En medio del aislamiento internacional al régimen cívico-militar que depuso el domingo al gobierno de Manuel Zelaya, la fiscalía de Honduras libró este martes órdenes de captura contra el desterrado gobernante por 18 delitos.
En rueda de prensa, el fiscal general Luís Rubí dijo que los pedidos de captura incluyen acusaciones de abuso de poder, desacato y corrupción, entre otras. "Las órdenes ya están puestas en los tribunales y, si (Zelaya) viene al país, como ha anunciando, que no quede la menor duda que lo vamos a capturar", agregó.
Rubí reaccionó así al anuncio de Zelaya de que retornará este jueves a Honduras, acompañado de una delegación de autoridades de varios países, encabezada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
En la madrugada del domingo, entre 200 y 300 efectivos militares ingresaron a la residencia del presidente, lo sacaron a punta de pistola y lo embarcaron en un avión rumbo a Costa Rica, según él mismo relató. Poco después, los poderes Judicial y Legislativo avalaron la actuación de las Fuerzas Armadas.
Zelaya compareció este martes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para relatar la forma abrupta en que fue depuesto. "Los grupos de poder quieren mantener el status intocable en el país", dijo.
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"Me parte el corazón ver a la humanidad retroceder, no debemos volver a la barbarie", dijo el mandatario, antes de recibir apoyo unánime de la ONU, que demandó su inmediata restitución en el cargo como presidente "legítimo y constitucional" de Honduras.
La resolución de la ONU fue considerada por el fiscal general Rubí como "previsible, ellos tienen mucha desinformación al respecto, deben saber que Honduras es un país constituido por leyes y vive en un Estado de derecho. Aquí lo que se hizo fue aplicar la ley ante un gobernante que creía tener poderes supremos por sobre la Constitución".
"Si el ex presidente Zelaya regresa este jueves al país, qué bueno, pero debe saber que en cuanto ingrese será capturado, porque existen órdenes de captura en su contra y será procesado en los tribunales por delitos cometidos, debidamente sustentados", agregó.
El lunes, el ejército y la policía enfrentaron a cientos de manifestantes que rodearon la casa de gobierno, se dispersaron y se reagruparon protestando contra el golpe y reclamando la restitución de Zelaya.
Este martes, se celebró en Tegucigalpa una masiva manifestación contra Zelaya, de "respeto a la Constitución" y a favor del régimen encabezado por Roberto Micheletti, quien comenzó a nombrar a su gabinete.
El pastor evangélico Evelio Reyes, uno de los promotores de la marcha, dijo que "es tiempo de que empecemos a construir una Honduras con honra. El presidente Zelaya debe ser enjuiciado por sus delitos, si los cometió, y aquí debemos restablecer la paz y el orden, la Constitución por encima de todo", dijo a IPS. Marchas similares se efectuaron en varias partes del país.
Mientras, los sectores que pugnan por el retorno de Zelaya para que culmine su mandato constitucional en enero de 2010, arreciaron sus acciones de protesta, a las que se sumaron sindicatos de educadores que decretaron una huelga por tiempo indefinido en la enseñanza primaria y media.
Marvin Ponce, del izquierdista partido de Unificación Democrática, único de los cinco representados en el Congreso legislativo que se abstuvo de avalar el golpe de Estado, dijo a IPS que "estamos iniciando una resistencia pacífica, pero estamos en desventaja porque no tenemos el acceso oportuno a los medios de comunicación".
Desde el domingo, las radioemisoras y televisoras han estado sometidas a interferencias o censuras, mientras periodistas se quejaron de dificultades para informar sobre lo que ocurría. Cortes masivos de energía y de telecomunicaciones han marcado las últimas jornadas. Las señales de canales internacionales de noticias también han sido interrumpidas en forma intermitente.
"Muchas de nuestras protestas pacíficas han sido reprimidas por efectivos del ejército, pero eso no trasciende. Ayer pincharon las llantas de varios autobuses que se trasladaban a protestar en la capital, procedentes de Olancho (en el nororiente) y hasta ahora nuestros registros contabilizan más de 140 personas detenidas", agregó Ponce.
El estatal comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo a IPS que sus delegados regionales son instruidos para constatar si hay detenciones de dirigentes sociales y de manifestantes por fuerzas de seguridad, "pero nuestros reportes, por ahora, indican todo lo contrario".
La figura del comisionado fue creada por la carta magna de 1982 con el fin de "garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución" y de los tratados internacionales ratificados por el Estado hondureño.
"La Constitución está vigente, y no se ha suspendido ninguna de las garantías constitucionales ni los derechos fundamentales, excepto la libre locomoción entre nueve de la noche y seis de la mañana (21:00 y 06:00, hora local), del domingo 28 al martes 30", aseguró Custodio en referencia al toque de queda impuesto por el régimen.
La sindicalista magisterial Lina Pineda dijo a IPS que la huelga "está cobrando fuerza y sabemos de represiones a colegas en la zona norte del país, y me parece que la salida a esta crisis se complica cada vez más".
Mientras, la Unión Cívica Democrática, una coalición de empresarios, políticos, iglesias y organizaciones sociales contrarias a Zelaya, anunció nuevas marchas y elogió la acción de los militares por "devolvernos la paz", según dijo la dirigente María Martha Díaz, del gobernante Partido Liberal.
Movimientos sociales anunciaron bloqueos de carreteras en el oeste de Honduras, en tanto el alcalde de la occidental ciudad de Santa Bárbara, Dennis Sánchez, dijo que pese al cerco militar "nos estamos movilizando en forma estratégica para sumarnos a las protestas de los compañeros ahí en la capital".
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes, principal organización empresarial, dijo este martes que el boicot internacional contra el régimen "tendrá graves repercusiones para el país en una economía que ya Zelaya nos había dejado paralizada".
"Pero nosotros respaldamos al nuevo gobierno y estamos dispuestos a resistir con nuestros recursos, si es necesario, los próximos cinco meses, cuando vayamos a elecciones", agregó.
"Existe mucha distorsión de lo que está pasando, pero lo cierto es que los hondureños estamos diciéndole al mundo que no vamos a tolerar a nadie por encima del ley. Queremos la democracia y no la inestabilidad, zozobra y confrontación que nos ha caracterizado en los últimos tres meses".
El golpe fue condenado también por la OEA, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y más de una veintena de países latinoamericanos, del Caribe y de Europa.
Además, se adoptaron sanciones diplomáticas y económicas contra las nuevas autoridades, acusadas de violentar principios internacionales, como la Carta Democrática de la OEA.
Zelaya se había enfrentado a su propio Partido Liberal y a los demás poderes del Estado cuando decidió convocar para el domingo una consulta popular informal en la cual la ciudadanía hondureña era invitada a responder si estaba a favor o en contra de instalar una asamblea constituyente para reformar la ley fundamental.
El propósito era iniciar un proceso que, de haber triunfado el Sí, hubiera continuado en los comicios generales de noviembre, cuando se elegirían, en urnas separadas, los constituyentes.
Los críticos de Zelaya indicaban que sus pretensiones eran aspirar a la reelección, posibilidad hoy vedada.
Un tribunal de justicia, el parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la fiscalía y la procuraduría dictaminaron que la consulta popular violaba el precepto de que en año electoral no se pueden realizar plebiscitos ni referendos.
La situación se deterioró rápidamente la semana pasada, cuando Zelaya destituyó al alto mando militar, que daba señales de desobediencia, y la Corte Suprema de Justicia y el parlamento lo restituyeron.
