El Congreso legislativo de Perú derogó este jueves dos de los más cuestionados decretos que alteraban el orden jurídico de los territorios indígenas amazónicos y que fueron origen de un sangriento conflicto.
El miércoles, el presidente Alan García reconoció que su gobierno había cometido un error al no consultar a las comunidades indígenas antes de promulgar, en junio del año pasado, una decena de decretos legislativos que modificaron el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia y que infringían derechos consagrados de los nativos.
El proyecto para derogar los decretos 1.090, sobre recursos forestales y fauna silvestre, y 1.064, sobre el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, fue presentado el miércoles por el Poder Ejecutivo y se sometió este jueves a un intenso debate y votación en el Legislativo.
Se pronunciaron a favor 84 legisladores de la oposición, del gobierno y de bloques aliados.
Los 12 votos en contra correspondieron al bloque de la alianza de centroderecha Unidad Nacional, que se negó a apoyar la derogación porque implicaba "un nefasto precedente", según su portavoz, Javier Bedoya.
[related_articles]
"No podemos avalar a quienes toman el control de las vías de comunicación para protestar", dijo el legislador en referencia a las movilizaciones indígenas que bloquearon carreteras y puertos fluviales en el norte del país.
En la noche del miércoles, García admitió que se debió consultar a los "apus", dirigentes de los 332.000 nativos amazónicos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en la elaboración de los decretos.
"Reconozco que no se conversó con los jefes de las comunidades nativas", dijo García, pero insistió en las "bondades" de los decretos que despachó para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
Pero el mandatario volvió a afirmar que los indígenas que se oponían a esos decretos no actuaron por propia iniciativa ni razonamiento, sino manipulados por agitadores políticos a los que no identificó.
"Agitadores, violentistas y politiqueros convencieron a muchos nativos de buena fe que la ley iba a quitarles el agua y la tierra… Todo eso no era cierto", señaló. "Eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras, y allí criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la policía", agregó el presidente.
García negó que los indígenas awajún, que lideraron la protesta en la nororiental provincia de Bagua, actuaran motivados porque no fueron consultados sobre los decretos. El presidente insistió en que fueron delincuentes comunes los que condujeron la protesta, y no los indígenas, a quienes se les ocultó los beneficios de esas leyes, dijo.
"No se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la policía a matar a muchos nativos", señaló. "Los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos, en vez de revisar por ellos mismos las leyes", abundó.
El 5 de junio, un operativo policial ordenado por García, para desalojar a los indígenas que controlaban la carretera que une la costa norte con Bagua, terminó con la muerte de al menos 10 civiles y 24 policías.
El Congreso investiga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los dirigentes indígenas en esos hechos.
Un acercamiento con los "apus" amazónicos fue iniciativa del primer ministro Yehude Simon, quien el lunes se reunió en la localidad de Mazamari con líderes de la etnia asháninka.
Para sorpresa del Poder Ejecutivo, Simon firmó un acuerdo comprometiéndose a derogar los decretos 1.064 y 1.090, exigencia de los indígenas para levantar la protesta.
Pero los tambores de guerra no han cesado. Poco después de la derogación de los decretos, el Ministerio de Justicia anunció que prepara un pedido de extradición contra el presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, quien viajó este jueves a Managua, tras obtener asilo del gobierno de Nicaragua.
Cuando las autoridades ordenaron la semana pasada la captura de Pizango, al que responsabilizaron de la violencia desatada en Bagua, éste se refugió en la embajada de Nicaragua.
La vicepresidenta de la Aidesep, Daysi Zapata, saludó la derogación de los decretos. Pero, dijo a IPS, "la grave situación de confrontación pudo haberse evitado si es que los pueblos indígenas eran consultados conforme manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ahora no nos estaríamos lamentando por tantas muertes".
Apenas efectuada la votación en el Congreso, la Aidesep ordenó a sus bases a lo largo y ancho del territorio amazónico que levantaran las medidas de fuerza. Para la dirigencia indígena, este logro es solo un episodio de una larga lucha.
Otros dos decretos habían sido derogados el año pasado, luego de que la Aidesep emprendió una intensa movilización con bloqueos y paros.
"Todavía quedan pendientes otras normas que nuestros hermanos de la Amazonia exigen su derogación, de modo que esperamos que en la mesa de diálogo se promueva la discusión sobre las mismas", señaló Zapata. "Esperamos una rectificación en los hechos".
