Casi tres semanas después de iniciar una huelga de hambre, 24 campesinas y campesinos nicaragüenses, enfermos por el plaguicida Nemagón, dicen que se dejarán morir esperando un pago prometido por el gobierno sandinista de Daniel Ortega.
Llegaron de madrugada, portando pancartas manuscritas y cargando plásticos negros y cartones que extendieron sobre las calles aledañas, a menos de 50 metros de la casa de Ortega.
Llevaban puestas todavía camisetas y gorras con el lema "el amor es más fuerte que el odio", empleado por el gobierno en la campaña electoral que culminó en las cuestionadas elecciones locales de noviembre de 2008, plagadas de fraude.
Una vez allí, comenzaron una huelga de hambre en reclamo de un pago por haber participado en actos políticos callejeros a favor del FSLN. De los 37 huelguistas iniciales, 24 mantienen el ayuno voluntario.
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El líder del grupo, Leopoldo Casiano Mendoza, explicó a IPS que proceden de las filas de miles de ex trabajadores afectados por el Nemagón, usado en las plantaciones bananeras de los occidentales departamentos nicaragüenses de Chinandega y León en los años 60, 70 y comienzos de los 80.
Más de 12.000 campesinos acusan en Estados Unidos y Nicaragua a compañías de ese país norteamericano de causarles múltiples daños sanitarios por exponerlos sin protección a ese veneno, y ocultar información sobre sus posibles efectos nocivos.
El Nemagón es uno de los nombres comerciales de la sustancia dibromo-cloro-propano (DBCP) fabricada en Estados Unidos. Su producción y uso fueron prohibidos en ese país en 1977, cuando se descubrió que causaba esterilidad y era un potencial agente cancerígeno. Pero se siguió utilizando en Nicaragua y en otras naciones latinoamericanas y africanas.
Las demandas presentadas en tribunales de Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Costa Rica contra las corporaciones de alimentos Dole, Chiquita Brands y Del Monte, así como contra las petroquímicas fabricantes del DBCP, Shell Oil Company, Dow Chemical y Occidental Chemical, entre otras, suman más de 21.500 millones de dólares.
Pero a fines de abril, la jueza Victoria G. Chaney, de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, rechazó dos demandas y anuló un juicio por este caso, alegando que las pruebas y documentos presentados por abogados nicaragüenses habían sido fraguados.
Además, advirtió que iniciaría investigaciones para perseguir penalmente a los demandantes y recomendó a otros tribunales que estudian litigios similares abstenerse de aceptar como evidencias documentos legales, dictámenes médicos y sentencias obtenidas, según indicó, en "el Poder Judicial corrupto de Nicaragua".
Mendoza recordó que ellos y otros muchos campesinos llegaron caminando a Managua desde el departamento de Chinandega, 140 kilómetros al oeste de la capital, y que reclamaron atención de las autoridades instalándose en mayo de 2007 en un campamento improvisado frente a la sede de la Asamblea Nacional legislativa.
Luego, el gobierno de Ortega les pidió colaboración para promover a los candidatos del FSLN. Una parte del grupo se negó y fue expulsado por la fuerza de la organización campesina y del campamento, dijo Mendoza.
Los demás, más de 600 personas, aceptaron desplegarse en las principales avenidas y rotondas de la capital, agitando banderas rojinegras, símbolos del FSLN, y participar en vigilias religiosas en las que oraban día y noche a favor de Ortega y su gobierno.
Esa movilización se mantuvo entre agosto de 2008 y febrero de este año, como pudo atestiguar IPS. Entonces, una parte de ellos empezaron a exigir el presunto pago prometido, que equivalía a unos 10 dólares diarios por jornada, además de la entrega de viviendas y de atención médica especializada, supuestamente ofrecida por las autoridades.
Tras presentar su caso ante la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fueron echados del lugar que ocupaban, sus chozas fueron desmanteladas y quemadas. Varios de ellos denunciaron amenazas de muerte efectuadas por supuestos seguidores de Ortega.
Esto terminó dividiendo al movimiento campesino de afectados por el Nemagón.
Tres meses después, algunos reaparecieron en las cercanías de la casa presidencial, donde yacen día y noche bajo el sol y la lluvia.
"A todos nos han hospitalizado, sólo el fin de semana se nos llevaron graves al Hospital Lenín Fonseca a seis miembros, incluyendo tres compañeras de 55 a 68 años" de edad, dijo a IPS el campesino Félix Flores, de 71 años.
Los médicos advirtieron a Flores que suspendiera la huelga de hambre porque agravaría la anemia y la insuficiencia renal que padece. Pero él no aceptó. "Aquí vamos a estar los que vayamos quedando, esperando morir o hasta que nos paguen", dijo.
Martha Rodríguez, de 63 años, se quejó desde una cuneta de un fuerte dolor de espalda. A ella la trasladó una ambulancia de la Cruz Roja nicaragüense a un centro de salud, donde le inyectaron suero y antibióticos para tratarle una fiebre repentina.
"Me dijeron que me fuera, que si no me voy a morir, pero si me voy, igual me voy a ir morir a mi rancho, y prefiero hacer aquí la lucha con mis compañeras", dijo Rodríguez. Como ella, 12 mujeres participan en la protesta. La más joven tiene 49 años.
Su manifestación es casi solitaria. Apenas son controlados por una brigada de la Cruz Roja que los visita de mañana y de tarde, y por un activista de derechos humanos que llega tres veces al día.
La cercanía de policías y militares que custodian la casa presidencial ha ahuyentado otras muestras de solidaridad, dice Marcos Carmona, director de la CPDH y única persona autorizada por la Presidencia a traspasar el cordón de seguridad para entregar un par de cartas al Poder Ejecutivo, donde se expresan las demandas de los ayunantes.
"Hasta la fecha no han obtenido una respuesta del presidente Ortega, y las instituciones del Estado, que deberían velar por ellos, no han aparecido", dijo Carmona a IPS.
Los únicos que se han referido a los campesinos, además de las organizaciones de derechos humanos, fueron miembros de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.
"Es un crimen y un pecado jugar con el hambre y la miseria de los más pobres y enfermos de este país", dijo a IPS el portavoz de la curia arzobispal de Managua, Rolando Álvarez.
"Ni nuestros hermanos de lucha han venido a respaldarnos", se quejó Pablo José Vanegas, uno de los campesinos en peor estado de salud. Ya fue trasladado tres veces al hospital y suspendió el ayuno por exigencias médicas, pero sigue acompañando a los huelguistas.
La líder del grupo de campesinos que permaneció afín al gobierno, Altagracia del Socorro Solís, desconoció a los huelguistas. "Esos no son nuestros hermanos, son traidores plegados a la derecha que andan ahí para atentar contra nuestro presidente", dijo al ser consultada por IPS en lo que queda del campamento frente a la sede legislativa, al que llegaron hace tres años.
Ese lugar luce más solitario que nunca. "Antes estábamos ahí más de 2.000 personas, ahora no quedan ni 300, nadie está de acuerdo con ella ni con el abandono de este gobierno", dijo Vanegas.
La semana pasada hubo, sin embargo, cierto movimiento en la zona. Agentes de policía cercaron el sector y colocaron vallas metálicas alrededor del sitio. "Prohibido el paso por motivos de seguridad", dijeron los uniformados a los campesinos.
