Una organización no gubernamental de Argentina advierte que un consorcio minero, cuestionado por operaciones contaminantes, reparte utilidades millonarias con universidades públicas desde hace dos años, con lo cual se amenazaría así la independencia de sus eventuales informes técnicos.
El alerta fue disparado por el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, a raíz del reparto de beneficios por más de 86 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) que hizo Minera Alumbrera Limitada en 2008 y este año entre 40 universidades de distintas provincias, por un compromiso legal.
La documentación obtenida por Montenegro muestra la distribución proporcional hecha por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios públicas de Argentina, sin que la información se difunda ni los detalles y destino de los fondos.
Montenegro, profesor de biología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la central ciudad homónima, pidió a esa casa de estudio rechazar su cuota de esos fondos, crear una comisión que investigue cómo se aceptaron, y pedir en forma "urgente" el rechazo del dinero por parte de las demás universidades.
A raíz de su advertencia, la Facultad de Psicología de la UNC fue la única que se pronunció por el rechazo y, tal como recomendó Montenegro, pidió a la UNC investigar los hechos. La universidad cordobesa, la más antigua del país, se comprometió a estudiar más a fondo el tema y pronunciarse en agosto.
Este académico y dirigente ambientalista, ganador del premio Nobel Alternativo 2004 por su desempeño, dijo a IPS que esos aportes "condicionan la necesaria independencia de las universidades a la hora de elaborar dictámenes técnicos". Además, advirtió, la firma que distribuye los beneficios "tiene serios cuestionamientos por contaminación".
"Aceptar o no los fondos no es un tema técnico, es político. La universidad debe decir que no, porque lo contrario es violar normas éticas", añadió.
Silvana Buján, de la Fundación Bios, informó a IPS que pidió lo mismo a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el sur de la oriental provincia de Buenos Aires, es decir que se rechacen esos fondos que fueron aceptados por el CIN, pero que no le respondieron.
"Entre los docentes (profesores) hay dos posturas sin matices: o se acepta recibir fondos 'de donde sea', o se rechazan algunos desde la ética", dijo. Pero aseguró que hay universidades en las que "sus docentes están interpelando a la autoridad para que expliquen si han aceptado ese dinero sucio".
"Hay muchos consejeros superiores que ni estaban enterados. No creemos que los excuse. Resulta muy extraño que un fondo tan cuestionable pueda pasar desapercibido como ingresos generales disimulado en un paquete de dinero mayor, sin que se explique de dónde vienen esos fondos de manera discriminada", opinó.
"Si acaso ha sido así, debiera evaluarse la posibilidad de su devolución y tomar recaudos para futuras partidas, en las cuales se sepa la procedencia y se evalúe así su legitimidad y su impronta ética", anticipó
El presidente del CIN, Darío Maiorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, en la central provincia de Santa Fe, explicó que los rectores se limitaron a discutir la distribución de los fondos por pedido del ministerio de Educación. "Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibirlos", admitió, pero el reparto que asigna esos beneficios es legal.
El tema es complejo y polémico.
Para la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera, en la occidental provincia de Catamarca, la empresa Minera Alumbrera Limitada, administrada por la firma suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources, firmó en 1999 una alianza transitoria de empresas con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
YMAD, que percibe 20 por ciento de las utilidades de la explotación, es la empresa dueña de los derechos de exploración y explotación del yacimiento a cielo abierto más grande del país, y está conformada por el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca, y la Universidad Nacional de Tucumán
Por ley argentina, YMAD debe repartir los beneficios de la explotación del yacimiento de la siguiente forma: mitad para la Universidad Nacional de Tucumán y la otra mitad a repartir en el resto de las universidades públicas del país. En los dos últimos años, cuando la empresa pudo empezar a repartir utilidades, comenzó la distribución.
La instalación consta de un yacimiento a cielo abierto que produce anualmente 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro, un mineraloducto de 317 kilómetros que va de Catamarca a la vecina provincia de Tucumán, y un electroducto de más de 200 kilómetros para transportar energía.
Desde fines de los años 90, pobladores vecinos del yacimiento tanto en Catamarca como en Tucumán denuncian la contaminación del aire y el agua a raíz de la explotación. En 2008, la justicia de Tucumán procesó por contaminación de un efluente al vicepresidente de la firma minera, Julián Rooney.
Las pericias habían detectado concentraciones superiores a lo esperado de sulfatos, molibdeno, manganeso, arsénico, hierro y boro en el agua del canal tucumano DP2, donde la minera vierte sus efluentes. A su vez, se investiga el impacto de roturas del mineraloducto, por donde escapan derrames.
Urbano Cardozo, vecino de la entidad Vecinos Andalgalenses Autoconvocados por la Vida, dijo a IPS que tienen documentadas cinco roturas del mineraloducto, y que los técnicos de la firma que van a recoger las pérdidas lo hacen con trajes y guantes especiales, cascos, máscaras, antiparras y botas
Hay también frecuentes filtraciones de metales pesados del dique de cola, afirman los vecinos, que van al río Vis-Vis.
