En una zona protegida de la Cordillera Central de Colombia chocan planes de explotación aurífera con el interés de agricultores, activistas y autoridades ambientales de preservar bosques y recursos hídricos.
La compañía, que trabaja en la zona desde 2006, espera la autorización para concluir las exploraciones de un yacimiento situado en el municipio de Cajamarca, en el centro-occidental departamento de Tolima, enclavado en la Reserva Forestal Central.
La Ley Segunda de 1959 demarcó esta reserva con el fin de garantizar la protección de una franja de 1,5 millones de hectáreas que discurre de norte a sur en el centro-oeste de Colombia, pasando por 10 departamentos, entre ellos Tolima.
En esta área se encuentran recursos acuíferos claves, como la llamada estrella hídrica del Tolima, una zona de 160 nacientes de agua, y la cuenca del río Coello, así como los ecosistemas que los sustentan: páramos, bosques de niebla y zonas forestales protectoras y productoras, según la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), máxima autoridad ambiental del departamento.
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En la última década, la empresa obtuvo autorizaciones para explorar en 27 sitios del Tolima, 15 en la zona rural de Cajamarca, otorgadas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería del Ministerio de Minas y Energía. En 2006, descubrió el yacimiento.
En diciembre de 2007, la corporación anunció que la riqueza explorada en La Colosa —estimada inicialmente en 12,3 millones de onzas de oro— la convertían en uno de los 10 mayores yacimientos auríferos del mundo.
En enero de 2008 la empresa contrató a 400 trabajadores e intensificó las tareas de exploración, tomando muestras de agua y tierra con 74 perforaciones de "hasta 700 metros de profundidad", dijo a Tierramérica el activista Evelio Campos, coordinador de la organización no gubernamental Ecotierra de Cajamarca.
En febrero de ese año, la directora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, solicitó la intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que ordenara la suspensión del proyecto.
Por ley, la cartera ambiental debe conceder un permiso a las actividades productivas en zonas protegidas, llamado "sustracción de área", que consiste en delimitar un terreno donde no haya más que pastos y rastrojos para trabajos básicos que no afecten las especies protegidas, explicó Bonilla.
Ese permiso no había sido solicitado por la empresa, así que la petición de Bonilla fue aceptada.
"En febrero de 2008 se suspendieron los trabajos por orden del ministerio", dijo a Tierramérica el estudiante de economía Cristian Frasser, de la Universidad del Tolima y miembro de la no gubernamental Conciencia Ambiental.
Pero en mayo de este año la compañía formalizó un pedido para operar en 515 hectáreas con el fin de determinar la viabilidad económica y ambiental del proyecto, y el Ministerio de Ambiente se lo concedió sólo para una superficie de 6,4 hectáreas.
La contratación de trabajadores se ha reducido a no más de 30, pero es imposible obtener datos precisos porque la información sobre el proyecto está restringida y el acceso a la mina permanece resguardado por el ejército.
La Colosa se encuentra a 5,5 kilómetros en línea recta del casco urbano de Cajamarca, y a 35 kilómetros al oeste de Ibagué, la capital departamental.
En Cajamarca viven unas 25.000 personas, la mayoría campesinas. Unos pocos se dedican al comercio, instalado en torno de la plaza central del casco urbano, paso obligado entre el centro y el oeste del país, por su proximidad con la carretera Panamericana.
La zona rural es de algo más de 500 kilómetros cuadrados y abarca todos los pisos térmicos de la montaña, en los que prosperan, según las temperaturas, cultivos de café, frutas y hortalizas como la arracacha (Arracacia xanthorriza), una especie de tubérculo comestible apto para suelos fríos..
Ese desarrollo agrícola corre peligro si las autoridades dan luz verde a la actividad minera, afirman los críticos.
A la campaña contra La Colosa se sumaron la organización católica Pax Christi Holanda, y parlamentarios de diferentes tendencias políticas, la Procuraduría General de la Nación y el procurador ambiental y agrario de Ibagué, Diego Alvarado.
En una audiencia pública celebrada en febrero, Alvarado sostuvo que "el oro de La Colosa se encuentra diseminado en las rocas, en concentraciones de pocos gramos por tonelada, lo que exige que la explotación sea intensiva y a cielo abierto, con graves perjuicios para la región".
Ese modo de producción consiste en extraer enormes cantidades de roca, que deben ser luego sometidas a un proceso químico conocido como lixiviación, que precipita el oro, separándolo del resto de los minerales.
"Para la lixiviación se utilizará cianuro, por lo que es imposible creer que esta actividad sea compatible con el uso del suelo en zonas de reserva forestal, si el cianuro contamina el agua del subsuelo", observó Alvarado.
Un estudio ejecutado por el hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, contratado por Pax Christi, estimó que se necesitaría "un metro cúbico de agua por tonelada de mineral procesado por segundo" para lavar el oro.
"Si estiman procesar entre 20 y 30 millones de toneladas de mineral al año, significaría entre 630 y 950 millones de metros cúbicos de agua por año. O entre nueve y 24 billones de metros cúbicos durante la vida de la mina, que se calcula entre 15 y 25 años", anotó Moran en su informe.
Ese consumo acabaría con el agua que alimenta "el acueducto de los cultivos, con 400 kilómetros de canales que riegan arroz, sorgo y algodón en el centro y el sur del departamento, y que provee a cinco acueductos municipales", dijo a Tierramérica la activista Paola Robayo, estudiante de ingeniera forestal en la Universidad del Tolima.
Las autoridades deberían decidir entre suspender la autorización de exploración, y por consiguiente cerrar el paso a la explotación futura, o cambiar la denominación de la reserva forestal de modo que se permitiera intervenir el área sin restricciones. "Sabemos de la influencia de la AngloGold Ashanti en países de alta corrupción como Colombia, por lo que no nos extrañaría que acabaran por cambiar la legislación", dijo el activista Campos.
El mes pasado, el presidente de la filial en Colombia, Rafael Hertz, dijo a la prensa que en julio se conocería la decisión del ministerio.
Mientras tanto, la empresa lleva a cabo en la zona inversiones de carácter social. "Pintan casas, pavimentan calles y hacen donaciones a escuelas y colegios", dijo Campos. También patrocinó el Festival Folclórico de Ibagué, que se celebra durante dos semanas en el mes de junio.
Paradójicamente, esa fiesta popular sirvió de ámbito para que los críticos distribuyeran folletos y expusieran pancartas contra La Colosa.
* Este artículo fue publicado originalmente el 4 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
