En plenas vacaciones del parlamento de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe confirmó que destinará al menos tres bases para uso estadounidense. «Parece que Estados Unidos planifica aumentar su dedicación militar y paramilitar al conflicto colombiano», evaluó el experto Wilbert van der Zeijden, del Transnational Institute.
Van der Zeijden, miembro de la Red Mundial por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, no descartó que los estadounidenses "prevean participar en misiones en el terreno junto con el ejército colombiano".
El jueves, Estados Unidos inició el retiro de tropas de la base de Manta, situada en la costa occidental de Ecuador sobre el océano Pacífico y cedida en 1999 a la fuerza aérea estadounidense para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.
En la tarde del miércoles, el gobierno colombiano reconoció que está por firmar un convenio ampliatorio de la cooperación militar con Estados Unidos, que destina tres bases militares para uso del Departamento (ministerio) de Defensa de ese país, aunque el analista militar Alfredo Rangel se refirió a cinco.
El gobierno mencionó las bases de Malambo, en el extremo norte cerca de la costa atlántica y con dominio sobre el mar Caribe, de Apiay, en el centro-sur, que controla la Orinoquia y la Amazonia, y Palanquero, la principal instalación aérea, en la zona central de este país andino, a la que la administración de Barack Obama ya le destinó una partida de 46 millones de dólares para readecuaciones en 2010.
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Según Bogotá, no se trata de ningún pacto nuevo, sino de una reforma de una cooperación militar de decenios, que llamó "acuerdo simplificado" y que tendrá una vigencia de 10 años, similar al tratado para el uso de Manta que habían firmado Washington y Quito, que expirará en noviembre y cuya renovación rechazó el gobierno de Ecuador.
Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto.
Desde enero de 2000, Washington aplica el Plan Colombia, presentado inicialmente como antidrogas, pero luego convertido también en contrainsurgente y dirigido contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estados Unidos califica a las FARC, guerrilla campesina nacida en 1964, como organización "terrorista" y el mayor cartel de drogas del hemisferio occidental.
El gobierno colombiano se esfuerza por conseguir que Estados Unidos no rebaje más de lo previsto la financiación del Plan Colombia, que le permite enfrentar cómodamente a la guerrilla mediante operaciones aéreas y aumento de tropas.
El Plan Colombia habilita la presencia de 800 militares estadounidenses en calidad de asesores y de 600 "contratistas". Su centro de operaciones es la base de Tres Esquinas, en el sur del país.
El nuevo "acuerdo simplificado" incluye el estacionamiento de idénticas cantidades de personal, y ambos gobiernos sostienen que no se aumentarán esos topes.
Con la advertencia de que está en juego la soberanía de Colombia, la reacción interna al convenio no se hizo esperar, incluso de parte del Consejo de Estado y de un sector del parlamento, incluyendo legisladores oficialistas. El gobierno se apresuró a remarcar que el acuerdo "aún viene siendo discutido".
Sólo el jueves al mediodía, el Poder Ejecutivo informó al Consejo de Estado, encargado por la Constitución de pronunciarse previamente sobre la legalidad de un tratado militar como éste, aunque su concepto no es obligatorio.
El presidente del Consejo, Rafael Ostau Delafont, dijo que la reunión fue apenas "un acercamiento" y remarcó que la Constitución prevé para estos casos "que intervengan también otras ramas del poder público, en este caso la Rama Judicial".
Entretanto, el senador Jairo Clopatofsky, del gobernante Partido de la U, anunció que citará al gobierno a un debate sobre el tema tan pronto se inicie la legislatura el lunes 20.
El debate no cuestionaría la cooperación militar, según Clopatofsky, sino el hecho de que "es atribución del Senado de la República el movimiento de tropas" extranjeras en el país.
La Constitución exige consulta previa al Consejo de Estado y aprobación del Senado para el ingreso o el paso de tropas extranjeras en territorio nacional.
"Obtener acuerdos con países como los Estados Unidos", defendió Uribe, "para que nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país".
El embajador estadounidense William Brownfield terció el jueves, enfatizando que en el acuerdo "no se habla de bases".
"La verdad es que las Fuerzas Armadas de Colombia son las más sofisticadas de toda la región de América Latina. No necesitan nuevas bases. Tienen sus bases. La cuestión es acceso", puntualizó Brownfield.
El diplomático explicó que "el gobierno colombiano va a autorizar cada misión cien por ciento", y, tal como está acordado ya en el Plan Colombia, "cada misión tendrá un representante del gobierno colombiano —policía o Fuerzas Armadas— a bordo de los aviones, y las misiones serán con la autorización específica y explícita del gobierno colombiano".
El ministro de Defensa encargado y comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, dijo que generales de la fuerza aérea seguirán al mando de las bases en las que se estacionarán tropas estadounidenses.
La noticia del traslado de las funciones de Manta a Colombia fue confirmada el 14 de abril por Brownfield, en medio de una visita de Uribe a Venezuela, cuyo mandatario Hugo Chávez se mostró receloso ante versiones anteriores de que esa base sería trasladada al pie de la frontera colombiana con su país, en la península de La Guajira.
En rueda de prensa conjunta con Chávez, Uribe declaró entonces en Caracas que "nadie en Colombia está autorizado para dar ese tipo de declaraciones que mencionen la palabra Manta". "Se trata de una cooperación entre los dos países (Colombia y Estados Unidos) para combatir el narcotráfico", agregó.
Mientras Uribe minimizaba el asunto ante el segundo socio comercial de su país, en Bogotá el general Padilla señalaba que "va a haber una ausencia de una base que estaba prestando un enorme servicio en la lucha contra el narcotráfico, entre otras misiones. Y esa ausencia, hay que ver la manera de subsanarla".
Se trataría, dijo entonces el oficial a Caracol Radio, de "una participación que sea efectiva, contundente, pero en los parámetros del siglo XXI", y no se repetiría "la forma como fue Manta". Las bases colombianas serían utilizadas "logísticamente", agregó.
Pero, el jueves el mismo Padilla relativizó el "acceso" de militares estadounidenses a las bases colombianas.
Éstos se dedicarían a actividades "como hacerle mantenimiento técnico en apoyo a Colombia, por ejemplo, para los helicópteros Black Hawk", pues "nosotros no tenemos personal colombiano suficiente".
En todo caso, los militares estadounidenses no tendrán que responder ante las leyes colombianas pues el "acceso" incluye una cláusula de inmunidad.
"Una vez que se permite el ingreso de militares de Estados Unidos a un país, suele ser difícil contenerlos, tienden a expandir sus operaciones sin importar si están comprendidas o no en el acuerdo firmado sobre el estatuto de las tropas", comentó Van der Zeijden a IPS en abril.
Además, "las bases militares son habitadas sobre todo por hombres jóvenes, aburridos y frustrados. Lejos del hogar, familia, amigos, novias o esposas, buscan distracciones en la ciudad" más cercana, advirtió.
"El resultado ha sido un notable aumento de delitos, incluyendo violaciones, tráfico de drogas, robos y abusos violentos", señaló Van der Zeijden. En Ecuador, "la base condujo a un marcado crecimiento de la prostitución en Manta".
Por otra parte, el experto estimó que "la cercanía tan estrecha con Estados Unidos aísla más y más a Colombia en América Latina. Esto no puede ser bueno tampoco para su situación económica".
Hasta abril, en Colombia se ignoraba que el gobierno estuviera negociando cualquier "acceso" a bases nacionales. El entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que había mostrado oposición a la idea, sorpresivamente ofreció el 5 de marzo al jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Michael Mullen, "ampliar las facilidades en algunas bases aéreas".
El jueves, en una cumbre en La Paz de los mandatarios de Bolivia, Ecuador y Venezuela, el presidente boliviano Evo Morales dijo que "es traidor de su país, es traidor de su patria" el político que permite el ingreso de tropas estadounidenses.
