Israel arroja desechos, incluidos los peligrosos, en el territorio palestino de Cisjordania, cuya población no está en condiciones de protestar.
El estado judío lo hace «desde hace años, como una alternativa más barata y fácil que procesar esos desechos peligrosos en su territorio, en sitios adecuados para su manejo», dijo a este cronista el subdirector de la Autoridad Ambiental Palestina, Jamil Mtoor.
Shuqbah, una aldea de 5.000 habitantes, se ubica cerca de la «línea verde» que separa Palestina de Israel, y no está lejos tampoco de Ramalah, donde tiene su sede la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que controla Cisjordania.
Empresas israelíes han estado usando las tierras de un intermediario palestino en esa aldea para volcar basura a apenas 30 dólares la tonelada, mucho más barato que arrojarla en vertederos israelíes.
«Firmas israelíes han vertido residuos sólidos y peligrosos allí durante años. La posterior quema de desechos tóxicos incluye elementos como las emisiones carcinógenas de las películas de rayos X. Esto afecta a la población. Muchos sufren asma y enfermedades relacionadas», dijo Mtoor a este periodista.
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Antes, los israelíes enterraban los esqueletos de miles de pollos que habían sufrido gripe aviar cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, señaló Mtoor.
En el sur de ese territorio, en Hebrón, la Autoridad Ambiental Palestina también descubrió 500 barriles de insecticida. De nuevo, fue un intermediario palestino el que aceptó esos desechos en su propiedad a cambio de una paga.
La ANP ha arrestado a los involucrados y demandó ante la justicia a varios de ellos, pero condenar a palestinos que cooperan con los contaminantes israelíes es muy difícil.
«Los israelíes se aprovechan de personas muy pobres con familias grandes que mantener, con fuentes de ingreso limitadas y desolados por el elevado desempleo», dijo Mtoor.
Israel ejerce un control total sobre más de 40 por ciento de Cisjordania. El territorio está dividido en las áreas A, B y C. Solamente la A está bajo control absoluto de la ANP. La B está bajo jurisdicción israelí y, aunque limitada, también palestina. La C está totalmente controlada por Israel.
«Muchos de los intermediarios palestinos están protegidos por los israelíes. Si queremos perseguirlos debemos obtener de Israel los permisos para ingresar a las áreas B y C, y a menudo no se nos autoriza o el trámite se prolonga demasiado», dijo Mtoor.
«Además, es difícil controlar los numerosos vertederos que usa Israel, porque la basura se arroja tanto abierta como encubiertamente, a veces de noche. Los sitios varían, y luego los israelíes los ocultan», agregó.
Los habitantes de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania suelen arrojar sus residuos y descargar sus aguas servidas en ríos y otras fuentes de agua.
El Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén alertó que «las aguas servidas de los asentamientos no se restringen a los efluentes domésticos, sino que incluyen pesticidas, asbesto, baterías, cemento y aluminio, que contienen compuestos carcinógenos y peligrosos».
Israel explota aproximadamente 87 por ciento del acuífero de Cisjordania. Unos 2,5 millones de palestinos sobreviven con el resto, lo cual supone una amenaza para la salud de las dos naciones.
«Los colonos judíos consumen hasta 200 litros de agua diarios por persona, mientras que los palestinos de Cisjordania sobreviven con entre 30 y 60 litros», dijo Mtoor.
La organización ambientalista israelí, palestina y jordana Amigos de la Tierra Medio Oriente publicó hace varios años una investigación titulada «A Seeping Time Bomb, Pollution of the Mountain Aquifer by Solid Waste» («Una bomba de tiempo que se filtra: La contaminación del acuífero de la montaña con desechos sólidos»).
Según el estudio, la eliminación no sostenible de residuos sólidos tuvo como consecuencia la filtración en el agua subterránea de sustancias tóxicas como cloruros, arsénico y metales pesados como cadmio, mercurio y plomo.
«La amenaza para el agua potable continúa hasta ahora», dijo a este periodista la portavoz de Amigos de la Tierra, Miri Epstein.
Las empresas israelíes que fabrican productos potencialmente peligrosos se instalan en territorios palestinos para evitar las estrictas leyes ambientales que controlan las operaciones en territorio del estado judío.
La justicia israelí clausuró en 1985 las operaciones de la compañía israelí de pesticidas Geshuri en la central ciudad de Kfar Sava, por una demanda de residentes que la acusaron de dañar su salud. Pero la firma se trasladó a Tulkarem, en el nororiente de Cisjordania.
Para paliar la situación, el gobierno alemán construyó una planta de eliminación de desechos sólidos cerca de Ramalah, y el Banco Mundial y la Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, construyó un vertedero de cerca de Jenin, en el norte de Cisjordania.
«Contamos con la comprensión de la comunidad internacional, pero la situación no se resolverá hasta que haya una solución política al prolongado conflicto palestino-israelí», dijo Mtoor.
El Comité Israelí Palestino de Expertos Ambientales, creado bajo los Acuerdos de Oslo (1993), no se reúne desde 1999. Cualquier coordinación en materia de deposición de desechos sólidos es específica y aislada.
Ahora Gaza afronta un desastre ambiental tras la devastadora ofensiva militar israelí que acabó con 1.400 vidas e hirió a más de 5.000 personas entre el 27 de diciembre y el 17 de enero.
«La situación ambiental en la franja de Gaza es extremadamente seria. Nuestra prioridad es investigar los desafíos en la materia y establecer las prioridades de rehabilitación», dijo a este cronista Achim Steiner, subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Steiner visitó recientemente Gaza y Cisjordania, y evaluó entonces junto con funcionarios palestinos y personal de la ONU la situación en los dos territorios palestinos.
Este mes, el PNUD enviará un equipo de ocho expertos a Gaza para examinar, entre otras cosas, las secuelas ambientales del uso por parte de Israel de armas ilegales como fósforo blanco.
El equipo está integrado por expertos en manejo hídrico y de aguas servidas, control de asbesto y residuos peligrosos, evaluación ambiental costera y marina, y evaluación institucional y económica.
«La situación ya era seria antes de la guerra, debido a la inadecuada infraestructura de Gaza y a la falta de reparación de las plantas de tratamiento de desechos y de agua», señaló Steiner. Y ahora es mucho peor.
El embargo de Israel bloqueó el suministro de material de construcción necesario para reparar la devastada infraestructura de Gaza, y de suficiente combustible como para hacer funcionar las plantas de tratamiento del agua y de los residuos.
«Los desechos peligrosos y hospitalarios yacen sin tratar. Aguas servidas, también sin tratar, fueron bombeadas al mar y alcanzaron las napas subterráneas y el suministro de agua potable, creando una amenaza sanitaria», dijo Steiner.
El ejército israelí tiene más de 600 puestos de control y controles carreteros en toda Cisjordania, lo que obstaculiza el tránsito de camiones cisterna que transportan aguas residuales de pueblos y aldeas.
Por esto, «los palestinos no tienen suficiente acceso a vertederos o la capacidad de tratar los residuos adecuadamente», destacó Steiner.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Excluida la publicación en Italia.
