En los años 60 se llamó Plan LASO (Latin American Security Operation), hoy es Plan Colombia. Entonces se trataba de extirpar, como una yerba mala, al comunismo, hoy se trata de combatir al narcotráfico y, como efecto colateral, golpear a la guerrilla colombiana.
Ayer u hoy, son los intereses de Estados Unidos los que están en juego, aunque los muertos se queden en Colombia, sea que se combata a los comunistas, a los guerrilleros, a los narcotraficantes o a todos ellos juntos.
En mayo de 1964, los teletipos de los periódicos hicieron sonar la campanilla de "urgente" con un cable fechado en Washington sobre el grupo de asesores de tácticas especiales del ejército de Estados Unidos enviado a Colombia "a fin de instruir a soldados y policías colombianos en técnicas antiguerrilleras".
Era parte de una campaña iniciada por el presidente Alberto Lleras Camargo (1945-1946 y 1958-1962) y continuada por su sucesor Guillermo León Valencia (1962-1966).
Uno de los aspectos de esa táctica contrainsurgente fue "una guerra sicológica entre los campesinos para obtener de ellos informes sobre los escondites de los facinerosos", decía el cable de la agencia UPI.
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Las tácticas que se utilizaron el 6 de junio de 1964 en el ataque a Marquetalia, una ignorada población campesina en el centro de Colombia, no dejaron duda sobre la escuela y los maestros de los militares que, al mando del coronel José Joaquín Matallana, iniciaron su ofensiva con una lluvia de papeles impresos con llamamientos a la población civil.
Al mismo tiempo, desde un helicóptero, una voz amplificada por un poderoso parlante repetía llamados a ofrecerle apoyo al ejército y anunciaba la inminente caída de los líderes comunistas afincados en la región, que darían origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Días después comenzaron los bombardeos y el fuego de ametralladoras sobre las sierras a Atá e Iquira, donde se suponía que se escondían los comunistas. Poco más tarde aparecieron los helicópteros: "Ochocientos hombres ocuparon los dos filos y en 55 minutos iniciaron el dominio del altiplano enlazándose con las tropas que avanzaban por tierra", recordaría el líder "Jacobo Arenas", fundador de las FARC.
Fueron tácticas similares a las de la Guerra de Vietnam (1964-1975), coordinadas desde Neiva, la capital departamental más cercana, por los asesores militares de Estados Unidos que ya operaban en el territorio colombiano.
Según el entonces ex presidente Lleras, era una ayuda necesaria para el país, dada la deficiente preparación de las fuerzas nacionales y la magnitud de la amenaza comunista.
Hoy Colombia es el tercer país, después de Israel y Egipto, que recibe la mayor ayuda militar de Estados Unidos.
Tratando de restar importancia a la decisión de permitir la operación de Estados Unidos en tres o cinco bases militares —la cantidad no está clara—, los portavoces oficiales han dicho este mes que se trata de una continuación del Plan Colombia, financiado por Washington desde 2000 para combatir el narcotráfico y la guerrilla, lo cual es parcialmente cierto.
A lo largo de los últimos 50 años la presencia militar de Estados Unidos en Colombia ha tenido distintas formas y fases que se han sucedido sin interrupción.
DESDE EL BATALLON COLOMBIA EN COREA
Después de la participación del Batallón Colombia en la Guerra de Corea (1950-1953), el compromiso colombiano en la lucha contra el comunismo fue irreversible. Los gobiernos y el ejército se hallaron envueltos en la defensa del continente, diseñada por Estados Unidos contra la amenaza comunista, hasta que apareció el nuevo peligro: el narcotráfico. Y con el mismo apasionamiento se alinearon contra los traficantes de droga.
Colombia comenzó a ser objetivo militar de Estados Unidos cuando coincidieron, como coordenadas en un mapa, varios hechos.
Uno de ellos fue el memorando Bourne, nombre del consejero especial del presidente Jimmy Carter (1977-1981), Peter Bourne, quien señaló al mandatario electo colombiano Julio César Turbay (1978-1982) como conectado con grupos de narcotraficantes. La revista de izquierda Alternativa presentó a Turbay en su portada con apariencia de capo mafioso.
La influyente revista estadounidense Esquire fue más concreta: según el autor del artículo de fondo, el contrabando de marihuana había llegado a los altos funcionarios de Colombia.
Al mismo tiempo se supo que Estados Unidos, gracias a vuelos espías de la Operación Stopgap, decomisaba en alta mar embarcaciones colombianas cargadas de marihuana.
Se agregó la presión de Carter y del entonces administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Peter Bensinger, quienes en nombre de la "seguridad nacional" de Colombia, plantearon la necesidad de una acción militar para enfrentar el narcotráfico.
La presencia militar, policial o legal de Estados Unidos ha sido constante como factor para que el ejército colombiano se involucrara en la lucha antidrogas.
También se manifestó en las campañas para la erradicación de cultivos de coca y amapola con aspersión aérea de químicos y en el combate, por todos los medios, de los prejuicios nacionalistas contra la extradición de colombianos para ser juzgados en Estados Unidos, hasta llegar a la cifra récord de 800 extraditados en el actual gobierno de Álvaro Uribe.
En otros momentos, la presencia militar estadounidense tuvo que ver con la instalación de radares, nominalmente para vigilar el vuelo de naves que transportaban narcóticos, en la realidad para un efectivo control del espacio aéreo desde sitios estratégicos.
LAS ACCIONES DIRECTAS
A esas formas de influencia se suman distintas operaciones, como las maniobras navales con que la armada y la aviación de Estados Unidos hacen presencia en el mundo, y que han mantenido una vigilancia constante.
Al presidente Virgilio Barco (1986-1990) le tocó desautorizar un patrullaje marítimo que incluía la movilización del portaaviones "John F. Kennedy" y de la fragata "Virginia" para una operación antinarcóticos.
Otro día, el entonces secretario (ministro) de Defensa, Richard Cheney (1989-1993) declaró el combate contra las drogas "misión prioritaria de seguridad nacional" y el fiscal general Dick Thornburgh señaló que Estados Unidos estaba dispuesto a enviar tropas a Colombia, si el gobierno de Barco las solicitaba.
El diario El Espectador informó el 10 de febrero de 1989 que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) crearía comandos especializados antidrogas. Más drástico, el ex fiscal de Los Angeles, Vincent Bugliosi, escribió: "La invasión no solo es un derecho, es un deber porque el narcotráfico amenaza la soberanía de Estados Unidos".
El presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, secundó la idea: "Es hora de mirar alternativas como la invasión de esos países". Colombia, el primero de esos objetivos, "es uno de los principales peligros para nuestra seguridad nacional", dijo el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, William Bennett.
Frente a todos estos hechos, el escándalo que explotó años después, cuando unos "marines" (infantes de marina) desembarcaron y construyeron una escuela en Juanchaco, una aldea de pescadores en el océano Pacífico, fue por lo menos desproporcionado.
En efecto, cuando recursos y asesorías cambiaron de objetivo y en vez de vigilar a narcotraficantes, persiguieron guerrilleros, la presencia militar de Estados Unidos en Colombia tuvo otra connotación.
Lo señaló el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa en 1991: "La asistencia militar se destina para combatir la guerrilla".
Más dramática fue la comprobación de ese hecho cuando guerrilleros de las FARC derribaron en febrero de 2003 una avioneta desde la cual "contratistas" militares estadounidenses vigilaban una zona de esa insurgencia. Los tres fueron hechos prisioneros hasta su liberación en la Operación Jaque del ejército, en julio del año pasado.
La acción militar estadounidense en Colombia ha desbordado más límites de lo que parece. Reclamó inmunidades judiciales para su personal, obtuvo información que no compartió y mantiene reservada, propició errores como el de un bombardeo en Candelaria, en el norte del país, sobre civiles, y ahora pone en riesgo las relaciones de este país con los gobiernos vecinos.
La reacción negativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al anuncio del acceso estadounidense a las bases colombianas no recibió una respuesta convincente con la vaga promesa de su par Uribe de que solo se utilizarán para perseguir narcotraficantes y terroristas.
Al rendir su informe al Congreso, el presidente colombiano quiso ser tranquilizador sobre la decisión tomada. No les pasa lo mismo a los vecinos, ni a los colombianos que han seguido con preocupación esta presencia armada extranjera en el territorio nacional durante 50 años.
