El periodista colombiano Hollman Morris se valió de un teléfono fijo para informar, alterado, a una agencia internacional de noticias: «Soy objeto de seguimiento policial».
Al salir de su apartamento, en el norte de Bogotá, había encontrado al otro lado de la calle el acostumbrado automóvil policial; cuando minutos después llegó al apartamento de sus padres para encomendarles a sus hijos, otro vehículo estaba estacionado a unos metros del edificio. Y al llegar frente al lugar donde íbamos a conversar, un tercer vehículo con detectives dentro lo convenció del seguimiento que alguien había ordenado.
Diez días antes, Morris había sido señalado públicamente por el presidente Álvaro Uribe de ser cómplice de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su cobertura periodística del acto de liberación de un grupo de secuestrados en manos de esa guerrilla.
Semanas después, Morris comentaría en una reunión de periodistas el hallazgo "escalofriante" del dossier que figuraba a su nombre desde hacía tiempo en las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia que depende de la Presidencia), allanadas por orden de la Fiscalía General de la Nación.
Allí se habían encontrado fotografías y datos de sus padres y hermanos, de su esposa y sus hijos y de todos sus movimientos, con un detalle que a los presentes hizo pensar en la minuciosa investigación de un sicario que prepara su crimen.
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Morris es uno de los periodistas a los que la policía política del presidente ha hecho un seguimiento en una operación llamada por la prensa colombiana "las chuzadas del DAS", en alusión a la intervención ilegal de las líneas telefónicas y a las tareas de espionaje contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición, reporteros y hasta un precandidato presidencial.
En efecto, según el acta de inspección de la fiscalía, en la oficina de informática del DAS, los investigadores encontraron información sobre los magistrados de la sala penal de la Corte, sobre senadores opositores y sobre el actual postulante presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal.
Las evidencias encontradas hasta ahora son de tal gravedad que ya produjeron la salida de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la indagatoria a los cuatro últimos directores y la vinculación de 30 funcionarios a la investigación.
Las semejanzas que ofrece esta operación de espionaje con el escándalo de Watergate —que obligó a dimitir al presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974)— han sido utilizadas por portavoces de la oposición como argumento para pedir la renuncia de Uribe, con escasas posibilidades de éxito, tanto por el apoyo popular de que goza el mandatario, como por el acostumbramiento de los colombianos a esta clase de prácticas.
ANTES DEL DAS
El general presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) reemplazó la policía de seguridad cuando creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) el 31 de octubre de 1953, dependiente de la Presidencia de la República y con métodos como los del estadounidense FBI (Buró Federal de Investigaciones).
El SIC actuaba en conexión estrecha con la Oficina de Información y Propaganda del Estado, en actividades como el control de la prensa, con asesoría de Karl von Merk, ex secretario del jefe de propaganda de la Alemania nazi, Josef Goebbels, como afirma una investigación del periodista Alberto Donadío.
El SIC, predecesor del DAS, tuvo una importante participación en las actividades de investigación a los políticos opositores del presidente Rojas Pinilla.
El 5 de abril de 1955, el SIC allanó la sede de la dirección del Partido Liberal, e involucró al líder Alberto Lleras en actividades subversivas, con base en cartas de jefes guerrilleros de las regiones del Tolima y del Llano.
También allegó pruebas para acusar de infiltración comunista al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Abel Naranjo Villegas, tras los sucesos sangrientos del 9 de junio de 1954, cuando el ejército disparó contra una manifestación de estudiantes.
El SIC cumplió la misión de determinar quién era comunista en Colombia y tuvo entre sus tareas las de seguir y detener periodistas. A Hernando Santos Castillo, quien sería director del diario El Tiempo, lo detuvieron cuando pintaba grafitis de oposición en el centro de Bogotá. Por el mismo tiempo fue encarcelado el entonces candidato del Partido Conservador a la Presidencia, Guillermo León Valencia.
Otra actividad del SIC fue denunciada por un comandante militar del Valle del Cauca, oeste del país: agentes del SIC operaban en complicidad con "los pájaros" de ese departamento. Así se llamaba a bandas de asesinos al servicio de jefes conservadores.
Parecida actuación fue la que desarrollaron en la corrida de toros del 5 de febrero de 1957, cuando infiltrados del SIC entre el público contribuyeron a los actos de violencia con que el gobierno castigó el rechazo de los aficionados a la hija del general presidente, María Eugenia Rojas. En esa ocasión hubo 20 muertos, según reporte de la embajada de Estados Unidos.
LOS TIEMPOS DEL DAS
El DAS, creado por decreto en 1960, continuó las tareas del SIC al amparo de los decretos de Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad, sancionado a finales de 1982, instrumentos que estuvieron a punto de infiltrarse en el régimen legal que siguió a la Constitución de 1991.
Según el posterior proyecto de ley de estados de excepción, los allanamientos y la interceptación de líneas telefónicas, podrían hacerse sin decisión judicial previa. El proyecto fue denunciado en el VIII Foro de Derechos Humanos, de 1996. En el gobierno del presidente Julio César Turbay (1982-1986) "se había sembrado en los jóvenes oficiales una adicción a tales prácticas, justificadas en nombre de la defensa de la Patria".
Sin la crudeza de las prácticas de tortura y de los calabozos, la tradición de hostigar a los oponentes políticos se ha mantenido y refinado con instrumentos tecnológicos avanzados.
Camionetas con equipos de interceptación que pueden interferir al mismo tiempo 16 llamadas en un área de 70 metros, en los últimos meses emprendieron su tarea de seguimiento a los magistrados, líderes políticos y periodistas.
En los tiempos del general Rojas Pinilla se trataba de cazar comunistas y opositores. Hoy llevar a cabo acciones de oposición es más grave que ser comunista.
Por ejemplo, las acciones judiciales contra congresistas que han operado conjuntamente con paramilitares para manipular elecciones y resultados electorales. Cuando estos casos movilizaron a la Corte y se produjeron las primeras detenciones, comenzaron los seguimientos a los magistrados.
A las interceptaciones siguieron las investigaciones del DAS en busca de hechos que pudieran generar descrédito a los magistrados. El ojo de los agentes del DAS llegó a las cuentas bancarias, a los pagos de impuestos, a las fiestas en que los magistrados habían participado, a los viajes y a los obsequios recibidos.
Mientras la oposición y el periodismo crítico veían en esas actividades un intento de deslegitimar a los jueces de más de 60 congresistas pertenecientes al bloque oficial, los documentos y explicaciones del gobierno adujeron posible lavado de dinero, o relaciones de los magistrados con narcotraficantes, o complicidad con la guerrilla.
Los documentos, órdenes de trabajo, archivos y fotografías que han reunido los investigadores de la fiscalía demuestran que medio centenar de personas fueron objeto de un monitoreo sin orden judicial y sin rastro, hecho "de acuerdo con las políticas de seguridad democrática", como se lee en el memorando de un detective al director de Contrainteligencia del DAS.
"Se está trabajando políticamente a los afectados para movilizar un bloque que puede contrarrestar la elección del señor Presidente", notifica otro de los agentes al describir su trabajo en Pasto, en el sur del país.
Las indagaciones han conducido a la conexión entre el DAS y la Presidencia. El DAS de hoy, lo mismo que el SIC de ayer, aparece como dependencia de la Presidencia, de modo que hay pocas dudas sobre el origen de las órdenes de espionaje electrónico.
Pero las pistas seguidas por el ministerio público y la fiscalía llegan hasta las oficinas cercanas a la del presidente Uribe, y de allí no pasan. Y aunque las interceptaciones del DAS ofrecen reveladoras semejanzas con el episodio de espionaje de Watergate, se diferencian en que todavía el escándalo no ha llegado al escritorio presidencial.
