Este lunes comenzará a regir en Chile la ley de transparencia y acceso a la información pública. Aunque expertos la consideran perfectible y prevén dificultades en su ejecución, no vacilan en calificarla como un paso relevante.
La ley de transparencia "sin duda representa un proceso de profundización democrática, porque herramientas de este tipo favorecen la posición del ciudadano frente al aparato estatal", comentó a IPS Moisés Sánchez, director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Pro Acceso.
La norma 20.285, de transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado, entrará en vigor ocho meses después de que fue aprobada por el parlamento, lapso considerado corto por los expertos dada la complejidad de su implementación.
Se aplicará a los ministerios, gobiernos regionales, gobernaciones provinciales, municipalidades, así como al resto de servicios y empresas del Estado. A ellos se suman las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública.
Esta se basa en dos grandes principios: transparencia activa y pasiva.
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La primera obliga a los órganos de la administración del Estado a mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, un importante listado de informaciones, que deberán ser actualizadas al menos una vez al mes.
Entre las más sensibles figuran las remuneraciones del personal contratado y honorarios, las contrataciones realizadas para el suministro de bienes y servicios y las transferencias de fondos públicos a personas naturales y jurídicas.
También deberá ser de conocimiento público "el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución".
Como transparencia pasiva, en tanto, se entiende el derecho de todos los ciudadanos a solicitar y recibir informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público.
El plazo máximo de respuesta son 20 días hábiles. Para reclamar los ciudadanos podrán recurrir al Consejo para la Transparencia, una corporación autónoma de derecho público, creada para fiscalizar el cumplimiento de la ley.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como la Contraloría General de la República y el Banco Central sólo están obligados a la transparencia activa y a generar sus propios mecanismos internos para gestionar las solicitudes de información. "Ellos no están sometidos al control del Consejo para la Transparencia", explicó Sánchez.
Las multas para los infractores dentro del aparato público serán de entre 20 y 50 por ciento de su remuneración y la suspensión temporal de sus cargos.
"Es una buena ley", comentó a IPS Silvana Lauzán, experta del Centro de Derechos Humanos de la estatal Universidad de Chile.
Esta norma puede "contribuir a fortalecer el debate público de políticas, a realizar un mejor y mayor control social a las autoridades, a defender derechos individuales y colectivos, a desincentivar hechos de corrupción y a prevenir el abuso de poder y el autoritarismo", acotó.
"Las dimensiones del cambio pueden ser muchas y muy profundas", apuntó Lauzán, aunque advirtió que "las leyes no cambian las prácticas de un día para el otro".
Entre las falencias, menciona las causales de reserva y el hecho de que la transparencia pasiva no se aplique a los tres poderes del Estado por igual.
La legislación establece que el secreto y la reserva se invocarán cuando la publicidad de la información afecte el interés nacional, los derechos de las personas, la persecución de delitos, la defensa y política exterior del país, la integridad territorial, o si distrae excesivos recursos institucionales, entre otras causales.
Esta última, según el director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Pro Acceso, se aleja de los estándares internacionales porque podría vetar peticiones complejas, pero de interés público.
Pero como en el fondo "todas las causales de reserva son abiertas e indeterminadas", a juicio de Sánchez "el Consejo para la Transparencia tendrá que ser muy riguroso para que se apliquen en la menor cantidad de casos posibles".
"El sistema de acceso puede tener falencias iniciales en múltiples etapas del proceso. Lo importante es que exista voluntad política y determinación para resolver eficazmente los desafíos, y por parte de las organizaciones y personas que soliciten información, que exista cierta comprensión y disposición a colaborar en esta etapa inicial", planteó Lauzán.
"La implementación será de largo aliento", coincide Sánchez, para quien "los órganos más preparados son aquellos vinculados a la economía y al mundo internacional", entre ellos las superintendencias, ya que cuentan con mejores archivos de datos.
En cambio, ministerios que prestan servicios sociales y transfieren cuantiosos recursos, como los de educación y salud, pueden tener mayores dificultades. A ellos se suman los municipios, que suelen ser muy demandados por la ciudadanía.
"Los municipios tienen deficiencias estructurales relacionados con su realidad financiera, con su tamaño, con la precariedad de sus recursos humanos", explica Sánchez. Cerca de 20 por ciento de ellos no cuentan con página web, por ejemplo.
Conscientes de sus problemas, la Asociación Chilena de Municipalidades pidió una aplicación gradual de la ley para el sector y una consideración especial para las comunas rurales.
Por otra parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaró el jueves que sería lamentable que en torno a la ley primara "una visión de coyuntura en algunos sectores, que buscara sacar ventajas para hoy y provocar escándalos aquí o allá".
Esta reflexión adquiere sentido principalmente en este año de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Bachelet señaló, además, que las organizaciones ciudadanas, los sindicatos y los medios de comunicación serán los principales beneficiarios de esta ley. "Pero el ejercicio requiere un mínimo de sentido cívico", dijo.
Según el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez, "el periodismo de investigación es el área que más debería beneficiarse con esta ley. La razón es que permite la entrega de mucha información que hasta hoy casi no estaba disponible".
Pero, en diálogo con IPS, Santibáñez lamentó que actualmente la mayoría de los medios de chilenos no incurran en los gastos que requiere un trabajo de este tipo. "Es posible que muchos temas surjan no de las redacciones sino de las investigaciones ciudadanas", observó.
