión de recibir testimonios de familiares y ordenarlos en lo que sería luego el informe, transformado también en libro, titulado "Nunca Más", que fue presentado por el presidente del grupo, el destacado escritor Ernesto Sábato.
Ese documento pormenorizado sirvió como base probatoria para llevar a la cárcel, condenados por violaciones a los derechos humanos y otros crímenes aberrantes, a los jefes de la dictadura en los históricos juicios de mediados de los años 80, varios de ellos con pena de prisión perpetua, aunque luego el presidente Carlos Menem (1989-1999) los indultó.
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"El libro tiene una dimensión testimonial, pero es también la descripción de cómo funcionaban los organismos (organizaciones de derechos humanos), sus diferencias y articulaciones, y las estrategias que debíamos inventar con gran creatividad para sobrevivir a la dictadura primero y a (los intentos por) socavar su credibilidad después", explicó la autora a IPS.
"Está contado desde la cocina", admite Fernández Meijide. En el libro se revelan discusiones generadas entre familiares directamente afectados por un secuestro e integrantes de las organizaciones con trayectoria político-partidaria, debates acerca de la conveniencia o no de apoyar la Conadep y otras tantas iniciativas en busca de justicia.
"La historia íntima ", publicado este mes, generó una acalorada polémica al ver la luz, pero no por su contenido sino por comentarios de la autora que generaron rechazo y críticas aún de quienes no lo leyeron.
Por ejemplo, la cantidad de secuestrados que recoge Fernández Meijide fue cuestionada airadamente, por entender que es mucho mayor al que se maneja en el libro, por la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos y por organizaciones no gubernamentales de familiares de detenidos-desaparecidos.
La autora menciona el número de 7.030 detenidos-desaparecidos que se cuentan en registros oficiales y casi 9.000 en la Conadep, pero no alude a los 30.000 que históricamente han manejado las organizaciones de derechos humanos, entre ellas las de madres y de familiares de las víctimas, y el gobierno de Cristina Fernández y el de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner (2003-2007). Es una proyección estimada y sobre todo simbólica.
Pero además, Fernández Meijide planteó la posibilidad de ofrecer una reducción de penas a los represores que ofrecieran datos ciertos sobre el destino final de las víctimas, entre ellas su propio hijo. Iniciativa que también fue duramente censurada.
En Argentina, los juicios contra los violadores de los derechos humanos están en pleno desarrollo desde hace cinco años, cuando finalmente se anularon las leyes de impunidad aprobadas a fines de los años 80 y el indulto de Menem. Pero los procesos van en marcha lenta y muchos acusados y testigos van muriendo en el camino.
Tal como se hizo en Sudáfrica tras el fin del apartheid (régimen de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra finalizado en 1994), Fernández Meijide consideró necesario ofrecer un acortamiento de la condena a quienes colaboren con "información fehaciente y comprobada" del destino de sus familiares, antes de que los deudos mueran sin saber lo que pasó con sus seres queridos.
"Es obligación del Estado que haya justicia y verdad", remarcó la autora, pero no en su libro sino en comentarios en torno a la presentación editorial del mismo. En ese mismo ámbito, aseguró que hay ex detenidos, familiares de víctimas y jueces que también consideran esta alternativa a fin de que la justicia sea completa.
De hecho, días después de presentado el libro y desatada la polémica se dio a conocer una carta de Sonia Torres, fundadora de la filial en la central provincia de Córdoba de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En esa misiva publicada en los medios, le pide a su nieta o nieto desconocido que se contacte con ella antes de que cumpla 80 años, en septiembre.
La hija de Torres fue secuestrada cuando tenía 21 años y estaba embarazada de ocho meses, el mismo año en fue desaparecido el hijo de Fernández Meijide.
Años después supo que su hija había sido asesinada después de dar a luz y desde entonces busca a ese nieto o nieta que ya tiene 33 años y vive bajo una identidad desconocida. Abuelas de Plaza de Mayo fue creada en plena dictadura precisamente para buscar a las niñas y niños secuestrados junto a sus padres o a nacidos en cautiverio y entregados con identidad falsa a otras personas.
También otra madre y abuela de desaparecidos, Maria Isabel Chorobik de Mariani, confesó a Fernández Meijide que aceptaría una reducción de pena a los captores, ya presos, de su hijo, nuera y de su nieta con tal de que digan donde está última. La hoy ya joven se llama Anahí y fue secuestrada cuando apenas tenía tres meses. La mujer, de 80 años, está casi ciega.
Sin embargo, las dirigencias de las organizaciones de derechos humanos casi en bloque rechazaron la idea de Fernández Meijide.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, a quien la dictadura hizo desaparecer a su hija, a su pareja y al niño nacido en un campo de concentración, rechazó de plano la propuesta de "negociar la impunidad a cambio de encontrar a nuestros nietos".
Para Fernández Meijide, los que rechazan la idea y la critican "no leyeron el libro y se guiaron por comentarios". En el texto, no aparece esta idea de reducir penas a los represores. Pero sí de la lectura se desprende la pena y la impotencia de una mujer que, a los 78 años, tiene miedo de morir sin saber qué fue de Pablo.
"Siempre que hay una pérdida tan grande hay un ritual fúnebre y un tiempo de duelo, pero cuando se está ante un caso de evaporación de la persona y no se sabe lo que pasó, aún cuando se presume que fueron asesinados, uno no puede cerrar nunca esa historia", explicó.
Pablo fue secuestrado siete meses después del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 por una junta militar encabezada por Jorge Videla. Un grupo que se identificó como de la Policía Federal golpeó la puerta del departamento donde vivía la familia en Buenos Aires, buscó al joven y se lo llevó. Días antes habían secuestrado a otros compañeros de su escuela.
"Ninguno de nosotros lloraba porque no alcanzábamos a imaginar la dimensión del espanto que sobrevendría", cuenta Fernández Meijide por primera vez en el libro.
En la búsqueda de su hijo, Fernández Meijide encontró consuelo junto a otros familiares y al poco tiempo dejó su trabajo como profesora para dedicarse por completo a la labor militante a favor de los derechos humanos. En 1984 fue propuesta para trabajar en la Conadep en una labor que pocos resistían.
El gobierno de entonces de Raúl Alfonsín (1983-1989) propuso a una decena de colaboradores para recibir denuncias, pero en pocos días huyeron por la impresión y la emoción de los relatos recibidos, cuentan testigos en el libro. Entonces fue convocada ella, que ya había hecho ese trabajo en plena dictadura.
Con los años, Fernández Meijide se volcó a la política partidaria. Fue una conspicua integrante de la Alianza que gobernó argentina entre 1999 y 2001 tras una labor destacada como opositora al gobierno de Menem. En aquellos años fue legisladora y luego ministra de Desarrollo Social.
Ahora, retirada de la escena pública, pasó dos años escribiendo este libro que ella describe como "una historia integral del desarrollo de las organizaciones de los derechos humanos y la Conadep", pero que es también la historia inconclusa de su hijo Pablo y de otros miles de detenidos-desaparecidos.
